El director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión, utiliza un agente como escolta desde finales de septiembre pasado y solo en el pago del “overtime” de ese guardaespaldas el Estado ha desembolsado $10,633 en escasos tres meses, según datos del Negociado de la Policía.

El Negociado le asignó ese agente armado después de que Rivera Carrión recibiera varias amenazas relacionas a su trabajo. Aunque el servicio de seguridad es temporero, el Negociado no pudo precisar hasta cuándo mantendrá esa protección. Por política interna, el Negociado no ofreció detalles de las amenazas, que justificaron la escolta.

Pero la asignación de la escolta y las amenazas recibidas revelan una lucha intestina por el control del mundo de las máquinas tragamonedas tras la aprobación de la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico o Ley 81 del 29 de julio de 2019, que procura regular la industria para allegar ingresos a las arcas del gobierno.

Desde el saque ese nombramiento confrontó problemas. Antes de su confirmación en la postrimería de la segunda sesión ordinaria, Rivera Carrión enfrentó cuestionamientos de algunos senadores por la presunta concesión irregular de las licencias para la operación de las máquinas tragamonedas y por la alegada falta de capacidad para ocupar el cargo debido a que se había desempeñado como jefe de la división de casinos de la Compañía de Turismo.

En la vista de confirmación, varios deponentes se expresaron en contra del nombramiento por la también alegada forma irregular en que evaluó sus solicitudes mientras dirigía la Comisión de Juegos de forma interina. A pesar de los señalamientos, recibió un informe positivo de la Comisión de Nombramientos.

Luego de quedar en el limbo de los asuntos pendientes del Senado, el nombramiento del también candidato a la Alcaldía de Caguas por el penepé en las elecciones del 2008 finalmente bajó a votación la noche del 28 de junio de 2021.

Quedó aprobado a viva voz. Pero el senador independiente José Vargas Vidot y la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón, votaron en contra. La delegación del Movimiento Victoria Ciudadana, compuesta por la senadora Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, se abstuvo.

Una demanda de un grupo de maquineros, que se encuentra en la etapa de pre-sentencia en el Tribunal de San Juan, también hace eco de las imputaciones que se hicieron en contra de Rivera Carrión durante el proceso de confirmación.

“La Comisión de Juegos entonces procedió a excluir a los demandados, quienes eran y son operadores bona fide cuando Hacienda emitía licencias. Le otorgó certificaciones a algunos operadores bona fide a la vez que repartió licencias de mayoristas a entidades y personas naturales que nunca habían tenido una licencia de Hacienda”, afirmó la demanda presentada por el licenciado Michael Corona Muñoz.

“Este proceso ilegal se llevó a cabo dentro de un marco de venta de influencias, acuerdos contrarios a la ley y otra conducta que podría ser ilegal, por lo que dicho proceso debe ser declarado nulo y sin efecto para los que en realidad no cualifican”, agregó entre otros señalamientos de malos manejos.

Además, este portal de noticias recibió información relacionada a la participación de Rivera Carrión en un chat con miembros de la industria, que debe regular, en el que parece endosar una máquina en particular llamada la “criollita”, y un documento de una persona anónima que cuestiona el uso de la escolta, que asegura el funcionario no merece.

El asunto de la partición en el chat provocó que los miembros de la Comisión de Juegos se reunieran con el funcionario para discutir el asunto. El secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre Miranda, indicó a TeleOnce, que Rivera Carrión ofreció explicaciones satisfactorias. También mencionó que detrás de esta pugna había dos fuerzas: un grupo que se resistía al cambio y el grupo que seguía las reglas.

Rivera Carrión negó los señalamientos en su contra y defendió la asignación de la escolta, que solicitó tras recibir amenazas. A continuación sus expresiones de manera íntegra.

SOBRE LA ESCOLTA:

La escolta, que se compone de un solo oficial, fue solicitada en respuesta a una serie de incidentes y amenazas recibidas, la mayoría de los cuales fueron en el descargo de mis funciones y las últimas ocurridas en presencia de terceros.

SOBRE EL CHAT:

Mi participación en el chat fue temporal y con el objetivo de conocer de primera mano las preocupaciones e incidencia de una industria que se encuentra divida entre los dueños de máquinas que están cumpliendo con la ley que regula a este sector y los que se resisten buscando todo tipo de subterfugio para permanecer operando ilegalmente.

El comentario extraído del chat está sacado de contexto. Este, es una aclaración sobre los requerimientos de cumplimiento en respuesta a un operador que publica una foto de una de sus máquinas diciendo a los demás que esta “es linda”. En el mismo le hago hincapié en que, a pesar de que su máquina luzca “linda”, tiene que cumplir con el sistema y certificación que requiere la Comisión de Juegos para que sea legal.

SAS es el protocolo de comunicación que permite transmitir la información financiera y datos de seguridad que la ley le requiere a las máquinas de juegos de azar para poder operar. GLI es un laboratorio independiente que realiza pruebas y certifica que los equipos cumplan con los requisitos de Puerto Rico.  La “Criollita” no cuenta con este protocolo ni la certificación, por lo que de ninguna manera se puede entender que mi comentario es equivalente a un endoso a este equipo. Los componentes de la industria y quienes conocen de este tema están muy conscientes de ello.

El extraer este comentario tiene como objetivo distorsionar mis expresiones. Evidencia de ello, es que no le proveen al medio otro comentario que incluyo junto a esta declaración y que confío que su medio igualmente publicará.

SOBRE LAS LICENCIAS:

La Comisión de Juegos ha otorgado todas licencias para operar máquinas de juegos de azar en ruta, según lo dispone la Ley que regula esta industria y en cumplimiento de los requisitos que cualifican a los candidatos elegibles para obtener dichas licencias. Para ello, los candidatos tuvieron que cumplir con múltiples requisitos y pasar el cedazo de los oficiales de licencias a cargo del proceso en la Comisión.

Alegar lo contrario, es irresponsable y solo persigue dilatar el proceso iniciado por la Comisión para implantar la ley y reglamentos que ponen a los dueños de máquinas a pagar para legalizar sus operaciones.