La medida que ordena la cancelación del contrato de LUMA Energy se encuentra en los últimos trámites legislativos antes de pasar a la firma del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
El miércoles pasado, la Cámara de Representantes concurrió con una enmienda menor que el Senado integró al texto de la Resolución Conjunta de la Cámara 315. La pieza legislativa recibió 32 votos a favor de las delegaciones del Partido Popular Democrático, Partido Independentista Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y del representante independiente Luis Raúl Torres Cruz. La delegación del Partido Nuevo Progresista votó en contra.
Ahora falta que el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, firmen el proyecto y pase para la rúbrica de Pierluisi Urrutia, un férreo defensor del contrato del operador privado a pesar de la insatisfacción ciudadana.
El contrato suplementario de LUMA Energy expira el 30 de noviembre a menos que el gobierno a través de la Autoridad para las Alianzas Público Privados (AAPP) solicite una extensión de su vigencia.
Pero esa no es la única medida que recibe los toques finales.
Conforme a una estrategia para provocar un cambio en la administración de la red eléctrica, el representante Torres Cruz anticipó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que la legislatura aprobaría un paquete de seis medidas antes de que acabe la sesión ordinaria. Ayer, venció el término para aprobar medidas nuevas. Ahora quedan cinco días para aprobar cambios o enmiendas a proyectos que ya fueron aprobados en ambas cámaras legislativas. La sesión acaba el 15 de noviembre.
Las medidas que ya fueron aprobadas y esperan por la firma de los líderes legislativos antes de su envío a la Fortaleza son:
-Resolución Conjunta de la Cámara 235, que busca declarar una emergencia en el sistema eléctrico y ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) preparar un plan acelerado de conservación y reparación del sistema de generación eléctrica del archipiélago
-Resolución Conjunta de la Cámara 249, que establece una moratoria voluntaria sobre los pagos de aumento en las facturas de electricidad y agua,
-Resolución Conjunta del Senado 327, que busca que el Negociado de Energía presente el detalle de las métricas de cumplimiento adoptadas para medir la adecuada ejecución del contrato otorgado a LUMA Energy
-Resolución Conjunta del Senado 326, que ordena a la AEE y a la AAPP presentar en un término de 20 días un plan de trabajo completo ante la cancelación del contrato y el cambio a otro proveedor.
Pero el Proyecto de la Cámara 1397, que busca que la supervisión del contrato del operador privado de la red recaiga sobre la AEE y no la AAPP como ocurre ahora, debe regresar a la Cámara para que refrende enmiendas incluidas en el Senado.
