Hace tres semanas María (nombre ficticio) alertó a las autoridades de que su ahijada era sometida a un alegado patrón de maltrato y posible abuso sexual.
Pero en vez de encontrar empatía y apoyo en el sistema, se chocó con un muro de cemento.
Primero encaró la resistencia de la escuela donde estudia la menor de 16 años. La mujer, que pidió que su nombre se mantuviera en el anonimato por razones de seguridad, contó a Cuarto Poder (WAPA-TV) que cuando se presentó al plantel para indagar sobre la situación de su ahijada, una funcionaria escolar la despachó inicialmente con “usted no es nadie”. También se percató de que el personal escolar desconocía que la madre de la menor había muerto en el 2018.
No se dio por vencida.
Regresó a la escuela cuatro días después con una brigada familiar. Ese lunes 7 de marzo logró que la trabajadora social de la escuela la escuchara e iniciara el protocolo para proteger a la menor.
“Ella (la ahijada) llegó tarde. Llegó corriendo porque se había escapado”, explicó María.
“Se me tiró encima llorando. Me dijo frente a la trabajadora social: ‘titi, por favor, ayúdame porque me están maltratando’”, agregó
Luego de una jornada larga, que incluyó una entrevista a la menor, el Departamento de la Familia (DF) finalmente la removió y la colocó en un hogar de la agencia.
Aunque la intervención de María precipitó esa movilización del Estado, afirmó que nadie atendió sus preguntas, ni inquietudes. Tampoco la consideraron con una alternativa para ubicar a la menor. Al contrario, sintió que el personal de la agencia la atendió de forma fría y distante.
“Ni me pude despedir de ella”, señaló.
Explicó que preocupada ante lo que presenció durante el proceso de remoción acudió al Tribunal de San Juan para solicitar una orden de protección para su ahijada. Ese mismo día, el juez Glenn Velázquez Morales se la concedió. El 9 de marzo, el juez enmendó la orden de protección y le concedió la custodia provisional de su ahijada. El DF no acató la orden. En cambio, presentó una moción en oposición.
Las gestiones de María no acabaron ahí.
Acudió a una entrevista con la agente de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores que investiga el caso. Siguió tocando puertas de amistades, de organizaciones y de Cuarto Poder en busca de ayuda y de un lugar donde la escucharán.
Pese a que María se presentó a la oficina del DF para entregar la orden de protección, indicó que la agencia no le ofreció información de la menor.
“Yo solo quiero saber que ella está bien y en un lugar seguro”, soltó atribulada.
Indicó también que la menor le dijo que le estaban pasando cosas “muy malas”, pero que otra amiga de la ahijada le contó que ella le había confiado que era víctima de abuso sexual.
Desde el punto de vista jurídico, María no tiene derecho a reclamar participación en la vida de su ahijada porque no existe un vínculo sanguíneo. Eso sí, las une otro lazo que nace de las vivencias compartidas y del compromiso simbólico que María hizo cuando aceptó ser su madrina.
La veterana trabajadora social Rita Córdova indicó a Cuarto Poder que el DF podía ubicar a la menor con su madrina con quien mantiene un fuerte vínculo afectivo.
“La pueden ubicar en su casa, aunque el hogar todavía no esté certificado”, aseguró.
Ante esta situación, el DF informó a Cuarto Poder que “la menor se encuentra estable y ubicada en un hogar certificado por la agencia”. En declaraciones escritas también ofreció los criterios para que el hogar de la madrina se convierta en un hogar de crianza de la agencia.
Ayer, María regresó al juzgado para procurar una nueva fecha para la vista de ratificación de la orden de protección a favor de su ahijada e informar que el DF no le había entregado la custodia. La vista debió celebrarse el lunes, pero fue cancelada porque era feriado. Descubrió que un juez acogió la petición del DF y dejó sin efecto ambas órdenes.
“Voy a seguir luchando. No voy a estar tranquila hasta que sepa que ella está bien”, apuntaló.
Aqui el reportaje de Cuarto Poder:
