El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó referir a la expresidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García Vélez, a la Oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental por supuestas irregularidades en el otorgamiento de un contrato de relaciones públicas.
Pero descartó designar un fiscal especial independiente para encausar una investigación penal. Por tanto, decretó el archivo de las alegaciones de naturaleza criminal.
“Aunque el referido inicial del Departamento de recomendaba la designación de FEI sobre actuaciones de García Vélez, en contravención al Código Penal de 2012 y a la Ley de Ética Gubernamental en el ámbito penal, los fiscales Zulma I. Troche y Manuel E. Núñez Corrada no encontraron evidencia suficiente para presentar un caso ante el tribunal”, reza el parte de prensa.
“En su informe consignaron que ‘faltan los elementos de intención criminal necesarios para una causa penal por parte de la licenciada Garcia Vélez para ejercer cualquier influencia ilegal’”, agregó el panel de jueces.
En la comunicación escrita, el Panel detalló que referirá el expediente investigativo a la Contralora y a Ética Gubernamental ante las posibles violaciones administrativas a leyes y procedimientos fiscales del gobierno.
Explicó que la controversia gira en torno a un contrato que García Vélez extendió a Helga García Pérez, presidenta de Perfect Partners, para manejar las relaciones públicas de la CEE, luego de desempeñarse coma su asesora personal durante el proceso de confirmación al cargo, sin mediar compensación monetaria.
Coma parte de la investigación preliminar, los fiscales especiales entrevistaron a García Pérez.
“No le fueron pagados los trabajos realizados durante tres meses (abril, mayo y junio de 2016) debido a que se había agotado la partida total establecida en su contrato. A finales del mes de junio, (luego de haber prestado dichos servicios), Ia expresidenta de la CEE, García Vélez, enmendó el referido contrato con el propósito de pagarle retroactivamente a Perfect Partners por los servicios prestados en los aludidos meses”, indicó el Panel.
Esa enmienda contó con el aval de los comisionados electorales porque excedía el monto de $30,000 autorizado para la contratación.
“Sin embargo, no surge que a los Comisionados Electorales se les haya informado que el propósito de la enmienda contractual era cubrir pagos de forma retroactiva, en contravención con la ley”, afirmó el Panel.
El Panel señaló que corresponde a la Oficina del Contralor reclamar un reembolso del pago indebido y que el informe referido a la Oficina de Ética Gubernamental se unirá a una investigación administrativa en curso.
