Si la estrategia legislativa no rinde frutos para lograr la cancelación del contrato de LUMA Energy, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, indicó que usará otros canales para tratar de evitar que el Ejecutivo extienda el acuerdo que expira automáticamente el 30 de septiembre.
En entrevista con Cuarto Poder (WAPA-TV), explicó que la primera línea de lucha contempla la aprobación la Resolución Conjunta de la Cámara 315, que ordena la cancelación del contrato del consorcio canadiense y Resolución Conjunta del Senado 326, que ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Autoridad para Alianzas Público Privadas presentar un plan de trabajo completo ante la cancelación del contrato en un término de 20 días.
Cada pieza legislativa está a medio camino.
Por ejemplo, el Senado aprobó su Resolución Conjunta 326 y la Cámara refrendó su Resolución Conjunta 315. Pese a que existe un acuerdo para aprobarlas en ambos cuerpos y colocar en un aprieto político al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, diferencias intrapartido han aplazado el trámite.
El tiempo también apremia. Quedan pocos más de dos semanas para que acabe la actual sesión ordinaria y el contrato suplementario de LUMA Energy termina el 30 noviembre a menos que el Gobierno a través de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas extiende su término.
“Estamos en un proceso técnico para evaluar el lenguaje de las medidas para que no choquen. Es un ‘issue’ de redacción, estrictamente de redacción. Filosóficamente estamos alineados con las dos medidas”, indicó Hernández Montañez.
La aprobación de ambas medidas busca una confrontación con el gobernador Pierluisi Urrutia, ante el anticipable veto de los proyectos, un acto que constituye un suicidio político, según el líder cameral, porque existe un malestar generalizado con el contrato de LUMA.
“Aquí hay un elemento político. Obviamente ir por encima de veto para pillar contra la pared al penepé”, indicó el político.
Pero si eso falla, según Hernández Montañez, moverán sus fichas en la AAPP, donde cada cuerpo tiene un representante: Eduardo Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho. Aunque son denominados representantes del interés público, Ferrer Ríos presenta al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y Ortiz Camacho representa a Hernández Montañez.
“Después entramos en los procesos administrativos con nuestros representantes ante la Junta de las AAPP y procesos litigiosos”, señaló.
Hernández había anticipado en el programa Los datos son los datos (WAPA-TV) la posibilidad de canjear la cancelación del contrato de LUMA por el apoyo de los representantes del interés público en la privatización del sistema de generación de la AEE. Pero en esta ocasión solo planteó la alternativa de “trancar cualquier futura transacción de AAPP en generación”.
“Tenemos todo un popurrí de alternativas. Tenemos alternativas legislativas, otras administrativas y otras litigiosas”, apuntaló.
