A cinco días de las primarias, la gobernadora Wanda Vázquez firmó la Ley de Pre Retiro, aunque la Junta de Supervisión Fiscal objetó esta medida porque no es consistente con el Plan Fiscal.
En una carta de la Junta con fecha del 23 de junio de 2020, advierte que la medida pudiera causar aumentos significativos en los costos a largo plazo para el Gobierno.
Además, destaca que la medida permite a las agencias volver a contratar para puestos “esenciales” o permitir que los participantes participen de forma diferida permitirían a las agencias proporcionar beneficios de jubilación mejorados sin generar ahorros de nómina asociados, lo que resulta en aumentos de costos.
Sin embargo, de acuerdo a la primera ejecutiva, en la actualidad, existen 9,452 participantes activos de la Ley 447 de 15 de mayo de 1951 que representan una nómina anual de $342.3 millones más alrededor de $60 millones en beneficios marginales.
Vázquez Garced dijo que si todos esos empleados se retiraran bajo esta ley con un 50 por ciento de su salario actual, esto representaría un ahorro anual de sobre $171 millones.
Mientras, los participantes activos de la Ley 1 de 16 de febrero de 1990, elegibles bajo esta medida son alrededor de 1,900 que representan una nómina anual de aproximadamente $77 millones más gastos marginales. Esta iniciativa de ahorro sustancial proviene de una reducción de gastos asociados a la nómina.
Luego de su implementación, el Gobierno asegura que podría obtener un ahorro de sobre $1,400 millones durante un periodo de 30 años.
