Autoridades federales y estatales investigarán al ex subsecretario de Vivienda

La Oficina del Inspector General (OIG) confirmó hoy que refirió a las autoridades estatales y federales un informe que revela que un funcionario del Departamento de la Vivienda a cargo de desarrollar e implementar política pública no informó sobre un conflicto de interés con una compañía de un familiar en primer grado de consanguinidad.

Además, durante el periodo en que se desempeñó como funcionario público se realizaron enmiendas a los contratos formalizados con dicha compañía.

Este portal digital de noticias supo, mediante dos fuentes por separado, que se trata de Dennis González, ex subsecretario de la Vivienda, funcionario que estaba a cargo del programa Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario– Recuperación ante Desastres (CDBG-DR) y que no informó que su progenitor sometió un requerimiento de propuesta (RFP, por sus siglas en inglés) para contratar firmas de construcción, reparaciones y gerentes de construcción y relocalización.

El programa CDBG-DR administra fondos federales para la recuperación ante los desastres ocasionados por los huracanes Irma y María.

“El funcionario público que tuvo a cargo de establecer la política pública en el DV y la Administración de Vivienda Pública (AVP), no cumplió con su deber de notificar formalmente ante su entidad y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el conflicto ético que lo unía a las compañías proponentes. Esto a pesar de, haber sido orientado por la OEG, sobre las acciones que debería tomar para inhibirse sobre cualquier asunto relacionado con las compañías de su familiar y así evitar un posible conflicto de interés de hecho y apariencia”, reza el informe publicado hoy por la OIG.

“Durante el periodo en que se desempeñó como funcionario público se realizaron enmiendas a los contratos formalizados con dichas compañías. Así mismo, el familiar en el primer grado de consanguinidad, del funcionario público completó y sometió los documentos de licitación, para la subasta y completó los formularios sobre conflicto ético requeridos en el proceso, sin alertar e informar que su familiar se desempeñaba como funcionario del Departamento de la Vivienda”, agregó el informe.

Las irregularidades fueron identificadas durante una Monitoría Federal realizada sobre el período del 18 al 21 de febrero de 2020, por el Departamento de Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés) y referidas a la OIG por el secretario de la Vivienda, Luis Carlos Fernández.

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