Corredores de bienes raíces con licencias vencidas, con clientes que aseguran haber sido timados por ellos y querellas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y la Junta Examinadora de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces están operando en Puerto Rico, reveló una investigación de Cuarto Poder (WAPA-TV).
En febrero de 2022, María Eugenia León dio $6 mil como depósito para comprar una propiedad en Santurce tras ver un anuncio de venta en un portal en línea. Al momento la mujer desconoce del paradero de su dinero y de Modesto Meléndez Mangual, quien le mostró la casa y había colgado el anuncio acompañado de su número de licencia de corredor y el nombre de su empresa, Flamar Properties.
Pero la licencia de Meléndez Mangual está vencida desde 2015, el DACO confirmó que existen al menos ocho querellas en su contra en esa agencia y la Junta Examinadora también aseguró que la persona cuenta con varias querellas en ese cuerpo.
León se querelló a principios de año ante la Policía de Puerto Rico, pero lo último que supo es que la agente a cargo de esa investigación no ha logrado ubicar a Meléndez Mangual.
Por otro lado, Pedro Heredia, quien residía en el estado de la Florida, emitió un cheque por $200,000 con la intención de comprar una casa en Bayamón y cumplir el deseo de su madre de pasar sus últimos años de vuelta en Puerto Rico. Por alrededor de 11 meses, Platinum Properties retuvo ese depósito y la compraventa no sucedió.
En febrero de 2022, Heredia firmó un contrato de opción de compraventa en el cual Edwin Santos Bracero, bajo Platinum Properties, figuró como corredor de la transacción. Según el portal del Departamento de Estado, la licencia de corredor de Santos Bracero venció en junio de 2021 y la Junta Examinadora confirmó a Cuarto Poder, que no ha sido renovada.
Tanto Heredia como la representación legal de Santos Bracero, confirmaron que no fue hasta la semana pasada que el dinero fue devuelto.
En otra instancia, hace siete años, Santos Bracero fungió como corredor de la compraventa de una propiedad de Yoally Falcón Figueroa, quien buscaba vender su casa en Puerto Rico tras haberse mudado a los Estados Unidos.
Según Falcón, cuando vino al país a hacer los trámites de compraventa, Santos Bracero le indicó que la hipoteca de su propiedad tendría que permanecer a su nombre por al menos un año y que él se comprometía a ayudarla para que eventualmente esa hipoteca quedara bajo responsabilidad de los compradores.
Pero ese acuerdo no medió por escrito, el contrato de compraventa solo indica el compromiso de los compradores de pagar la hipoteca “hasta que la misma se cancele o se transfiera a su nombre”. Actualmente, Falcón Figueroa sigue siendo la responsable de esa hipoteca pero no la reside.
El abogado de Santos Bracero, Ahmed Arroyo, sostuvo que Falcón Figueroa no ha tenido daño económico a consecuencia de esa compraventa y que la vendedora tuvo unas exigencias en cuanto a unos pagos que no eran posibles satisfacer al momento de la transacción.
-Miembro de la Junta Examinadora, en calidad de abogado, no actuó en beneficio de su cliente que asegura fue engañada por corredor
En 2019 Falcón Figueroa contrató los servicios del licenciado Erick Quintana Acevedo, quien según consta en documentos de la Junta Examinadora de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces, ha sido miembro de ese cuerpo, pero al momento la junta no ha contestado a Cuarto Poder si el abogado continúa siendo parte de ella.
Quintana Acevedo representó a Falcón en una demanda por nulidad de contrato y cobro de dinero contra los compradores de su casa, tras un periodo en que la hipoteca dejó de pagarse. En esa instancia el tribunal anuló la compraventa, pero Falcón no supo de la decisión del tribunal hasta que ya fue muy tarde.
Esa sentencia no se ejecutó, no se contestaron las ordenes emitidas por el tribunal y prescribió. En una segunda demanda, que también buscaba anular la compraventa, el tribunal ordenó a Falcón Figueroa el pago de honorarios, copias y aranceles.
Falcón Figueroa, explicó que Quintana Acevedo, eventualmente reconoció ser amigo de Santos Bracero, corredor de la compraventa.
Cuarto Poder intentó comunicarse con el licenciado Quintana Acevedo para aclarar los detalles de las acciones legales que se tomaron en ambos casos y corroborar si es miembro de la Junta Examinadora, pero no recibió respuesta.
¿Y el DACO qué papel juega?
En entrevista con la secretaria interina del DACO, Lisoannette González, la funcionaria mencionó que alrededor del 15 por ciento de las querellas que recibe la agencia son al amparo de la Ley 10, que regula la industria de bienes raíces.
González afirmó que tanto Santos Bracero como Meléndez Mangual y otros corredores investigados por Cuarto Poder, contaban con certificados de inscripción expedidos por la agencia y también indicó que sus licencias estaban vigentes. Aunque luego de esa entrevista, Cuarto Poder confirmó que las licencias de Santos Bracero y Meléndez Mangual habían vencido.
Al ser cuestionada sobre cómo es la comunicación entre la Junta Examinadora y el DACO para fiscalizar esta industria, la calificó como “buena”.
Sobre el porqué se les renueva licencias a personas con múltiples querellas adjudicadas, la secretaria señaló que de las querellas que tenía a la mano, la más lejana era de 2018 y que al momento se habían sometido esos casos a evaluación.
Cuarto Poder solicitó información puntual sobre investigaciones que haya conducido el departamento contra vendedores, empresas y corredores de bienes raíces, así como la cantidad de multas que haya emitido, pero al momento de esta publicación los datos no fueron provistos.
¿Cómo garantizar que se está haciendo negocios con un profesional legítimo?
Para Aixa Malavé, presidenta electa de la Asociación de Realtors de Puerto Rico (PRAR) y expresidenta de la Junta Examinadora, “es bien importante que el consumidor esté alerta” y acuda a la página del Departamento de Estado para corroborar que la persona tenga licencia activa como profesional de bienes raíces.
“Es importante que, si se percibe una acción de fraude, […] hacer la debida querella ante la Policía”, expresó en entrevista con Cuarto Poder. Además, señaló que esta industria ha cambiado a lo largo del tiempo ante una ley reguladora que cumple 30 años en 2024.
Mientras que Melissa Montero, presidenta de la PRAR, afirmó que la mayoría de las llamadas que recibe la asociación a diario, son de clientes buscando orientación sobre lo que implican las cláusulas de los contratos de compraventa, sobre la función de los corredores y lo que está autorizado o no en la industria.
Y precisó que cuando una persona no está asociada puede seguir vendiendo como corredor de bienes raíces en Puerto Rico y corresponde a la Junta Examinadora atender cualquier queja o querella que se presente contra esa persona. “Cuando nosotros recibimos una querella de ética, se le expulsa de la asociación”, añadió.
Múltiples querellas en distintos foros
Una persona que cree ser víctima de fraude de bienes raíces, puede llevar querellas ante el DACO, la Junta Examinadora y la Policía al mismo tiempo. También puede acudir al tribunal.
A pesar de que hay varios foros a donde los consumidores pueden querellarse, no hay un protocolo de comunicación entre las agencias. Por ejemplo, la secretaria interina del DACO reconoció que no existe un protocolo que imponga al agente policial notificar al DACO sobre querellas que se radiquen por fraude de bienes raíces. Tampoco se les exige orientar a las víctimas de fraude sobre qué otras acciones pueden tomar.
Precisamente en casos como el de María León, que se querelló solo ante la Policía, ni el DACO ni la Junta Examinadora tienen constancia de esta querella. León aseguró que no fue orientada sobre la posibilidad de querellarse también en esos foros.
