A cuatro años del huracán María, son múltiples las estructuras municipales las que permanecen inoperantes. 

Aunque el gobierno gasta alrededor de $160 millones para mantener pólizas de seguros vigentes, la reconstrucción de Puerto Rico no aparenta arrancar del todo.

¿Es acaso la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) la agencia responsable por la lentitud en el desembolso de los fondos, como alegan algunos alcaldes? ¿O es que los seguros elegidos no serían los adecuados? 

En Cuarto Poder (Wapa TV) investigamos qué hay detrás en la selección de estos seguros, el funcionamiento de los productores de seguros y las relaciones internas entre dichas empresas con funcionarios políticos.

“Primeramente, uno observa que todavía las estructuras siguen abandonadas desde los huracanes, destruidas… Eso habla por sí solo”, expresó José Nadal Power, expresidente de la Comisión de Hacienda del Senado.

“Aquí o los seguros no se han cobrado, o si se cobraron, se usaron para otros fines. Y a mí me parece que lo que está ocurriendo es escandaloso”, agregó durante una entrevista con Cuarto Poder.

Mientras, el excomisionado de la Oficina de Seguros, Mariano Mier, aseguró que el 99% de las reclamaciones tras María se cerraron. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo funciona la figura del productor de seguros en esas negociaciones?

“El productor de seguros es un intermediario. Está el productor de seguros comúnmente se le conocía antes como agente. El broker te representa a ti, no a la compañía de seguros. Están los otros que representan a la compañía, pero son intermediarios que intervienen en la contratación”, explicó Mier.

“Si tienes un broker, la idea es que el broker determine tus necesidades de seguros y te consiga el mejor producto de seguros que mejor se ajuste a tus necesidades”, agregó.

Los lazos políticos

Precisamente en los pasados años se ha cuestionado la regulación de los llamados brokers en el gobierno central y corporaciones públicas.  

 Aunque no necesariamente hay ilegalidad en el asunto, se ha identificado conexiones entre dichos productores y los partidos políticos o los gobernantes de turno. 

Cuarto Poder investigó quiénes son las personas o cuáles son las entidades que brindan este servicios a los municipios. 

 Para ello, solicitamos información a más de 30 municipios. Entre otros, Camuy, Bayamón, Aguas Buenas, Canóvanas, Toa Baja, Cabo Rojo, San Juan, Isabela y Guaynabo nos la proveyeron. Y algunos otros quedaron pendientes de hacernos llegar la información. Hubo municipios que nunca contestaron. 

Durante la investigación, encontramos que Leonardo Campo, uno de los brokers de Guaynabo, es también donante del exalcalde de ese pueblo, acusado por corrupción, Ángel Pérez . Esto fue confirmado por el propio exalcalde vía telefónica. 

 En la oficina del contralor electoral hay registros de varias donaciones de campo al exalcalde.  

Así como Campo, otro productor de seguros que ha sido donante del partido popular, es Noel colón becerra, quien fue agente de seguros de Cabo Rojo durante el mandato del exalcalde, Roberto “Bobby” Ramírez, de quien también fue donante de este ejecutivo municipal. 

Tanto Colón como Ramírez confirmaron estas donaciones. 

Estos lazos se pueden ver en otras instancias y empresas. Por ejemplo, para las agencias y corporaciones públicas se da otro proceso de selección a través del Departamento de Hacienda, entidad encargada de cualificar a estas firmas para que operen en el gobierno.

En esta se puede ver el caso de la empresa Lone Star Insurance, de Andrés Guillemard Ginorio, padre de Andrés Guillemard quien a su vez es cuñado del gobernador Pedro Pierluisi.

Tanto Guillemard Ginorio como su hijo son donantes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Otro caso sonado fue el de López Luna Insurance. En 2013, el periodista Oscar Serrano reseñó para NotiCel que el Departamento de Hacienda extendió negocios millonarios en el área de seguros públicos a esta empresa a pesar de que habría quedado en el último lugar en las evaluaciones para la repartición de unos $150 millones en seguros del gobierno.

Se indicó, en aquel momento, que López Luna era amigo del hermano del entonces gobernador de turno, Alejandro García Padilla.

Vea más de esta historia y cómo las comunidades se ven afectadas por las negociaciones que se dan en este campo de los seguros públicos. Aquí el enlace:

Vea la historia de Cuarto Poder aquí

Una carta de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, a la Junta de Gobierno de la AEE destapó lo que hasta hoy había sido un secreto entre ejecutivos de AES y miembros de la administración de Pedro Pierluisi Urrutia: que la carbonera atraviesa su peor crisis económica y que para salir de ella reclama que el Gobierno de Puerto Rico salga a su rescate.

“El problema de flujo de efectivo en AES-PR es grave”, revela Jesús Bolinaga Serfaty, presidente de AES, en una comunicación escrita a ejecutivos de la AEE que se había mantenido oculta desde el 24 de marzo de 2021, pero que el Centro de Periodismo Investigativo y La Perla del Sur obtuvieron al recurrir el Tribunal. AES-PR sentencia que la prohibición “sin precedentes” de la disposición de cenizas de carbón le ha significado “al menos $167 millones en costos adicionales” hasta el 2027, año en que expira su contrato de venta de electricidad con el Gobierno de Puerto Rico.

La Perla del Sur