Cuatro de los cinco grupos de bonistas que pactaron con la Junta de Control Fiscal para renegociar la deuda del gobierno central advirtieron ayer que si no cumplen con el plazo de tiempo que concedieron para confirmar el Plan de Ajuste de la Deuda (PDA), no tendrán otra alternativa que ejercer sus derechos, incluyendo la posibilidad de solicitar la desestimación del proceso de bancarrota en el tribunal.
Desde la perspectiva de estos bonistas, el PDA del gobierno central debió haberse confirmado para junio pasado. De ocurrir esto, Puerto Rico se quedaría sin las protecciones que ofrece la Ley Promesa sobre el pago de la deuda.
