Empresa contrata extranjeros con documentos falsos

Pero Gobierno autoriza que LUMA los subcontrate

✍️💰La Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) determinó que LUMA Energy puede darle un contrato a una empresa convicta a nivel federal por contratar empleados indocumentados.

🤔 Esto pese a que la Administración de Servicios Generales (ASG) concluyó que una empresa convicta no puede hacer negocios con el gobierno porque hay leyes estatales que lo prohíben.

🌳Como parte de su plan de vegetación, LUMA otorgó un contrato por $488 millones a Asplundh Tree Expert, el cual paga FEMA.

📜 Hace siete años, la empresa con sede en Pensilvania se declaró culpable de un cargo de empleo ilegal de extranjeros por aceptar documentos de identificación que “sabía fueron obtenidos mediante fraude y de manera ilegal”. Pagó una multa y restitución de $95 millones.

👥 Otros tres empleados se declararon culpables de conspirar para cometer fraude y uso indebido de visas.

🤨Pese a la preocupación del uso de fondos de FEMA, COR3 resolvió que “los cargos criminales contra Asplundh no están específicamente entre los delitos que prohibirían a una entidad gubernamental considerar al contratista para la prestación de servicios”.

📊 Agregó que Asplundh se encuentra activa en el registro federal de licitadores y que despidió a los empleados convictos.

⚖️ Pero el Artículo 6.8 de la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos establece que serán inelegibles para trabajar o contratar con el gobierno las personas o empresas convictas por falsificación de documentos y fraude. Una convicción por esto conlleva una veda de 20 años.

🛑 El Código Anticorrupción también recoge esta prohibición.

🤔 Pese a que LUMA no realiza sus contrataciones a través de la ASG, Cuarto Poder (WAPA-TV) preguntó a la agencia si aprobaría la contratación de una empresa convicta. La directora Karla Mercado respondió que las leyes vigentes no lo permitían.

📢 “Una empresa que ha resultado convicta a nivel local o federal no puede hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico, según la Ley 73-2019 (Ley de la ASG) y del Código Anticorrupción”, afirmó Mercado en una opinión que compartieron otros abogados consultados.

¿Crees que debería contratarse esta empresa?

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