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Ante la resistencia de LUMA Energy a entregar los documentos relacionados a la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrico, la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez no descartó procurar enmiendas a las medidas que asignan las partidas presupuestarias para reparar el sistema eléctrico de Puerto Rico.
También está sobre la mesa la opción de pedir la intervención del Departamento de Justicia federal para obligar a LUMA a entregar la información solicitada por el Congreso de Estados Unidos.
“Nosotros podemos utilizar el Comité de Apropiaciones de la Cámara (federal) para incluir lenguaje que le diga tanto a LUMA como al Gobierno de Puerto Rico que no recibirán fondos hasta que ellos no hagan disponibles la documentación que se requiriendo” afirmó anoche la congresista demócrata en entrevista con el programa Cuarto Poder.
Durante la conversación con Jay Fonseca, Velázquez enfatizó que los congresistas tienen la autoridad para solicitarle al consorcio privado información y documentos para evaluar su desempeño y garantizar que el buen uso de los fondos públicos.
“Aparentemente LUMA y otros oficiales creen que ellos pueden negar acceso a documentos que son importantes para que el Congreso de Estados Unidos pueda determinar si los fondos asignados por el Congreso, que son fondos de los contribuyentes americanos, se están gastando y utilizando de la forma en que los obligamos los fondos”, insistió.
La AEE recibirá unos $10,510 millones para la reconstrucción de la red eléctrica, pero con la privatización LUMA administra ese dinero. El consorcio privado tampoco invertirá capital propio como parte del contrato pactado con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.
FAVORECE LA TRANSPARENCIA
Mientras hoy, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia abrazó la transparencia, pero respondió que desconocía si el gobierno tenía a su alcance la información que tanto la Cámara de Representantes de Puerto Rico y el Congreso de los Estados Unidos requerían al operador privado, que administra el sistema de distribución y transmisión de la red eléctrica del archipiélago desde el pasado 1 de junio, y refirió las preguntas a la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas
El jueves pasado, durante su comparencia a una vista congresional, el presidente de LUMA, Wayne Stensby, rechazó ofrecer información de la operación del consorcio amparado en consideraciones de confidencialidad y protección de secretos de negocios. Por ejemplo, la congresista Rashida Tlaib preguntó a Stensby cuántos de sus empleados tenían un salario que excede los $200,000 anuales.
El Presidente de LUMA se negó a proveer la información a pesar de que Tlaib le ripostó que su empresa operaba con fondos públicos y que tenía que responder este tipo de preguntas.
Stensby también rechaza entregar información a la Cámara de Representantes. Por eso, la Cámara lo demandó en un litigo que llegó al Tribunal Supremo. En ninguna de las instancias, LUMA ha prevalecido.
El pasado 25 de junio, el juez El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan ordenó a LUMA Energy entregar la información requerida por la Cámara de Representantes en las próximas 24 horas so pena de desacato civil, tras una demanda radicada por el cuerpo legislativo. Tras la decisión del Supremo, que esta semana rechazó por segunda ocasión una petición de reconsideración, el caso regresa a la sala de Cuevas Ramos para la disposición final.
“Cuando exista una decisión final y firme de los tribunales de Justicia, LUMA la va a tener que acatar porque aquí no hay excepciones, todos tenemos que acatar la Ley”, apuntó Pierluisi Urrutia al final la ceremonia de graduación en la Academia de la Policía en Gurabo.
“Ya yo he dicho que creo en la transparencia y que es importante que en gran medida la información solicitada se divulgue. El único reclamo que puede tener cierta validez desde mi punto de vista, es asumiendo que estén pidiendo nombres, direcciones, números de teléfono, información privada, personal. Ahí yo pudiera entender la objeción porque aquí tenemos que proteger la integridad de todos incluyendo el personal que labora para LUMA. Esa es la única objeción que he escuchado y que reconozco que tiene cierta validez”, agregó ante preguntas de la prensa.
Confrontado con expresiones de la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, Pierluisi Urrutia se expresó con cautela.
“Ese detalle no lo tengo a la mano. Yo desconozco si tenemos esa información que está siendo solicitada. Ya ese detalle tendrían que preguntárselo al licenciado Fermín Fontanez o la propia Autoridad de Energía Eléctrica”, respondió.
Fermín Fontánez Gómez es el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, agencia a cargo de fiscalizar el contrato de LUMA Energy por Ley y según el acuerdo entre las partes.
“No sé a qué se refiere la Secretaria de la Gobernación. Otra vez no sé que detalle tenemos nosotros. No la tengo a la mano”, añadió.
¿Si la tuviera la información, la compartiría con el país?, insistió la prensa.
“Estás haciéndome una pregunta hasta cierto punto injusta. Yo no puedo saber exactamente toda la información que obra en los expedientes del gobierno”, contestó.
Posteriormente, La Fortaleza aclaró al periódico Primera Hora que García Bardales no tenía la información, que reclamaba la Cámara baja.
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