Para el presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, doctor Lemuel Martínez, la aprobación final de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) a la vacuna desarrollada por Pfizer contra el COVID-19, valida su confiabilidad. Mientras, la demógrafa con concentración en Epidemiología Judith Rodríguez estableció, por su parte, que la aprobación de forma final de la FDA “quita uno de los impedimentos a aquellas personas que no quieren vacunarse”. “Había un sector grande que decía que era algo experimental. Pues si ya fue aprobada, cumplió con todos los requisitos de una vacuna”, agregó Rodríguez.
Fuente: El Nuevo Día
Líderes sindicales hicieron un llamado al gobernador Pedro Pierluisi para que emita una nueva orden ejecutiva y requiera la vacunación a las personas que acuden a buscar servicios en las agencias de gobierno. Sin embargo, la secretaria de Prensa del gobernador, Sheila Angleró dijo que el Gobierno no puede negar servicios esenciales.
Fuente: El Vocero
El público tiene que estar vacunado para disfrutar del espectáculo pero también los artistas, músicos, técnicos y personal de producción a cargo de ofrecer el show.La alternativa a no cumplir con el protocolo del Departamento de Salud, es llevar a cabo un evento con distanciamiento, el cual permite estrictamente el 50% de aforo. El más reciente evento fue el concierto de José Luis Rodríguez “El Puma”, que se convirtió a última hora en uno con distanciamiento, por lo que el equipo del coliseo y producción, tuvo que redistribuir a las 850 personas que pasaron por los detectores de metales.
Fuente: Primera Hora
El gobernador Pedro Pierluisi dijo que desde el 20 de septiembre en adelante se espera que puedan comenzar a administrar la tercera dosis o el refuerzo para toda la población. Además, espera que a mediados de septiembre que niños de 5 a 11 años se puedan vacunar.
Fuente: Metro
De acuerdo al senador José Luis Dalmau, presidente del Partido Popular Democrático (PPD) la Cámara de Representantes debe resolver sus situaciones internas en un caucus, a menos que fuera un asunto de política pública del partido, de reglamento u otra situación.
El pasado jueves el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez relevó de la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública, Ciencias y Tecnología al legislador Ramón Luis Cruz Burgos.
Fuente:
El Departamento de Justicia se prepara para presentar demanda de recobro contra el contratista que resultó culpable por corrupción en la Superintendencia del Capitolio.
Se trata del esquema que se desarrolló en el cuatrienio de 2009 a 2012 cuando eran presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González Colón en el que la Contraloría detectó que los contratistas pagaban a empleados mientras se les favorecía con adjudicaciones de subastas, pagos por trabajo no realizado y más de un pago por el mismo trabajo. Según esa auditoría, el esquema habría provocado pérdida de hasta $2.9 millones en fondos públicos.
Fuente:Noticel
La senadora Migdalia González Arroyo busca enmendar La ley 54, conocida como la Ley para Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, para agregar el acoso cibernético como modalidad de violencia.
Estas nuevas enmiendas que contempla el Proyecto del Senado 221 añadirían unos nuevos incisos a fin de definir “acoso cibernético”; aclarar que dentro de la definición de “relación de pareja” se encuentra la relación de noviazgo; y renombrar los incisos existentes; a fin de incluir dentro de las disposiciones de la ley, la violencia en el noviazgo.
Fuente:Noticel
El proyecto del salario mínimo regresó esta tarde al Comité de Conferencia de la Asamblea Legislativa para incorporar los cambios negociados entre el Senado, la Cámara de Representantes y el Ejecutivo.
Luego de un receso, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago asumió un turno en el hemiciclo para ofrecer detalles generales de la negociación, que se realizaba en la oficina del senador Juan Zaragoza Gómez, quien preside la Comisión de Hacienda.
“Se han llegado a unos acuerdos adicionales. Me están pidiendo que se devuelva el informe de conferencia a la Comisión para que se ajusten los acuerdos llegados por todas las partes, entiéndase: Cámara, Senado y el personal de trabajo del señor gobernador y que se pueda firmar un informe del Comité de Conferencia donde todos coinciden así que solicito a los compañeros que me permitan devolver el informe”, apuntó Dalmau Santiago.
Fuentes legislativas de este portal habían anticipado que las partes se inclinaban hacia la propuesta del Ejecutivo, pero que todavía se “afinaban” los asuntos de las métricas.
La medida de administración que Pierluisi Urrutia envió a la Legislatura esta semana propone un aumento que entraría en vigor el 1 de enero del 2022 y que elevaría el salario mínimo a $8.50 la hora, seguido de otro incremento a $9.50 el 1 de julio del 2023 hasta llegar a $10.50 el 1 de enero de 2025. Pero esos últimos dos incrementos están condicionados a que se cumpla a su vez con aumentos en el nivel de empleo, actividad económica y de salarios, condiciones que algunos economistas aseguran tienen pocas probabilidades de cumplirse dada situación de la economía y la manera en que se calcula esa ecuación de crecimiento.
La medida que Cámara aprobó la semana pasada elevaría el salario mínimo a $8.50 el 1 de enero de 2022, a $9.00 el 1 de octubre de 2022 y a $10 el 1 de octubre de 2023. Ese último aumento está condicionado al aval de una Comisión Evaluadora de Salario Mínimo. Esta propuesta, sin embargo, no incluye a los empleados gubernamentales y municipales. Tampoco los que laboran en la Rama Judicial y Legislativa.
Pero la propuesta final tomó algo de cada medida.
Las partes acordaron elevar el salario mínimo a $8.50 en enero de 2022, seguido de otro incremento a $9.50 en julio 2023 para llegar a $10.50 en julio de 2024. Este último incremento estará sujeto al aval de la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo.
En la negociación, que se celebró, en la antesala de los trabajos de hoy, participaron la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, el asesor de asuntos legislativos del Ejecutivo, Carlos Rivera Justiniano y el representante Héctor Ferrer Santiago, autor del Proyecto de la Cámara 338.
En su breve alocución, Dalmau Santiago señaló que “en un momento dado” se habían alcanzado unos acuerdos con el Ejecutivo para aumentar el salario mínimo, que se mantiene a $7.25 la hora desde el 2009.
“A pesar de que la mayoría parlamentaria trabajó esto en junio y esperó pacientemente por recomendaciones adicionales o finales, no fue hasta que se aprobó el informe del Comité de Conferencia que la Fortaleza y el gobernador envían su informe, sus propias recomendaciones y otro proyecto”, apuntó.
Pero en “aras de mantener las puertas abiertas y de mantener una apertura” el informe regresaría al comité de conferencia, con representación de ambos cuerpos legislativos y las delegaciones de todos los partidos.
Finalizada la negociación, Dalmau Santiago indicó que espera que los informes de los comités de conferencia de ambas cámaras legislativas deberán estar listos en 10 días.
“No van a estar sujetos a las métricas. Los primeros dos son prácticamente automáticos y el tercero decidido por las recomendaciones que dé la Junta”, afirmó.
Zaragoza Gómez, por su parte, alabó el proceso que desembocó en el acuerdo.
“Este acuerdo demuestra la apertura y la madurez de la Asamblea Legislativa al reconsiderar algo que ya estaba aprobado en la Cámara y que hubiera sido una victoria política fácil el aprobarlo en el Senado y retar al gobernador a ver si lo vetaba. Con esto se demuestra que nuestro Norte, (Vargas Vidot, Representante Héctor Ferrer y este servidor) que llevamos meses trabajando con el Proyecto de Salario Mínimo, es hacer justicia salarial beneficiando la clase trabajadora. Aquí vinimos a actuar no a hacer política para las gradas. El aumento de salario mínimo no aguanta más tiempo y se tenía que lograr un consenso justo”, indicó en declaraciones escritas.
El pasado 30 de junio, el Senado cerró abruptamente labores durante el último día de la sesión cuando el presidente de la Cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, descarriló las negociaciones con el Ejecutivo y la Legislatura encaminadas a aumentar el salario mínimo, enmendar la reforma laboral y asignar $20 millones a organizaciones sin fines de lucro.
Ante el desacuerdo, la sesión acabó a las 10:39 p.m. ante el asombro de los senadores y las senadoras de las delegaciones de la minoría.