La oficina encargada de conceder las escoltas a los funcionarios públicos y exgobernadores ahora estará bajo la supervisión directa de la Oficina del Secretario de Seguridad Pública, en una movida que consolida el poder en la figura de Alexis Torres Ríos y resta funciones al actual comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.
El cambio quedó consignado en una orden administrativa firmada por Torres Ríos el 22 de julio pasado, pero divulgada a los miembros del Negociado de la Policía este miércoles, en medio del proceso de recuperación del país tras el huracán Fiona.
Hasta ahora, la Oficina de Seguridad y Protección estaba adscrita al Negociado de la Policía, que forma parte de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. Cuenta con unos 250 agentes que ofrecen servicio de escolta y hacen las investigaciones de rigor para la expedición de licencias para detectives privados y guardias de seguridad; así como permisos para el transporte y uso de explosivos.
La nueva orden administrativa no contiene mayores cambios más allá de ampliar el primer inciso titulado “propósito”. La orden pasada firmada por entonces comisionado de la Policía, Henry Escalera Rivera, solo indicaba que la directriz tenía el objetivo de estructurar la Oficina de Seguridad y Protección.
Pero esta orden incluye una justificación que parece dirigida a responder las críticas que han recibido Torres Ríos y el DSP por el desmedido gasto de las escoltas y por la asignarle seguridad a Caridad Pierluisi, hermana del primer ejecutivo Pedro Pierluisi Urrutia, quien dirige la Oficina del Gobernador, un cargo que nunca tuvo el privilegio de tener una escolta.
“Es el interés del Secretario reforzar la política pública administrativa y económica relacionada al uso de escoltas. Sobre el particular, el Artículo 2.16 de la Ley 20 (que creó el DSP), antes citada, establece que el Negociado de la Policía de Puerto Rico tendrá la responsabilidad de proveer seguridad y protección al gobernador de Puerto Rico y a su familia durante el término de su incumbencia, entre otras salvaguardas. A tales efectos, esta Orden Administrativa establece parámetros de austeridad fiscal, sin menoscabar el importante ámbito de la seguridad pública”, apuntó Torres Ríos en el preámbulo de la nueva orden administrativa.
Aunque la orden indica que ofrece parámetros de austeridad fiscal, no contiene medidas adicionales a las que había en la orden previa, que permitió que el gobierno gastara millones en el pago de horas extras a los policías que ofrecen seguridad a los funcionarios públicos.
El año pasado, una investigación del Cuarto Poder (WAPA-TV), reveló que en los seis años previos el gobierno había desembolsado más de $9.6 millones solo en el pago de horas extras a los agentes de la Policía que trabajan como escoltas de exgobernadores, funcionarios electos y servidores públicos.
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