Jay Fonseca
#LeyDeTransparencia

Más difícil acceso a info pública

🚨 Gremios periodísticos criticaron la aprobación de enmiendas a la Ley de Transparencia que limitan el acceso a información pública en Puerto Rico.

⏳ Con la nueva medida, los ciudadanos podrían tener que esperar hasta tres meses para recibir documentos del gobierno.

🚫 También excluye información de personal y exige notificar a los jefes de agencia, lo que podría exponer a los solicitantes a vigilancia interna o “carpeteo”.

✉️ Varias organizaciones denunciaron que intentaron reunirse con Jenniffer González en noviembre para discutir la medida, pero no recibieron respuesta.

⚖️ La Fortaleza defendió la ley diciendo que busca aclarar disposiciones confusas de la anterior Ley 141-2019 y reducir litigios innecesarios, aunque críticos aseguran que la ley favorece a funcionarios públicos y refleja una política que limita el acceso a la información y la rendición de cuentas, dejando al pueblo con menos herramientas para vigilar la gestión pública.

Fuente: Noticentro

Senado aprueba medida que limita acceso a información pública

⚠️ El Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 63 (PS 63), que modifica la Ley 141-2019 de Transparencia, duplicando los plazos de respuesta y restringiendo el acceso a la información pública.

🕐 Ahora las agencias tendrán 20 días laborables para responder solicitudes a nivel central y 30 días en oficinas regionales, con prórrogas posibles de 20 días adicionales, lo que puede extender el proceso hasta 40 días hábiles.

📄 La nueva ley elimina la obligación de entregar la información en el formato solicitado por el ciudadano, dificultando el acceso a datos reutilizables y analizados, y agrega notificaciones burocráticas adicionales que expertos consideran innecesarias.

💰 Las sanciones por incumplimiento serán de hasta $100 diarios, con un tope de $18,000, consideradas simbólicas frente a los costos legales que implica litigar.

📰 Organizaciones como el Centro de Periodismo Investigativo y expertos legales advierten que la medida representa un retroceso para la transparencia, la participación ciudadana y la fiscalización pública, erosionando décadas de avances en acceso a la información.