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Luego que trascendió que el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ralph Kreil, realizó una instalación eléctrica en una dirección correspondiente a una residencia en San Juan, lo que pudo haber representado una falta ética, el funcionario señaló que las restricciones del Reglamento de Certificaciones Eléctricas únicamente aplican a peritos o ingenieros que sean empleados de la corporación pública.
A juicio de Kreil, los miembros de la Junta de Gobierno no son empleados de la Autoridad ni devengan un salario por las funciones que realizan. “Es por ello que, no están impedidos de ejercer la práctica privada de su profesión”, agregó.
“La certificación realizada por el Ing. Kreil, que apareció en redes sociales, corresponde a un proyecto que la corporación de la que forma parte contrajo en el 2001, que se realizó por etapas y que, cumpliendo con la responsabilidad profesional de completarlo, se certificó y estuvo sujeta a los procedimientos rutinarios, en cumplimiento con los reglamentos y leyes vigentes”, dijo la portavoz de la Junta de Gobierno en declaraciones escritas.
“Ni en el pasado, ni en el presente, el Ing. Kreil ha llevado a cabo funciones, ni directa o indirectamente, que puedan constituir una violación a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en Puerto Rico”, sostuvo.
Kreil fue nombrado a la Junta de Gobierno en el 2018 como miembro independiente con el conocimiento y la pericia en asuntos energéticos que requiere la Sección 4 de la Ley 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, y en el 2019 fue seleccionado entre los miembros de la Junta de Gobierno como su presidente.
El Reglamento de Certificaciones Eléctricas de la Autoridad (Reglamento 7817 del 25 de febrero de 2010), es el que impone una restricción a los peritos o ingenieros que sean empleados de la Autoridad. El Reglamento establece: “Peritos o ingenieros, empleados de la AEE, no pueden presentar planos ni certificaciones eléctricas de trabajos privados a la Autoridad.” Esto con el propósito de evitar que, en algún momento, como empleados de la Autoridad, tengan que pasar juicio y aprobar trabajos que ellos hayan realizado en su práctica privada.