Puerto Rico tiene abastos de gasolina para 70 días, según trascendió hoy durante una mesa de diálogo convocada por el senador Carmelo Ríos Santiago para evaluar alternativas que ayuden a aliviar el impacto en el bolsillo, que ha causado la invasión de Rusia en Ucrania.
Rusia es uno de los mayores productores de petróleo. Desde que inició el ataque a su vecino el pasado 24 de febrero, el precio de la gasolina se ha disparado a nivel mundial. También han surgido preocupaciones por el efecto a largo plazo del conflicto, que podría afectar los suministros de combustible y provocar escasez de alimentos.
Como parte de esa conversación, un grupo de senadores rojos y azules anticipó que presentará legislación para enmendar la ley que regula la industria de la gasolina y el estatuto que fija la crudita. Además, surgió una propuesta del propio Departamento de Hacienda para reducir el impuesto sobre ventas y uso (IVU) que pagan los detallistas de gasolina, pero solo en tiempos de emergencias.
Durante la conversación, que se celebró en uno de los anexos del Capitolio y contó con representación de los senadores de las diversas delegaciones, funcionarios públicos y el sector privado, el presidente del Comité de Detallistas de Gasolina del Centro Unido de Detallistas, Carlos Crespo, desglosó los costos de los operadores de gasolineras.
“Los bancos están ganando más que nosotros”, apuntaló al resaltar el cargo que cobran los bancos por el uso de sus tarjetas de crédito y de débito.
El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Estras Vélez, expresó preocupación por la orden que emitió el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) congelando los márgenes de la ganancia bruta de la venta de gasolina y abogó por su flexibilización dada la precariedad de algunos de estos negocios.
Pero el secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez defendió la medida como una acción preventiva para evitar abusos. También señaló que la agencia cuenta con un proceso expedito para que las gasolineras que enfrentan una situación precaria soliciten una exención a la orden de congelación de la ganancia. Solo 10 negocios han pedido la exención hasta el momento.
En esa línea, aclaró que emitió la orden de congelación tan pronto inició el conflicto bélico para proteger a los consumidores. Siguiendo la lógica del libre mercado, el precio de la gasolina subió de inmediato a pesar de que los inventarios de gasolina disponibles en ese momento se habían adquirido con anterioridad y a un precio menor.
Reconociendo que el impuesto a la gasolina o crudita ya está comprometido, el senador William Villafañe Ramos propuso flexibilizar ese impuesto usando un modelo que permite que el cargo baje en momentos de crisis y que vuelva a subir una vez se supere la emergencia y baje el precio del petróleo.
De esa forma, según Villafañe Ramos, no se altera la partida destinada al pago de las obligaciones del gobierno.
“Eso se conoce como el ‘acordeón’. En un momento como en el que estamos ahora, funcionaría que esos 0.53 centavos que el Gobierno se queda, se bajen y puedan eliminarse por completo y el momento en que el precio sea uno cómodo para el contribuyente, pues entonces se recupera”, explicó a preguntas de la prensa.
Villafañe Ramos reconoció que por tratarse de una medida que afecta los ingresos del gobierno requiere de la aprobación de la Junta de Control Fiscal.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, propuso una moratoria en la crudita y el impuesto al inventario. Esa pérdida de ingreso, según el político, se puede subsanar con el sobrante de $800 millones que el Departamento de Hacienda indicó tendrá a finales de este año fiscal. El representante Carlos “Johnny” Méndez Núñez también propuso una moratoria en el cobro de la crudita.
