]Fue un laborioso e inusual viernes de verano en las oficinas corporativas de estas empresas. En medio de la turbulencia que rodea la nebulosa venta de un parque comunitario en el Condado por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a las corporaciones Bayola Ventures y Krug Properties LLC, estas dos últimas entidades radicaron el viernes seis documentos cada una, correspondientes a artículos de enmiendas de incorporación, y sacaron de sus organigramas al presidente de Me Salvé, Inc., Jim Taubenfield. Al menos seis papeles nuevos consignados a reestructuraciones corporativas de , Bayola Ventures y Krug Properties LLC aparecen en la página del Registro de Corporaciones. Según ha trascendido, estas empresas quieren desarrollar un complejo de vivienda de 12 pisos para siete apartamentos lujosos con estacionamiento privado en el apodado Parquecito Borinquen, tras adquirir el espacio en apenas $145 mil, mediante un contrato de compra y venta cuestionable. La reestructuración que se hizo de estas dos corporaciones coincide con el confuso comunicado que emitió el viernes Me Salvé, Inc., donde indica que Taubenfield no tiene “ningún tipo de relación de sociedad desde hace cuatro años con los dueños del Edificio Bayola y Krug Property, LLC”. Precisamente, fue hace poco más de cuatro años, en marzo de 2018, cuando se inscribieron en el Registro de Corporaciones de Puerto Rico las empresas Bayola Ventures y Krug Properties LLC, donde Jim Taubenfeld aparece como “persona autorizada”. Sin embargo, durante la tarde y la noche del 8 de julio, cada corporación realizó seis cambios, enfocados principalmente en sacar el nombre de Taubenfeld, quien ha sido señalado, al igual que su socio Sender Shub, por pesquisas investigativas de distintos medios, como EyBoricua.com, Metro, El Nuevo Día y Jagual Media como donante a varios candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD). Tanto en el documento de Bayola Ventures como en el de Krug Property – puedes descargarlos todos en los enlaces que incluimos al final de esta historia – se destaca: “se autoriza a retirar y/o eliminar al Sr. Jim Taubenfeld del artículo IV del Certificado de Incorporación (Personas Autorizadas). El Sr. Jim Taubenfeld ha quedado fuera de cualquer tipo de participación de la compañía desde el 5 de julio de 2018”. Ambas cuentan con un testimonio suscrito por una empleada del Departamento de contabilidad. En otras palabras, tres meses después de la incorporación en la que Taubenfeld entró como “persona autorizada”, el presidente de Me Salvé, Inc. comenzó a desconocer de las ejecutorias de su otrora empresa, pero no fue hasta ayer que se hizo el papeleo correcto para enmendar eso. Ambas empresas también presentaron enmiendas para cambios de dirección corporativa y para cambios de agente residente. Este es el último episodio del nebuloso plegoste de Punta Krug, que apesta a crimen ambiental y procesos ilegales de compra y venta, donde el Gobierno de Puerto Rico plantea que una Orden Ejecutiva que Rafael Hernández Colón tuvo que defender en 1991 va sobre una ley y la Constitución de Puerto Rico. Mientras se realizaron los cambios de incorporación, la empresa Me Salvé, Inc. emitió un comunicado de prensa caída la noche el viernes, desvinculándose del tejemeneje de Condado. “Las Tiendas Me Salvé y su presidente Sr. Jim Taubenfeld confirman que los dueños de Las Tiendas Me Salvé no tienen ningún tipo de relación de sociedad desde hace cuatro años con los dueños del Edificio Bayola y Krug Properties LLC”, comienza el comunicado enviado por la empresa de la tienda por departamentos. “El Sr. Taubenfeld fungió como “persona autorizada” y/o “agente residente” de ciertas corporaciones de los dueños del Edificio Bayola y Krug Properties LLC. Estas son posiciones nominales que no guardan relación con el control ni las operaciones diarias de una empresa”, prosiguen en el comunicado. “En el día de ayer, se les exigió a los dueños del Edificio Bayola y Krug Properties LLC que hagan las gestiones necesarias con el Departamento de Estado para que se elimine el nombre del presidente de Tiendas Me Salvé, Sr. Jim Taubenfeld, de los registros de las corporaciones en controversia para que la información disponible al público en el Registro de Corporaciones esté actualizada y correcta”, señala el comunicado. Tras concluir una vista ocular de la Cámara de Representantes en estos terrenos el jueves pasado, la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) dijo que su agencia realiza una investigación sobre las denuncias de crimen ambiental, pues hay varios árboles envenenados en el espacio. Ante preguntas de los presentes, Rodríguez Vega aceptó que un oficial del Cuerpo de Vigilantes de la agencia recomendó el archivo de la querella de los vecinos tras el envenenamiento de esos árboles por “falta de evidencia”. El DRNA tiene poder para ordenar un cesa y desista ante situaciones como esta. La semana pasada, el DTOP confirmó que la venta a precio de quemazón se hizo sin consultar al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, ni al secretario de Hacienda, Francisco Parés, y del gobernador Pedro Pierluisi, cuñado de Andy Guillemard… quien a su vez es cuñado del arquitecto que aparece en el anuncio de la construcción prometida por Krug Property, LLC. Según indicó la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, “no se realizó consulta con la Fortaleza, el Departamento Hacienda o el Departamento de Justicia, al amparo de la Orden Ejecutiva-1991-70, la cual que en dos páginas delega al secretario de DTOP la aprobación de traspasos, ventas, permutas, imposiciones de gravámenes y arrendamientos de terrenos y edificios propiedad del Gobierno de Puerto Rico, según lo dispuesto por la Ley Núm.104 del 28 de junio de 1956, mientras la transacción no exceda la cantidad de $500,000.00 la aprobación recae sobre el secretario de DTOP”. Amparados en una orden ejecutiva de 1991 que entienden que va sobre la Ley 12-1975 fue que el DTOP vendió un parque comunitario en Condado a pasos de la playa, a precio de pescao’ abombao’: $145 mil pesitos. Orden de 1991 Mientras, el contrato – documento que detalló a profundidad en el periódico Metro el periodista Manuel Guillama – precisa en su tercera cláusula que el 19 de diciembre de 2020, a dos semanas del cambio de gobierno y cinco semanas después de las elecciones, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), creado al amparo de la Ley 26-2017 de Cumplimiento con el Plan Fiscal, había decretado que la propiedad “ya no es de utilidad pública” y, por lo tanto, podía ser vendida. El reportaje puntualiza varios asuntos de ley. Primero, que el artículo 1(a) de la Ley 12, sin embargo, menciona que dichas transacciones deben obrar en el interés público y solo pueden completarse “previa aprobación del Gobernador y los Secretarios de Hacienda y Justicia” y que más adelante, en el mismo articulo, se exime de ese requisito únicamente las ventas de propiedades cuyo valor sea inferior a los $100,000. De igual forma, que en el contrato del 24 de febrero de 2021, donde se completó la transacción por $145,000, el DTOP, representado por el secretario auxiliar de Administración y Recursos Humanos, Luis Rafael González Rosario, hizo constar que la venta del predio en Condado se tramitaba al amparo de la Ley 12-1975, que permite a la agencia disponer de bienes inmuebles “que dejaron de ser de utilidad pública”. Destaca además la historia de Metro que el texto de la Ley 26-2017 no enmendó la Ley 12-1975, por lo que la obligación del gobernador y los departamentos de Justicia y Hacienda de autorizar las ventas de propiedades del DTOP valoradas en más de $100,000 habría permanecido intacta. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), agencia que parió al CEDBI, señaló por escrito a eso de las siete de la noche del martes que “la venta del Lote B en Condado se realizó a tono con las disposiciones de la Ley 26-2017”. El secretario de Estado y director ejecutivo de la AAFAF, Omar J. Marrero, dijo que el proceso de compraventa del Lote B en Condado se realizó en cumplimiento con la Ley 26-2017, la Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal y el Reglamento del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI). “A tono con lo establecido en la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, el CEDBI cumplió con su función de evaluar la transacción de compraventa de la propiedad ubicada en el Lote B, en Condado. Dicha propiedad fue referida al CEDBI, una vez el titular, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), determinó que no tenía utilidad pública”, expresó Marrero, quien por virtud de su rol de director ejecutivo de la AAFAF es también presidente del CEDBI. En el comunicado se subraya que “el pasado 19 de diciembre de 2020, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles evaluó los documentos sometidos por el DTOP y la parte compradora, Krug Property/Sender Shub MBR, y aprobó, mediante mayoría de los miembros, que el DTOP dispusiera mediante compraventa la propiedad en Condado, conforme su valor de mercado”. Según reza la misiva a los medios, “la evaluación se realizó a base de las disposiciones del Reglamento Único para la Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, el cual establece que las disposiciones de las propiedades proceden, según el justo valor en el mercado, evidenciado por una tasación de no más de dos años. Dicho reglamento establece, además, en el artículo 30, sección 2, que los dueños de los predios colindantes tendrían derecho preferente para adquirir Bienes Inmuebles de las Entidades de la Rama Ejecutiva mediante Venta Directa (contenido también en el reglamento vigente del DTOP y la Ley 12 de diciembre de 1975)”. “Sobre el precio de venta, el Director Ejecutivo manifestó que, conforme la información provista, la propiedad arrojó un valor de mercado de $145,000, según el informe de valoración de octubre de 2019, a base del método de ventas comparables, el cual fue revisado y recomendado favorablemente por el Tasador Profesional de la Oficina de Revisión de Tasación del DTOP, mediante informe del 26 de agosto de 2020”, acentúa el comunicado del CEBDI. El martes pasado, Guillemard le dijo a Cuarto Poder (WAPA-TV) que nunca intervino en el proceso de compra-venta de este terreno y alegó que, tras ver los reportes de prensa, se comunicó con su cuñado.Guillemard explicó que su cuñado, el arquitecto Juan Fernando Vázquez, quien aparece en el letrero de permisología afuera del terreno, entró como asesor del proyecto, luego de completarse la transacción de compra-venta, pues el proceso de consulta de permisos requiere un profesional certificado. Dijo también que no hubo proceso fast-track. Fuentes vinculadas a Krug Property señalaron a Cuarto Poder que un mapa de calificación de suelos del Municipio Autónomo de San Juan no presenta el parque con la “dotación verde (DV)” que, por ejemplo, presenta el Parque del Indio, y que eso lo zonifica como residencial. Sin embargo, el otrora vicepresidente de la Junta de Planificación (JP), Pedro Cardona Roig, subrayó en el podcast Con Los Editores del periódico Métro, que el Municipio de San Juan no tiene injerencia alguna y le toca atender esto a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE). En el espacio que conduce la periodista Aiola Virella, se resalta también el uso del reglamento de permisos del 2020, anulado por los tribunales. Puntualizó Cardona Roig que durante el proceso para reclamar título que se realizó antes de la transacción, el DTOP reconoció que el espacio ha servido de uso público durante 30 años. Mientras, el alcalde de San Juan, Miguel Romero y su oficina de prensa, enviaron un comunicado de prensa en el que el Municipio negaba haber sido parte de la negociación del terreno. “El municipio no vendió, participó, ni tuvo conocimiento de dicha transacción. Este terreno es ahora propiedad privada. El letrero que se hace referencia es sobre una