Según El Nuevo Día, los patronos podrán exigir que sus empleados se vacunen contra el COVID-19 aunque estos podrán objetarlo basándose en disposiciones legales. A modo de ejemplo, trabajadores con una condición de salud cubierta y cualificada por la Ley ADA podrían oponerse alegando que la inoculación pondría en riesgo su salud. Los empleados tendrán que mostrar evidencia médica.