La empresa Apex a quien el gobierno le había comprado 1 millón de pruebas rápidas en una cuestionable transacción de la que aún se desprenden múltiples cuestionamientos, se disponía a ganar de la venta de $38 millones en pruebas cerca de $8.5 millones .Esta compañía nunca había vendido productos médicos y se dedicaba a la construcción. El gobierno le había pagado $19 millones por adelantado que posteriormente tuvieron que ser devueltos porque las pruebas no llegaron a tiempo.
Lo importante: Justicia informó que inició una investigación sobre la compra. También el OIG Federal y otras agencias como la contralora.
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