Luego que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden convirtió en ley una medida que requiere que todos los contratistas de la Junta de Control Fiscal revelen posibles conflictos de interés antes de proceder con cualquier gestión o recibir pagos relacionados al proceso de quiebra de la isla, la jefa de la Oficina del Síndico de Bancarrota se opuso al pedido de la Junta para que esta medida sea solamente prospectiva.
Mary Ida Towson, jefa de la Oficina del Síndico de Bancarrota de la región 21 que incluye a Florida, Georgia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, presentó una moción hoy en la que deja clara su posición alegando que “eliminar a estos acreedores anulará el propósito del estatuto, dejando la posibilidad de que los conflictos reales que persistieron durante el empleo de un profesional en el caso no puedan ser revisados por el Tribunal”.
“La misma Junta de Supervisión parece entender esto porque propone incluir en la lista de partes interesadas a un número limitado de acreedores con créditos inactivos por su importancia”, sostuvo la síndico.
