Detectan irregularidades en contratación hecha por Departamento de Estado

El Departamento de Estado en el Viejo San Juan.

El Departamento de Estado no cumplió con una serie de criterios en el otorgamiento de un millonario contrato para el establecimiento de la Plataforma de Servicios Integrados Virtual (CSI), según se desprende de una investigación llevada a cabo por la Oficina del Inspector General (OIG).

En un documento de 32 páginas, al que este medio tuvo acceso, la empresa XUVO Technologies, LLC estuvo encargada de la integración de varios servicios para la implementación de esta plataforma y fue contratada el 31 de diciembre del pasado año para -precisamente- desarrollar el sitio web del CSI.

El contrato se entregó por una cuantía de $11,128,320, con una vigencia del 31 de diciembre de 2020, al 31 de marzo de 2021 (tres meses). El mismo sería sufragado con los fondos que provenientes de la ley federal Cares Act.

En la investigación hecha por el OIG, se encontró, entre otras cosas, que no se entregaron documentos requeridos para la contratación y que tampoco el Departamento de Estado contaba con una aprobación de la entidad Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

De igual forma, la propuesta presentada por la firma “carecía de justificación o un detalle de los servicios profesionales a realizar”.

“En cuanto a la certificación de fondos requerida, el DE (Departamento de Estado) sostiene que el 10 de diciembre de 2020, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) otorgó la cantidad de $11,428,320.00 para establecer un Centro de Servicios Integrados Virtual. La misma fue contabilizada y autorizada por la cuenta 245-0230000-0000-893- 2020, cuyos fondos tenían un vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, los fondos fueron extendidos por un año adicional, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2021”, reza el documento.

Como parte de los documentos que faltaron por entregar para poder darle paso a la contratación se encuentran las certificaciones sobre la radicación de planillas de contribución sobre ingresos durante los últimos cinco (5) años contributivos, previo al año que se interesa formalizar el contrato. También “una certificación sobre no deuda contributiva; o que se encuentra acogido a un plan de pago, cuyos términos y condiciones está cumpliendo”.

De igual forma, según el informe, nunca se entregó una certificación que asegurara que ningún servidor público del Departamento de Estado “tiene interés pecuniario en este contrato, compra o transacción comercial y tampoco ha tenido en los últimos cuatro (4) años directa o indirectamente interés pecuniario en este negocio”.

El reporte agrega que como resultado de la investigación, se detectó que “al evaluar la documentación requerida para la otorgación de contratos gubernamentales, seis (6) documentos no constan en el expediente del contrato, certificado y entregado por el Departamento de Estado”.

Entre los documentos, señala a la certificación de “Estatus de Elegibilidad” para empleo en el servicio público o contrato de servicios profesionales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). 

La pesquisa establece que el 5 de marzo del corriente año, la compañía entregó al DE, la factura número 670, con fecha del 4 de marzo de 2021, por los servicios prestados. El contratista envió la misma de forma virtual, del periodo del 31 de diciembre de 2020 al 19 de febrero de 2021. 

“La factura incluyó una tabla cuyo contenido es igual a los costos presentados en la propuesta. No se presentó un informe detallado de los servicios prestados con la cantidad de horas invertidas, fecha, costo por hora y detalle de los servicios”, dice el reporte.

CONTRATACIÓN QUE NO SE AJUSTÓ A LAS LEYES

El ente concluyó que la contratación de la compañía no se ajustó a las leyes y normas establecidas por el gobierno y que los hallazgos presentados “señalan faltas que resultan incompatibles con el desempeño efectivo de las operaciones del Departamento de Estado; y lo que resulta contrario a las normas de contratación gubernamental”.

“No surge evidencia que justifique su incumplimiento con las Leyes y Reglamentos aplicables a las normas de contratación gubernamental”, dicta el informe.

La investigación de la Oficina del Inspector  cubrió el período de noviembre de 2020 a agosto de 2021.

0 Shares:
You May Also Like
Ver Más

Suben los desahucios en la Isla

Ayuda Legal de Puerto Rico reporta un incremento en la cantidad de desahucios. El año pasado hubo alrededor…