El baratillo que el DTOP dio en Condado a una empresa en la que está el presidente de Me Salvé

parque

Hay veces que quienes venden baratillos también consiguen las mejores gangas. Hay comedias de errores que simulan jueguillos de tronos en el palacio de Punta Krug del virreinato del Condado. Hay tanta poesía en este tejemeneje, pero… de haber chanchullo, ¿se salvarán los responsables?

Amparados en una orden ejecutiva de 1991 que entienden que va sobre la Ley 12-1975, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) vendió un parque comunitario en Condado a pasos de la playa, a precio de pescao’ abombao’: $145 mil pesitos. La gracia cayó encima de la empresa Krug Property, LLC., en la que figura como persona autorizada el presidente de Me Salvé Inc. y fervoroso donante político, Jim Taubenfeld, y con la cual labora un arquitecto con vínculos familiares al cuñado del Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

Más aún, de cara al crespúsculo nocturno, el DTOP confirmó que la venta a precio de quemazón se hizo sin consultar al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, ni al secretario de Hacienda, Francisco Parés, y del gobernador Pedro Pierluisi, cuñado de Andy Guillemard… quien a su vez es cuñado del arquitecto que aparece en el anuncio de la construcción prometida por Krug Property, LLC.

Habla Guillemard

Durante este martes de un verano en el que parece avecinarse el invierno, Guillemard le dijo a Cuarto Poder (WAPA-TV) que nunca intervino en el proceso de compra-venta de este terreno y alegó que, tras ver los reportes de prensa, se comunicó con su cuñado.

Guillemard explicó que su cuñado, el arquitecto Juan Fernando Vázquez, quien aparece en el letrero de permisología afuera del terreno, entró como asesor del proyecto, luego de completarse la transacción de compra-venta, pues el proceso de consulta de permisos requiere un profesional certificado. Dijo también que no hubo proceso fast-track.

Fuentes vinculadas a Krug Property aseguraron a Cuarto Poder que la propiedad está zonificada como RESIDENCIAL. El Parque del Indio, al norte, está zonificado como “DV” que es la abreviación para DOTACIONAL VERDE que es la denominación que se utiliza para parques.

Mientras, según indicó la secretaria del DTOP, “no se realizó consulta con la Fortaleza, el Departamento Hacienda o el Departamento de Justicia, al amparo de la Orden Ejecutiva-1991-70, la cual que en dos páginas delega al secretario de DTOP la aprobación de traspasos, ventas, permutas, imposiciones de gravámenes y arrendamientos de terrenos y edificios propiedad del Gobierno de Puerto Rico, según lo dispuesto por la Ley Núm.104 del 28 de junio de 1956, mientras la transacción no exceda la cantidad de $500,000.00 la aprobación recae sobre el secretario de DTOP”.

Mientras, el contrato – documento que detalló a profundidad en el periódico Metro el periodista Manuel Guillama precisa en su tercera cláusula que el 19 de diciembre de 2020, a dos semanas del cambio de gobierno y cinco semanas después de las elecciones, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), creado al amparo de la Ley 26-2017 de Cumplimiento con el Plan Fiscal, había decretado que la propiedad “ya no es de utilidad pública” y, por lo tanto, podía ser vendida.

El reportaje puntualiza varios asuntos de ley. Primero, que el artículo 1(a) de la Ley 12, sin embargo, menciona que dichas transacciones deben obrar en el interés público y solo pueden completarse “previa aprobación del Gobernador y los Secretarios de Hacienda y Justicia” y que más adelante, en el mismo articulo, se exime de ese requisito únicamente las ventas de propiedades cuyo valor sea inferior a los $100,000.

De igual forma, que en el contrato del 24 de febrero de 2021, donde se completó la transacción por $145,000, el DTOP, representado por el secretario auxiliar de Administración y Recursos Humanos, Luis Rafael González Rosario, hizo constar que la venta del predio en Condado se tramitaba al amparo de la Ley 12-1975, que permite a la agencia disponer de bienes inmuebles “que dejaron de ser de utilidad pública”.

Destaca además la historia de Metro que el texto de la Ley 26-2017 no enmendó la Ley 12-1975, por lo que la obligación del gobernador y los departamentos de Justicia y Hacienda de autorizar las ventas de propiedades del DTOP valoradas en más de $100,000 habría permanecido intacta.  

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), agencia que parió al CEDBI, señaló por escrito a eso de las siete de la noche del martes que “la venta del Lote B en Condado se realizó a tono con las disposiciones de la Ley 26-2017”

El secretario de Estado y director ejecutivo de la AAFAF, Omar J. Marrero, dijo que el proceso de compraventa del Lote B en Condado se realizó en cumplimiento con la Ley 26-2017, la Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal y el Reglamento del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI).

“A tono con lo establecido en la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, el CEDBI cumplió con su función de evaluar la transacción de compraventa de la propiedad ubicada en el Lote B, en Condado. Dicha propiedad fue referida al CEDBI, una vez el titular, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), determinó que no tenía utilidad pública”, expresó Marrero, quien por virtud de su rol de director ejecutivo de la AAFAF es también presidente del CEDBI.

En el comunicado se subraya que “el pasado 19 de diciembre de 2020, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles evaluó los documentos sometidos por el DTOP y la parte compradora, Krug Property/Sender Shub MBR, y aprobó, mediante mayoría de los miembros, que el DTOP dispusiera mediante compraventa la propiedad en Condado, conforme su valor de mercado”.

Según reza la misiva a los medios, “la evaluación se realizó a base de las disposiciones del Reglamento Único para la Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, el cual establece que las disposiciones de las propiedades proceden, según el justo valor en el mercado, evidenciado por una tasación de no más de dos años. Dicho reglamento establece, además, en el artículo 30, sección 2, que los dueños de los predios colindantes tendrían derecho preferente para adquirir Bienes Inmuebles de las Entidades de la Rama Ejecutiva mediante Venta Directa (contenido también en el reglamento vigente del DTOP y la Ley 12 de diciembre de 1975)”.

“Sobre el precio de venta, el Director Ejecutivo manifestó que, conforme la información provista, la propiedad arrojó un valor de mercado de $145,000, según el informe de valoración de octubre de 2019, a base del método de ventas comparables, el cual fue revisado y recomendado favorablemente por el Tasador Profesional de la Oficina de Revisión de Tasación del DTOP, mediante informe del 26 de agosto de 2020”, acentúa el comunicado del CEBDI.

DRNA narra su parte

El DTOP, mientras, confirmó que recibió la solicitud formal en el año 2019, “para la adquisición del terreno en cuestión por parte del peticionario de nombre Sender Shub”.

Krug Property

“El DTOP solicitó el 3 de julio de 2019 al Registro de la Propiedad inscribir el terreno a nombre del Gobierno de PR porque no existía evidencia que acreditara el dominio a persona, entidad o agencia alguna’, señalaron mediante comunicado de prensa.

Esta solicitud se sometió ante la consideración del CEDBI, dijo el DTOP, pues “ese comité cuenta con la facultad en ley de evaluar toda petición que llegue a esos fines, luego de su creación por la Ley 26 del 2017. En esta fecha comenzó el proceso de evaluación que realiza el CEDBI para la venta de los terrenos que están bajo la titularidad del DTOP”.

Tas explicar lo de la la Orden Ejecutiva-1991-70, indicaron queluego de haberse completado el riguroso proceso para la compra y venta del terreno, se formalizó la misma en cumplimiento con todas las disposiciones de Ley. El terreno en cuestión se encontraba en desuso y el mismo, nunca fue un parque, ni aparece registrado como tal”.

¡Se salvaron!

La empresa Krug Property, LLC. presenta a Yvette Deliz Montañez como agente, y como persona autorizada a Sender Shub y a Taubenfeld, quien, según el Registro de Corporaciones, tiene vínculos con varias corporaciones activas con el nombre ‘Me Salvé’: Me Salvé Río Piedras, Inc., Me Salvé Ponce, Inc., Me Salvé Isabela, Inc. y Me Salvé, Inc. En la de Ponce, también aparece Shub como persona autorizada.

permiso

Más aún, un reportaje a profundidad publicado por Ey Boricua! detalla cuánto Taubenfeld donó a candidaturas del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático de cara a las elecciones del 2020. Entre los candidatos agraciados figuran el acusado federal por corrupción y exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez; el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo; y el excandidato popular a la Gobernación, Charlie Delgado Altieri, quién también recibió un donativo de Sender Shub. De igual forma, otra pesquisa de ese mismo medio ubica la controversia cómo un posible patrón en el que se utilizó el Reglamento Conjunto 2020, ya anulado. 

El licenciado Amaury Rivera, portavoz de los vecinos denunciantes, subrayó en Cuarto Poder que Krug Property, LLC y Sender Shub MBR presentó al DTOP la oferta para la compra del parque el 23 de mayo de 2019, con la intención de agrupar el terreno con el predio colindante que recientemente había comprado Krug Property, para la construcción de un edificio residencial multifamiliar de 12 pisos con siete apartamentos residenciales y 23 estacionamientos.

Los vecinos de Condado, Calle Loíza, sector Machuchal y otras partes de Santurce y San Juan presentaron una carta con sobre 200 firmas expresando su oposición al desarrollo en el parque que lleva décadas sirviéndole a la comunidad y que está a pasos del parque del Indio y la playa de Ocean Park como “un precedente nefasto y es en detrimento de las comunidades y nuestra isla”.

Vecinos de la zona señalaron también que en el parque han envenenado a los árboles, lo que pudiese figurar como un delito ambiental.

Mientras, el alcalde de San Juan, Miguel Romero y su oficina de prensa, enviaron un comunicado de prensa ayer en el que el Municipio negaba haber sido parte de la negociación del terreno.

“El municipio no vendió, participó, ni tuvo conocimiento de dicha transacción. Este terreno es ahora propiedad privada. El letrero que se hace referencia es sobre una solicitud de permiso radicada ante el municipio por ser una propiedad privada localizada en San Juan”, reza la misiva mediática.

De igual forma, Manuel Calderon Cerame, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de San Juan, recalcó que “lo que más que me preocupa de todo esto es como se hace a espaldas de la comunidad, sin un proceso de consulta o vistas públicas en donde todos los componentes de estas comunidades puedan participar. No solo nos quedamos sin residencias asequibles, sino que nos estamos quedando sin espacios pasivos para el disfrute de todas y todos”.

Hace unos meses, Calderón Cerame denunció que el Municipio de San Juan tenía planes de vender propiedades en Puerta de Tierra a unos desarrolladores y tan reciente como la semana pasada le envió una carta al alcalde Miguel Romero Lugo denunciando un evidente desplazamiento contra los residentes del complejo de viviendas Bayola en Santurce.

“El problema de falta de vivienda asequible en nuestra Ciudad Capital es un asunto real, ante eso nos queda crear conciencia y combatir el desplazamiento, pero también nos toca proteger nuestros espacios comunes pasivos. Ese parque en Condado era utilizado por todos, no había razón para venderlo”, expresó vía comunicación escrita.

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