Un hombre se dio por enterado de que su casa había sido vendida a una pareja, tras ser declarada estorbo público a pesar de que este pidiera al municipio que detuviera el proceso pues él vivía en la propiedad.
En 2018 el hombre hizo una visita a la oficina de permisos de su municipio y fue ahí donde supo que la casa donde nació y ha vivido toda su vida, estaba siendo declarada estorbo público. Inmediatamente indicó al personal municipal que no había sido debidamente notificado de que el municipio llevaba a cabo estos trámites con relación a su casa.
“Me pidieron una serie de documentos, una declaración jurada y una carta para detener el proceso, lo cual, en febrero de este año pasado del 22, la llevo. La presento al municipio me la firman y ahí pues quedo el caso aparentemente”, expresó el hombre, quien pidió no ser identificado en una entrevista para Cuarto Poder (WAPA-TV).
Años más tarde llegó a su casa el matrimonio al que vendieron esa propiedad, para enterarse que el lugar no estaba desocupado y que el dueño no sabía nada de la compraventa.
Fue entonces cuando el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), organización sin fines de lucro, comenzó a brindarle servicios legales al propietario. El hombre y su abogada, Alicia Díaz, acudieron al tribunal buscando solucionar el asunto.
La licenciada Díaz se cuestiona cómo se pudo vender la casa por medio del programa que administra los estorbos públicos en ese ayuntamiento, si esta no aparece en las listas que el municipios está obligado a publicar.
“Yo creo que aquí los estorbos públicos una vez se identifican hay compañías que los están mercadeando a inversionistas y esas listas no salen a la luz pública. […] No tengo una prueba, pero es lo que yo entiendo que debe estar pasando ahora mismito, que es que esas listas se pasan de manera privada”, estableció la directora de abogacía del CRH. La abogada hace alusión a las compañías que contratan algunos municipios para que administren su programa de estorbos públicos.
La semana pasada el Departamento de Justicia confirmó que evalúa un referido para investigar un presunto esquema de fraude que denunciaron los legisladores María de Lourdes Santiago y Denis Márquez. Ambos mencionaron a la compañía Universal Properties Realty Gorvernment Services LLC y al bufete Francis y Gueits, como los entes que representan a los municipios en las gestiones de declaración de estorbos, expropiación y compraventa.
Tanto los legisladores, como algunas organizaciones comunitarias condenan la privatización del proceso de declaración de estorbos por entender que los convierte en un negocio de bienes raíces en lugar de un sistema que garantice la calidad de vida de los ciudadanos.
Los señalamientos que hacen incluyen a 22 municipios que han contratado a Universal Properties. Estos son: Caguas, Humacao, Cidra, Canóvanas, Morovis, Aibonito, San Germán, Patillas, Toa Alta, Humacao, Arecibo, Arroyo, Santa Isabel, Loíza, Guayanilla, Río Grande, Guánica, Ponce, Dorado, Luquilo, Guayama y Patillas. En cuanto al municipio de Caguas, también tienen contratado al bufete Francis y Gueits.
Entre otras cosas, se les ha señalado conflictos de interés por las comisiones que estas compañías cobran por cada venta y gestión de mantenimiento de los estorbos públicos y cobro excesivo por trámites que a ciudadanos privados les costaría menos.
Además de una tendencia a identificar propiedades e instalarles un letrero que las identifica como estorbo a pesar de que no han sido declaradas como tal. Esto con el fin de mercadearlas a inversionistas que, luego de que muestran interés por la propiedad, se comienza el proceso de declaración de estorbo y expropiación.
En varios casos las personas afectadas no son solo los dueños de las propiedades que no son debidamente notificados. También los adquirentes de los supuestos estorbos que, luego de firmar un contrato de compraventa y hacer su pago, quedan a la espera indefinida de un transferencia y entrega de esas propiedades.
En un comunicado de prensa emitido el pasado 31 de marzo, Universal aseguró que los señalamientos que hicieron los legisladores Márquez y Santiago “son incorrectos e infundados”.
“Estas alegaciones distan mucho de la realidad en cuanto a la manera en que se han manejado los procesos, lo que evidencia un desconocimiento sobre las disposiciones establecidas en el Código Municipal de Puerto Rico y las sobre 80 Resoluciones y Sentencias de los Tribunales de nuestro país, incluyendo el Foro Apelativo, que avalan las gestiones efectuadas por Universal Properties Realty y los municipios representados” continúa el comunicado.
La misiva destaca que “Universal Properties Realty Government Services LLC, bajo ninguna circunstancia maneja, administra, recibe y/o utiliza fondos públicos municipales de índole alguna ya que el Municipio en ningún momento costea o brinda remuneración económica a la empresa por realizar las gestiones administrativas y legales pertinentes para la declaración de una propiedad como estorbo público. Los procedimientos realizados son pagados de forma privada por nuestra empresa y/o por aquellos ciudadanos, denominados “Partes con Interés”.
Universal opera con licencia de bienes raíces vencida
Cuarto Poder confirmó que Universal Properties se presenta ante los municipios como una empresa sombrilla que arropa otras corporaciones y que cuenta con licencia de bienes raíces. Sin embargo, esta licencia venció el 22 de marzo de 2022 y no ha sido renovada, según consta en una certificación de las Juntas Examinadoras del Departamento de Estado emitida el 23 de marzo de 2023.
Por su parte, el socio administrador de Universal Properties, José Deyá, explicó a través de un portavoz de prensa que, este tipo de licencia no es requerida para que la empresa brinde los servicios de manejo de estorbos públicos a los municipios con los que tienen contratos.
A pesar de esto, en los contratos con municipios y contratos de adquisición de estorbos expropiados que Cuarto Poder investigó se acotó la licencia como parte de la descripción de la entidad.
