De acuerdo con el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (Cedbi), entidad adscrita a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), hasta octubre del 2022 se han aprobado 362 transacciones de arrendamientos o usufructos para planteles escolares en desuso a favor de entidades públicas y privadas. Una evaluación realizada por la Oficina del Procurador del Ciudadano apunta a que el 39% de las escuelas públicas clausuradas han sido adjudicadas o concedidas para otros usos.