Si el gobierno no presenta sus guías administrativas sobre la Ley 52, la Junta de Control Fiscal se reserva el derecho de tomar las medidas que considere necesarias, incluida la búsqueda de recursos para evitar la implementación y aplicación de la Ley 60-2022, así lo advirtió el asesor legal principal de la Junta, Jaime A. El Koury, en una carta con fecha del 21 de octubre.
La Ley 60-2021 faculta a otorgar decretos a personal médico especialista o subespecialista elegible. Mientras, la Ley 52-2022 fue aprobada el último día de la pasada sesión legislativa para reemplazar el arbitrio de 4% que imponía la Ley 154 de 2010 a las operaciones de manufactura en la Isla.
De acuerdo con la Junta, la administración de Pierluisi sostuvo que con el estatuto se dejarían de recaudar una proyección inicial de $16 millones anuales, pero la JSF entiende que el impacto sería de $47 millones.
