Más de 100 organizaciones de Puerto Rico y Estados Unidos enviaron una carta al presidente de Estados Unidos Joe Biden denunciando que el contrato que contrajo la Autoridad de Energía Electrica de Puerto Rico y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico con LUMA Energy para la operación y el mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica de Puerto Rico viola la política pública y las ordenes ejecutivas del primer mandatario estadounidense.
“Estas deficiencias son tan graves que no sólo violan la política pública y las ordenes ejecutivas del Presidente Joseph R. Biden sobre la energía renovable, el cambio climático y los derechos de los trabajadores, sino que también pone en riesgo la salud y seguridad del pueblo al permitir que se utilicen los fondos federales otorgados por la Federal Emergency Management Agency (FEMA) para la reconstrucción de un sistema de energía eléctrica que dejará a Puerto Rico en un peor estado energético que el presente”, sostiene la carta.
La carta dice además que el contrato de LUMA “carece de obligaciones o incentivos para su cumplimiento con objetivos de energía renovable locales y federales”.
“En cambio, el contrato instruye a LUMA para alinear su trabajo con el Plan de Modernización de la Red de Puerto Rico, que aumenta el uso de “gas natural” (predominantemente metano, CH4, con alguna mezcla de etano, C2H6) mientras se hace bajas inversiones en energías renovables. Además, el Plan Decenal desarrollado para el gobierno federal la solicitud de financiamiento no incluye fondos para energía renovable. El uso propuesto de federal
dólares garantizará la sobre construcción de la generación con gas metano y una centralizada infraestructura de transmisión y distribución”, agrega.
Además, establece que “los derechos de los trabajadores son pisoteados por este contrato, viola la negociación colectiva acuerdo entre la AEE y sus trabajadores, socava su sistema de pensiones y prepara el camino para la instalación de un representante de los trabajadores preferido por el empleador”.
La misiva indica que el presidente debe ordenar a FEMA que retenga cualquier transferencia de fondos federales de recuperación para la reconstrucción de la red en Puerto Rico hasta que se realice una investigación e informe del contrato de LUMA.
El contrato LUMA fue negociado y escrito a puerta cerrada, oculto al público en general y sin el aporte de los líderes de la sociedad civil de Puerto Rico, y eso efectivamente se convierte en un monopolio de servicios públicos en monopolio privado.
El contrato otorga a LUMA el poder de administrar, operar, reparar, mantener y reemplazar casi todos los aspectos del sistema eléctrico de Puerto Rico (excepto la operación de las plantas de generación), convirtiéndose en agente de la AEE y reemplazándola en su derechos y obligaciones, incluso en áreas que deberían ser consideradas inherentemente gubernamentales
funciones.
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