Dos empleados de un sindicato, que agrupa a trabajadores de los muelles, crearon una corporación fantasma (sham corporation) para extorsionar a las empresas de navieras que operaban en los muelles 9, 10 y 11 del Puerto de San Juan bajo la amenaza de que bloquearían la descarga de la mercancía que transportaban con huelgas y paralizaciones de los empleados unionados.
Los muelles 9, 10 y 11 ofrece servicio de transbordo a compañías privadas, que la fiscalía federal no identificó, entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Por eso, hoy agentes federales arrestaron esta mañana a Pedro Pastrana González e Iara Clemente Rivera, quienes crearon y dirigían la empresa JCPY junto al presidente de la International Longshoremen’s Association (ILA Local 1740), Carlos Sánchez Ortiz, el empleado de la Autoridad de Puertos, Jorge Batista Maldonado, Víctor Torres Barroso y José Fernández Cruz y Carlos Hernández Laguer.
Los siete acusados enfrentan cargos por participar en el esquema de sobornos que se extendió del 2005 al 2022, pero que no incluye el conflicto laboral que paralizó el muelle de Puerto Nuevo en verano pasado, según indicó el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
El pliego acusatorio, divulgado hoy pero emitido por un gran jurado el 11 de agosto, incluye siete cargos criminales que van desde violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO Act en inglés), extorsión, fraude postal y electrónico y lavado de dinero. Los siete acusados se exponen a un máximo de 20 años en prisión.
Las autoridades federales también confiscarán casi $2 millones, que se estima sumaron los sobornos, una propiedad residencial , un vehículo y un bote.
En rueda de prensa en la oficina de la fiscalía federal en Hato Rey, Muldrow aseguró que la empresa JCPY no tenía empleados y no ofrecía ningún servicio a nadie.
“La compañía no hizo nada más que sobornar”, afirmó.
El fiscal auxiliar Víctor Acevedo Hernández detalló que los dueños de JCPY realizaban sus amenazas mediante mensajes de texto y llamadas y contaban con el apoyo del presidente de la ILA. La acusación también establece que recibieron la cooperación de Batista Maldonado, quien podría perder su empleado en la Autoridad de Puertos a raíz de la acusación.
Como parte de ese primer esquema, Pastrana González y Clemente Rivera supuestamente exigían a las compañías navieras el pago del soborno si querían manejar la carga con sus propia tripulación. De no realizar dicho pago, debían contratar a los empleados del sindicato para las labores de estiba o enfrentarse al bloqueo de los cargamentos.
El segundo esquema se extendió al Plan de Bienestar UTM-PRSSA, un plan de beneficios para los miembros de la IL-1740.
Según explicaron los fiscales, Pastrana González y Clemente Rivera desviaron dinero de los sobornos para pagar sus cuotas a dicho plan. También cotizaron el tiempo de las extorsiones como tiempo trabajado y usaron a empleados de otros puertos para cumplir con las 210 horas de trabajo requeridas para cualificar para ese programa de beneficios.
REACCIONA EL SINDICATO
Luego de los arrestos, el licenciado William Marrero Quiñones, asesor legal de la ILA LOCAL #1740 aclaró que no todos los arrestos esta mañana forman parte del sindicato.
“Como es de conocimiento público en la mañana de hoy se llevaron a cabo varios arrestos por parte de las autoridades Federales que incluyen al Presidente de la Unión de Trabajadores de Muelles (ILA Local #1740) Carlos C. Sánchez Ortiz. Queremos establecer que, de los arrestos efectuados en la mañana de hoy, el único que es empleado de la organización es el presidente de la Unión, el resto de los detenidos son empleados de varios patronos, algunos son miembros de la unión y otros no, pero no son empleados de ILA, como ha trascendido públicamente”, indicó el abogado en declaraciones escritas.
Informó que de manera inmediata el actual vicepresidente del sindicato, Víctor Aponte, ocupará el cargo de presidente interino.
La ILA es un sindicato internacional que cuenta con una matrícula de más de 65 mil trabajadores de los muelles.
