Actuó el DRNA.
La empresa Aquamak, que preside el exalcalde de Santa Isabel Enrique ‘Quique’ Questell Alvarado, deberá sacar de la zona marítimo-terrestre una verja que colocó hace unos años en la costa del Barrio Playa de ese municipio y pagar una multa de $5,000, luego de que finalmente se estampara la rúbrica de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en una estipulación correspondiente a una querella levantada inicialmente en 2016.
El pasado martes, 10 de mayo, la secretaria interina actual del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, firmó dicha estipulación que ordena que Aquamak reubique dentro de su propiedad la verja de metal elaborado tipo “cyclone fence” que ahora mismo está en plena playa, recibiendo el azote del oleaje.
Esto deberá suceder durante los próximos 60 días al igual que el pago de la multa ya mencionada. Además, se indicó que los querellados ya comenzaron el proceso para la solicitud de concesión para el uso y aprovechamiento de los bienes de dominip público marítimo-terrestre afectado.
La querella, que contaba con una estipulación anterior en 2016 que obligaba a Aquamak a pagar una multa mayor, lleva el número 16-097-ZMT y es por violación al artículo 5(h) de la Ley 23 o “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”.
La estipulación final había sido firmada el pasado 29 de septiembre de 2021 por los representantes legales de las y cuenta con el visto bueno del licenciado Hiram Zayas Rivera, director interino de la Oficina de Asuntos Legales, tal y como había detallado desde octubre pasado Cuarto Poder (WAPA-TV).
Sin embargo, parecía que seguiría el mismo curso de la de 2016, que se quedó en nada, esta vez por no ser firmada por la cabeza del DRNA, ua que en el momento de la determinación, en septiembre 2021, el entonces secretario Rafael Machargo tenía que inhibirse por enfrentar a su vez una investigación en Justicia.
Durante su participación en el espacio televisivo Cuarto Poder, en abril, Rodríguez Vega indicó conocer el caso y le salió al paso a las declaraciones de pescadores que indicaban que la agencia protegía los intereses de la familia Questell y Acuamak.
Además de Questell Alvarado, un pilar del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el área sur, hay dos funcionarios del gobierno ligados actualmente a Acuamak: el tesorero, Enrique Questell Pereira, como director de la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción del Departamento de Educación, y la expresidenta de la empresa, Arlene Questell, que dirige la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal.
La firma de esta estipulación sucede seis días después de que el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinara archivar una querella por alegada apropiación ilegal del alcalde de Santa Isabel, Rafael ‘Billy’ Burgos Santiago, de material rocoso propiedad del exalcalde Questell Alvarado, acogiendo así una recomendación del Departamento de Justicia (DJPR).
Además, se da durante la misma semana en que el FBI inspeccionó junto al DRNA un área aledaña a la costa de Santa Isabel, la zona de Bahía Jobos, en Salinas, por el escándalo de los campers y edificaciones con servicio de luz y agua en esa zona.
Cuarto Poder trabajó esta historia desde octubre y en abril presentó el caso de don Cheo Tejero, quien a sus 82 años demandó al Municipio de Santa Isabel por no poder acceder el mar por la rampa de pescadores, siendo esta la primera vez en siete décadas pescando que su oficio se veía amenazado.
Los querellados ya comenzaron el proceso para la solicitud de concesión para el uso y aprovechamiento de los bienes de dominip público marítimo-terrestre afectado.
