El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció hoy un aumento de salario de $1,000 al mes para las maestras y maestros del sistema de educación público en medio de las marchas y de la protesta de brazos caídos (teacher’s flu) que realizan estos educadores tras la aprobación el mes pasado del Plan de Ajuste a la Deuda, que diezmó su plan de retiro.
El alza entraría en vigor el 1 de julio.
“Me solidarizo con ellos y ellas porque tienen razón” afirmó el mandatario en rueda de prensa en el Centro de Convenciones en Miramar.
Pierluisi Urrutia realizó el anuncio luego de una reunión con los líderes de la Asociación de Maestros, gremio que representa a los maestros, y el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, en el Centro de Convenciones en Miramar y en la antesala de una segunda marcha convocada para este miércoles.
Con esta acción, el mandatario espera apaciguar los ánimos entre la plantilla de 22,690 educadores del sistema público y evitar que ese malestar se siga propagando a otros sectores del servicio público, quienes también reclaman mejores condiciones de trabajo y han anunciado que se sumarán a la marcha del miércoles.
El pasado viernes el 70% de las maestras y maestros faltó al trabajo y una multitud participó en una marcha que llegó a La Fortaleza a reclamar condiciones de trabajo dignas. Las protestas subieron de tono tras la aprobación del Plan de Ajuste a la Deuda y una comunicación de la Junta de Control Fiscal (JCF) objetando legislación que proponía un alza salarial de $1,000 para la clase magisterial.
Hoy, Pierluisi Urrutia explicó que el “aumento temporero” se costeará con una partida de fondos federales del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (Esser, en inglés), que tiene vigencia hasta septiembre de 2024. Pero se mostró confiando en que previo a esa fecha el gobierno identificará una fuente de pago de fondos recurrentes.
Actualmente el salario base o inicial de un maestro alcanza los $1,750 mensuales.
“Le solicité a la Junta de Supervisión Fiscal que nos aprobara un aumento de $1,000 al mes para cada maestro, $12,000 al año para cada maestro y maestra. Sin embargo, la Junta se negó. La Junta solo aprobó un aumento de $470 mensuales en dos plazos, $235 a partir de este verano y otros $235 a partir de enero del año que viene. Luego de cumplir con ciertos requerimientos”, afirmó Pierluisi Urrutia en un intento por separarse de las medidas de austeridad del ente fiscal.
“Desde la aprobación del Plan Fiscal que incluyó este limitado aumento, que se traduce en 20% del salario promedio de los maestros actualmente, mi equipo y yo hemos estado trabajando en buscar alternativas e identificar fondos para lograr aumentar el salario de nuestro magisterio por los $1,000 solicitados”, agregó.
En esa línea, indicó que ya había alertado al presidente de la JCF, David Skeel, de su intención de honrar el alza salarial con fondos federales.
Señaló también que el gobierno contará en el futuro con los fondos necesarios para convertir el aumento temporero en uno permanente. Como ha hecho en el pasado, apostó a la llegada de fondos federales para costear el plan de salud del gobierno. Esta acción liberará fondos estatales que entonces se podrán utilizar para atender otros gastos.
“Hay otras iniciativas que podrían impactar positivamente los recaudos de Hacienda, como por ejemplo los cambios contributivos federales que van a imponer una contribución mínima a empresas foráneas con sus matrices en Estados Unidos que hacen negocios en el extranjero y en los territorios de Estados Unidos incluyendo a Puerto Rico. Eso nos permitirá recibir una cuantía muy significativa de mayores contribuciones de parte de las empresas que operan en Puerto Rico”, apuntaló.
“Así mismo nuestra economía sigue mejorando y estamos enfocados en hacerla crecer más, lo que también mejorará nuestros recaudos”, abundó.
El mandatario prometió atender los otros reclamos de alzas salariales, una promesa de campaña contenida en el plan de gobierno del Partido Nuevo Progresista.
“Yo respeto muchísimo la democracia, respeto muchísimo la libertad de expresión, sean protestas, sean marchas, ahora bien. Ante todo yo tengo que defender la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Ante todo yo tengo que evitar que se interrumpa esta educación por las razones que sean. Hay formas y maneras de expresarse. Hay formas y maneras de marchar y protestar. Pero jamás debe ser para causar que nuestros niños y niñas y nuestra juventud no tengan el pan de la enseñanza”, indicó a preguntas de la prensa.
“Hay alternativas a la hora de expresarse, pero lo que ocurrió el viernes pasado por el bien de Puerto Rico y particularmente por el bien de nuestra niñez, de nuestra juventud y nuestro futuro, que no se vuelva a repetir”, añadió.
Aunque reconoció el derecho a la protesta también tuvo palabras duras para los servidores públicos, que a su juicio, fallan en el cumplimiento del deber al utilizar el ausentismo masivo como método de lucha y de presión.
“El que asume este deber prácticamente lo tiene que asumir sin condiciones. Eso no es un deber que uno puede relegar. Hay formas y maneras de debe protestar, pero jamás debe conllevar poner en peligro la vida de los demás, cuando ese es tu deber. Nadie aquí está obligado a ser ni policía, ni bombero”, contestó a preguntas de la prensa sobre una convocatoria para cerrar las estaciones de bomberos a través del archipiélago.
“Pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad y si por alguna razón cuestiona si debe seguir haciéndolo porque la paga no es la que espera o las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición. Ahora si permanece en esa posición, y estoy hablando a nombre del pueblo de Puerto Rico, tiene que cumplir con su deber. No hay alternativa”, agregó.
