El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) ordenó el archivo de los casos contra el ex senador Eduardo Bhatia Gautier, el Alcalde de Quebradillas, Heriberto Veléz Vélez, y el exsubdirector del Programa CDBG-DR del Departamento de la Vivienda, Dennis González Ramos.
Sobre el ex senador Bhatia Gautier, se le atribuían alegadas infracciones a la ley mientras se desempeñaba como Presidente del Senado. La investigación preliminar fue cimentada en una querella presentada par el legislador José Enrique “Quiquito” Meléndez, alegando que Bathia Gautier había adquirido bonos de COFINA, mientras había impulsado y aprobado la Ley 72-20 15. Justicia no pudo obtener evidencia que sustentara acceso a documentos para beneficio propio coma bonista y el Pandel FEI determinó acoger la recomendación para no asignar un Fiscal Especial Independiente (FEI).
Mientras, en el caso del Alcalde de Quebradillas la investigación preliminar recibida de Justicia recomendaba la designación de un FEI. Se alegaba que Vélez Vélez se benefició del precio preferencial del municipio para adquirir pinturas para usa personal, que las transportó en un vehículo municipal, entre otras alegadas irregularidades.
El Panel designó a las fiscales Leticia Pabón Ortiz y Candida Sellés Ríos para la investigación a fondo. Concluida su pesquisa, especifican en su informe final que no contaban con evidencia para sostener cargos criminales, más allá de duda razonable.
Por último, el Panel recibió de Justicia, su recomendación de no designar un fiscal especial sobre alegadas actuaciones contrarias a la Iey del ingeniero González Ramos, exsubdirector del Programa CDBG-DR del Departamento de la Vivienda.
Se le atribuía un posible conflicto de intereses a raíz de una monitoría rutinaria del Departamento de Vivienda Federal, donde un familiar suyo aparecía como licitador, situación que él desconocía. Justicia no encontró ley o reglamento que imponga a los empleados la obligación de verificar, revisar o certificar si los licitadores de una petición de propuesta o subasta, tenían algún vinculo que generara un conflicto de interés. Además, el proceso es uno hermético dirigido por un Comité Evaluador que refiere sus recomendaciones a la Junta de Subastas.
“Fue el propio ingeniero quien tan pronto advino en conocimiento de la situación, informó de la existencia de un posible conflicto”, reza el informe. Finalmente, el licitador no participó de la subasta. Justicia reconoció la transparencia en las acciones del funcionario y evaluada la prueba el Panel acogió Ia recomendación y ordeno el archivo del caso.
