A pesar de que una investigación de Cuarto Poder (WAPA-TV) apunta a que el Protocolo Uniforme a ser Implementado en las Instituciones Hospitalarias para el Manejo de la Pérdida de un Embarazo no se sigue, no se fiscaliza, ni se ha implementado, el Departamento de Salud no ha penalizado a ningún hospital desde 2020 que se firmó el documento.
Según la agencia, desde 2016 que se creó la ley para desarrollar este protocolo, “ninguna” institución hospitalaria ha incumplido con implantarlo. Sin embargo, los testimonios recogidos en la investigación contrastan con la información provista por Salud.
“En el 2020 yo tuve mi primera pérdida de embarazo y allí no hubo ningún protocolo”, advirtió la doctora Bárbara Barros, especialista en psicología perinatal. La psicóloga comentó que en visitas que realizó a varios ginecólogos obstetras, estos le indicaron que en los hospitales que trabajan no se les ha provisto ningún protocolo.
Parte de lo que establece el documento de 2020 es que “el protocolo deberá estar visible y accesible al personal en todas las salas de la institución que brinden servicios a embarazadas o mujeres postparto”.
Además, cada proveedor de salud es responsable de “orientar a todo el personal” que tenga contacto directo o indirecto con las personas gestantes y sus familias, incluyendo a los médicos, empleados de mantenimiento y de distribución de alimentos. Específicamente el protocolo exige un adiestramiento compulsorio de un mínimo de tres horas presenciales que serán renovadas cada dos años.
En Puerto Rico las estadísticas que recopila el Departamento de Salud sobre mortalidad fetal indican que de cada mil nacimientos se reportan alrededor de 12 muertes fetales. Una muerte fetal es aquella que surge en el útero a partir de la semana 20 de embarazo, según se define para la recopilación de estadísticas tanto a nivel local como federal. A estas habría que sumarle las pérdidas de embarazo antes de la semana 20 y las muertes de bebés con pocos días de nacidos.
Entre las primeras tres causas de muerte fetal, están las enfermedades o malformaciones congénitas. No obstante, acceder a servicios médicos durante un embarazo con estas indicaciones, es un reto.
“Se nos hizo extremadamente difícil conseguir especialistas que nos pudieran atender con prontitud […] como madre al fin yo quería hacer todo lo posible para poder salvarla”, relató Rubí Mendoza Castro, quien tuvo una pérdida perinatal a los siete meses de embarazo.
Mendoza Castro esperaba la llegada de su segunda bebé, de quien le habían indicado sus médicos que presentaba anomalías. Además, la también nutricionista, destacó los problemas que confrontó con su plan médico privado que no cubrió gran parte de los servicios que requería. Por ejemplo, las pruebas genéticas al feto que, en algunos casos, son cruciales para identificar condiciones congénitas y ganarle una mayor expectativa de vida.
Según la doctora Frances Vélez Bartolomei, una de solo cuatro genetistas que hay en Puerto Rico, a ninguna de las pacientes embarazadas que ha atendido, el plan médico le ha cubierto este tipo de pruebas que pueden alcanzar los miles de dólares.
Además de identificar a tiempo enfermedades, las pruebas genéticas permiten que las familias puedan tomar decisiones sobre la continuación del embarazo.
“Si diagnosticamos la condición genética y el diagnóstico se hace temprano, antes de las 22 semanas y es una condición bien importante que la familia no quiere que ese bebé pues pase por este proceso de nacer y sufrir y que vaya a fallecer, pues se puede hacer una terminación de embarazo”, explicó la genetista.
