Un grupo de alcaldes populares se reunió con el secretario de Educación para presentarle, directamente, los problemas que han identificado en las escuelas de sus respectivos municipios a dos días del inicio de clases.
En su mayoría, los problemas están atados a las dilaciones en los trabajos de reparación y reconstrucción, así como la falta de mantenimiento.
Tras la reunión, la agencia evaluará establecer y ampliar acuerdos de colaboración con diversos municipios para que se encarguen del mantenimiento y algunas reparaciones en escuelas públicas, mediante la asignación de los fondos federales que ha recibido la agencia estatal para la reconstrucción por huracanes o terremotos o para el manejo de la pandemia.
El periódico El Vocero hace un recuento de cómo en las últimas dos semanas se han reportado incidentes en las líneas de transmisión y distribución de energía que han causado Ayer lunes se cayó el servicio durante 12 horas en la torre médica del Hospital Auxilio Mutuo.
Mientras, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe tuvo una interrupción de servicio eléctrico el domingo, durante aproximadamente una hora.
Además, hubo alertas de que el Hospital Hoare, del Municipio de San Juan, llevaba varios días funcionando con generadores, al cierre de esta edición no fue posible confirmar la información.
El sistema público de enseñanza arranca el semestre escolar mañana, miércoles, con 70 plazas vacantes de directores escolares. El Departamento de Educación atribuyó la situación a jubilaciones de última hora.
Comprar una vivienda es cada vez más caro. En junio, el índice de Vivienda Asequible, que elabora Estudios Técnicos Inc., cayó a 60%, lo que significa que una familia típica tiene solamente el 60% de los ingresos necesarios para cualificar para un préstamo hipotecario, si se da un pronto pago de 20%. En mayo, el Índice estaba en 65%.
Sea One Puerto Rico, una empresa tejana a la que está vinculado el exgobernador Luis Fortuño manifestó interés en diseñar un terminal de gas natural en Guayama, siete meses antes de que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) ordenara a la AEE abrir a competencia la construcción de un terminal de gas natural e hidrógeno en esa zona.
El Nuevo Día
El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) ordenó tasar propiedades en dos urbanizaciones de Arecibo entre las que se encuentran la residencia del representante José “Memo” González Mercado, según aseguró el propio legislador a Cuarto Poder (WAPA-TV).
Precisamente, la semana pasada, González Mercado denunció haber sido amenazado por el director ejecutivo del CRIM, Reynaldo Panigua, quien le pidió que detuvieran las investigaciones que lleva a cabo la Legislatura ante supuestas irregularidades con las tasaciones virtuales.
El mismo día en que el legislador presentó la Resolución de la Cámara 776, que ordena la pesquisa, el subdirector del CRIM, Javier García Cintrón, mandó a “revisar valores” y tasar cerca de 20 propiedades en las urbanizaciones Vistas de Camuy II y Monte Verde, según un correo electrónico al que tuvo acceso por Cuarto Poder.
“Esto debe trabajarse con prioridad durante la próxima semana”, indica la comunicación electrónica.
Por su parte, García Cintrón explicó, mediante declaraciones escritas, que “el CRIM trabaja con números de catastro, no con nombres o titulares, tampoco es selectivo en casos particulares y mucho menos de funcionarios públicos. Como parte del trabajo rutinario, diariamente referimos casos a las distintas regiones para su revisión”.
Con relación a la tasación de la propiedad de González Mercado, el subdirector de operaciones del CRIM dijo que “si vemos el detalle de los catastros mencionados en el documento que nos suministra, encontramos que no incluye ninguna propiedad del señor representante”.
Sin embargo, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) aseguró que oficiales del CRIM visitaron su residencia recientemente y afirmó que “nunca había sucedido algo como esto”.
Además, expresó que su propiedad paga CRIM y que ya había sido tasada entre 2014 y 2015.
González Mercado relacionó las recientes gestiones del CRIM en torno a su propiedad como una respuesta a las acciones que ha llevado a cabo para que se investigue a la agencia tras múltiples quejas que ha recibido en su oficina por parte de ciudadanos.
Mientras tanto el subdirector del CRIM manifestó que el propósito de las gestiones que ordenó a través del correo electrónico es “adelantar revisiones en atraso” ya que según detalló, Arecibo es una de “las regiones más congestionadas”.
Además, “las urbanizaciones incluidas en la comunicación y otras en la región, poseen propiedades que a simple vista podrían estar por encima del valor máximo para disfrutar de exoneración”, añadió.
El senador del Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza Gómez, radicó en la mañana de hoy el Proyecto del Senado para crear un proceso expedito de otorgamiento de incentivos contributivos a médicos jóvenes empresarios, a modo que aquellos, debidamente admitidos a la práctica de la medicina sometan una solicitud de concesión de incentivos, obteniendo así su Decreto de Exención de manera expedita dentro de un máximo de cuarenta y cinco (45) días.
Esta Ley busca ser un mecanismo para contener el éxodo masivo de la clase médica puertorriqueña e incentivar el retorno o traslado de profesionales médicos a Puerto Rico, dándole un proceso expedito para acceder a un decreto de exención de Joven Empresario sobre los primeros $500,000 dólares de ingresos generados por el joven profesional. La figura de Joven Empresario es ideal para los jóvenes médicos que trabajen por contrato o que tengan su oficina propia, cualificaciones con las que cuenta la inmensa mayoría de los médicos jóvenes.
“La Comisión de Hacienda del Senado que presido se reunió con el presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz, para comenzar a buscar alternativas que puedan ayudar a la comunidad médica. Entre las necesidades que nos presentaron surge la importancia de agilizar el proceso de solicitud de decretos de incentivos para los médicos jóvenes. El gran problema radica en que, aunque el incentivo existe, y está disponible para los médicos jóvenes de hoy, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) se tarda aproximadamente un (1) año en tramitarlo.
Hay que recalcar que ese primer año es crítico para el joven médico porque es el año en que recibe ofertas de trabajo y en el que enfrenta problemas por mala regulación del estado y su lucha con contratación con los planes médicos. Ante este ambiente hostil para devengar ingresos y la tentación persistente de mejores ofertas, oportunidades y condiciones de trabajos, y ante la falta de ayudas económicas como ésta que ayuden a compensar por estas deficiencias sistémicas, son muchos los médicos que se ven forzados a emigrar. Si a los recién graduados de los programas de residencias de las distintas escuelas de medicina en la Isla no los ayudamos con esta y otras iniciativas provocamos que tomen la decisión de irse a trabajar fuera de Puerto Rico poniendo en riesgo la salud de todos los ciudadanos ya que no contamos con suficientes profesionales de la salud. Por tanto, hemos diseñado un nuevo procedimiento expedito para recibir el beneficio de los médicos jóvenes bajo la figura de Joven Empresario”, indicó Zaragoza Gómez.
Los requisitos de quiénes pueden cualificar para el Incentivo en 45 días o menos bajo el Procedimiento Expedito para Médicos Jóvenes Empresarios bajo esta nueva Ley son los siguientes:
- Todo Individuo Residente de Puerto Rico, hasta los treinta y seis (36) años que interese crear y operar a largo plazo una nueva empresa en Puerto Rico. Médicos que trabajen por contrato o que tengan su propia oficina cualifican (la inmensa mayoría de los médicos jóvenes). Esto cubre a médicos que trabajen por contrato o que tengan su oficina propia, cualificaciones con las que cuenta la inmensa mayoría de los médicos jóvenes.
Los Beneficios contributivos para estos profesionales de la salud son los siguientes:
- Contribución sobre ingresos— Los negocios nuevos según que operen bajo un acuerdo de Empresas Jóvenes con el Secretario del DDEC estarán exentos de contribución sobre ingresos en los primeros quinientos mil dólares ($500,000) de su ingreso neto sujeto a contribución.
- Contribución sobre la propiedad mueble— Los negocios nuevos que operen conforme a esta Sección disfrutarán de exención total sobre la contribución sobre la propiedad mueble.
- Período de Exención— Los negocios nuevos disfrutarán de la exención contributiva provista en este Capítulo durante un período de tres (3) años desde la fecha de comienzo de operaciones, según establecido en el Decreto de exención contributiva.
“Con estas enmiendas se logra agilizar, facilitar y fomentar la operación de nuevas prácticas médicas por jóvenes profesionales residentes de Puerto Rico, con el fin central de promover y aumentar los servicios médicos para nuestro pueblo. A su vez, se incentiva el desarrollo económico, la creación de empleos directos e indirectos, así como se provee un ambiente de salubridad, estabilidad y seguridad socioeconómica. Por tal razón, se proveen incentivos contributivos para toda práctica médica de nueva implementación operada en su totalidad por jóvenes profesionales médicos. Estamos sumando en vez de restar para ayudar a esta comunidad que es esencial para todo el País. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la merma de los profesionales de la salud. La legislatura y este Senado estamos actuando ante la falta de diligencia y acción de este Gobierno”, concluye Zaragoza Gómez.
Durante la mañana de hoy y previo al comienzo de la nueva Sesión Ordinaria, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, nominó a un nuevo término, por 10 años más, a Agustín Montañez-Allman como procurador del Veterano.
“Montañez- Allman es un ferviente defensor de nuestros veteranos y veteranas, juntos hemos dado batallas a favor de estos héroes que lucharon dignamente por la democracia que hoy todos disfrutamos. La procuraduría del Veterano, bajo el liderato de Agustín, ha avanzado muchísimo por los pasados 10 años, y porque aún queda mucho por hacer, me place designarlo a un nuevo término al cargo de procurador del Veterano. Espero que su trayectoria y aportaciones hacia todos los veteranos, sea tomada en consideración por la Asamblea Legislativa al momento de evaluar este nombramiento”, destacó el gobernador.
En una misiva dirigida al primer ejecutivo, Montañez-Allman expresó su disponibilidad para permanecer en el cargo “así como participar de cualquier transformación que añada servicios a nuestros exmilitares. Tenemos el pleno convencimiento de que las proyecciones que hemos establecido y las metas en desarrollo, contribuirán notablemente al éxito de su gestión como gobernador, al desarrollo económico de la Isla y a los planes de recuperación fiscal de su gobierno”.
Durante su gestión, Montañez-Allman logró la asignación de sobre $15 millones de compensación por reclamaciones de incapacidad y pensiones para los veteranos y procesó $5 millones en reclamos de los veteranos. También, trabajó para garantizar que 140 veteranos y sus esposas residentes no perdieran sus hogares. De igual forma, logró que la Casa del Veterano pasara todas las inspecciones federales y así como una asignación de $7 millones, en el 2011, para construir el primer Cementerio Estatal de Veteranos cuya apertura fue en el 2014.
Entre los planes del procurador del Veterano, están la construcción de un segundo cementerio estatal, pero esta vez en el sureste de la Isla, continuar las mejoras a la Casa del Veterano, así como al cementerio de veteranos en Aguadilla.
Previo a fungir como procurador del Veterano, Montañez-Allman fue subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), fiscal auxiliar del Departamento de Justicia en Utuado y subadministrador de agencias del gobierno. También, dirigió la División Legal de la Oficina de Asuntos de la Juventud después de fungir como asistente de la División Legal del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).
El procurador del Veterano tiene un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Ohio, y un Juris Doctor de la Escuela de Leyes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
“Como veterano condecorado de la Guerra del Golfo Pérsico, nunca rehuiremos nuestro deber con Puerto Rico y con los hombres y mujeres que, con arrojo y valentía, han defendido nuestras instituciones, libertades y democracia”, concluyó Montañez-Allman.
Dos empleados de un sindicato, que agrupa a trabajadores de los muelles, crearon una corporación fantasma (sham corporation) para extorsionar a las empresas de navieras que operaban en los muelles 9, 10 y 11 del Puerto de San Juan bajo la amenaza de que bloquearían la descarga de la mercancía que transportaban con huelgas y paralizaciones de los empleados unionados.
Los muelles 9, 10 y 11 ofrece servicio de transbordo a compañías privadas, que la fiscalía federal no identificó, entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Por eso, hoy agentes federales arrestaron esta mañana a Pedro Pastrana González e Iara Clemente Rivera, quienes crearon y dirigían la empresa JCPY junto al presidente de la International Longshoremen’s Association (ILA Local 1740), Carlos Sánchez Ortiz, el empleado de la Autoridad de Puertos, Jorge Batista Maldonado, Víctor Torres Barroso y José Fernández Cruz y Carlos Hernández Laguer.
Los siete acusados enfrentan cargos por participar en el esquema de sobornos que se extendió del 2005 al 2022, pero que no incluye el conflicto laboral que paralizó el muelle de Puerto Nuevo en verano pasado, según indicó el fiscal federal W. Stephen Muldrow.
El pliego acusatorio, divulgado hoy pero emitido por un gran jurado el 11 de agosto, incluye siete cargos criminales que van desde violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO Act en inglés), extorsión, fraude postal y electrónico y lavado de dinero. Los siete acusados se exponen a un máximo de 20 años en prisión.
Las autoridades federales también confiscarán casi $2 millones, que se estima sumaron los sobornos, una propiedad residencial , un vehículo y un bote.
En rueda de prensa en la oficina de la fiscalía federal en Hato Rey, Muldrow aseguró que la empresa JCPY no tenía empleados y no ofrecía ningún servicio a nadie.
“La compañía no hizo nada más que sobornar”, afirmó.
El fiscal auxiliar Víctor Acevedo Hernández detalló que los dueños de JCPY realizaban sus amenazas mediante mensajes de texto y llamadas y contaban con el apoyo del presidente de la ILA. La acusación también establece que recibieron la cooperación de Batista Maldonado, quien podría perder su empleado en la Autoridad de Puertos a raíz de la acusación.
Como parte de ese primer esquema, Pastrana González y Clemente Rivera supuestamente exigían a las compañías navieras el pago del soborno si querían manejar la carga con sus propia tripulación. De no realizar dicho pago, debían contratar a los empleados del sindicato para las labores de estiba o enfrentarse al bloqueo de los cargamentos.
El segundo esquema se extendió al Plan de Bienestar UTM-PRSSA, un plan de beneficios para los miembros de la IL-1740.
Según explicaron los fiscales, Pastrana González y Clemente Rivera desviaron dinero de los sobornos para pagar sus cuotas a dicho plan. También cotizaron el tiempo de las extorsiones como tiempo trabajado y usaron a empleados de otros puertos para cumplir con las 210 horas de trabajo requeridas para cualificar para ese programa de beneficios.
REACCIONA EL SINDICATO
Luego de los arrestos, el licenciado William Marrero Quiñones, asesor legal de la ILA LOCAL #1740 aclaró que no todos los arrestos esta mañana forman parte del sindicato.
“Como es de conocimiento público en la mañana de hoy se llevaron a cabo varios arrestos por parte de las autoridades Federales que incluyen al Presidente de la Unión de Trabajadores de Muelles (ILA Local #1740) Carlos C. Sánchez Ortiz. Queremos establecer que, de los arrestos efectuados en la mañana de hoy, el único que es empleado de la organización es el presidente de la Unión, el resto de los detenidos son empleados de varios patronos, algunos son miembros de la unión y otros no, pero no son empleados de ILA, como ha trascendido públicamente”, indicó el abogado en declaraciones escritas.
Informó que de manera inmediata el actual vicepresidente del sindicato, Víctor Aponte, ocupará el cargo de presidente interino.
La ILA es un sindicato internacional que cuenta con una matrícula de más de 65 mil trabajadores de los muelles.