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Aunque el gobernador Pedro Pierluisi firmó esta medida, el Departamento de Justicia considera que las enmiendas a la Ley Notarial, aprobadas mediante la Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico, son inconstitucionales.
Por esto la agencia se allanó a la demanda presentada por la Asociación de Abogados de Puerto Rico para que se declare su nulidad.
Dicha disposición crea nuevos requisitos en la otorgación de escrituras de segregación, agrupación o traslación de dominio de bienes inmuebles.
De modo tal, que la planilla informativa que se requiere para la otorgación de estas escrituras debe incluir el precio de tasación, acompañado de la tasación de un Evaluador Profesional Autorizado, debidamente licenciado en Puerto Rico, un plano de mensura y un estudio de título de la propiedad que se trate.
El análisis realizado por el Departamento de Justicia está basado en la sección 17 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico, que establece la llamada doctrina de una ley, un asunto, la cual exige que toda ley aprobada por la Asamblea Legislativa regule un solo asunto o materia. Su incumplimiento es motivo para anular el estatuto.
El análisis realizado por el Departamento de Justicia está basado en la sección 17 del Artículo III
de la Constitución de Puerto Rico, que establece la llamada doctrina de una ley, un asunto, la cual
exige que toda ley aprobada por la Asamblea Legislativa regule un solo asunto o materia. Su
incumplimiento es motivo para anular el estatuto.
La moción de Justicia explica que la enmienda no guarda relación con “los cambios al sistema
contributivo” contenidos la Ley para la Estabilización de las Finanzas Públicas de Puerto Rico