Mientras el Senado anunció que evalúa los resultados de las leyes 20 y 22 para sino son efectivas derogarlas, varios economistas y contadores públicos autorizados recomiendan fiscalizar los resultados del Código de Incentivos, pero advirtieron que no honrar los compromisos —como son los incentivos o decretos— lacera la credibilidad del País ante los inversionistas, en momentos donde la competencia es cada vez mayor. El estudio económico más reciente publicado por el Departamento de Desarollo Económico y Comercio (DDEC) sobre estas leyes refleja que los negocios con decretos bajo la Ley 20 han creado 36,000 empleos, con salario promedio de $36,000 e inversiones que totalizan $1.2 billones. Bajo la Ley 22 se han creado aproximadamente 4,400 empleos, con inversiones en bienes raíces ascendentes a $1.3 billones, que resultan en $8.8 millones en contribuciones sobre la propiedad y generan consumo en la Isla ascendente a $703 millones.