En su fallo la jueza sostuvo que el proceso de reestructuración de la deuda ha avanzado en los pasados tres años, pero dejó entrever que Puerto Rico necesita completar su reorganización financiera mediante un plan de ajuste consensuado, pero reconoció que la Junta de Supervisión Fiscal puede presentar el plan de ajuste con o sin el aval de los acreedores.
Fuente: El Nuevo Día