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Según lo discutido ante la jueza Laura Taylor Swain, la Junta admitió que el impacto económico y fiscal de no recortar ninguna pensión sería de 2 billones a largo plazo. El pago de pensiones para empleados públicos retirados es de 2 mil millones anuales (2 billones por año) y el acumular eso a largo plazo el impacto agregado es de tal magnitud.