📲 Entre los anejos de la querella del exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón, ante el FEI aparece un mensaje de texto que él atribuye al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y que da de qué hablar. 🗣️ En el mensaje, fechado el 18 de mayo, se lee: "NO voy a tolerar personas que no son PNP trabajando en puestos de confianza ganándose un dineral... siempre he sido bien claro con eso contigo". ⚠️ El mismo texto expresa preocupación de que en el DDEC se tomaran "represalias contra personas que se jodieron en la campaña primarista de JGO y la elección general", y le recuerda a Negrón que ocupa "una silla privilegiada" gracias a esa campaña. 🚩 Para Negrón, esto evidencia que el criterio para no disciplinar a los funcionarios señalados no era el mérito ni la conducta, sino la afiliación política. 🤔Comenta tu opinión sobre este mensaje. Busca el análisis en mi YouTube: Jay Fonseca PR. 

🚨 El Departamento de Justicia concluyó que no hay evidencia suficiente para imputarle delitos a la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, tras una querella presentada por la senadora Joanne Rodríguez Veve por supuestamente haber filtrado una alegada querella de violencia doméstica que vinculaba a la legisladora. ⚖️ Según el Departamento de Justicia, la investigación de la División de Integridad Pública no encontró prueba de que Piñeiro divulgara inicialmente el documento en controversia ni que violara leyes de confidencialidad. 📌 La agencia sostuvo que las expresiones de la procuradora ocurrieron cuando la controversia ya era pública y que no constituyen delito bajo la Ley 54 ni la Ley 22. ⚖️ Justicia notificó al Panel del FEI su recomendación de que no se designe un Fiscal Especial Independiente contra la procuradora de la Mujer. 📄 El caso ahora queda bajo evaluación del Panel del FEI. ¿Crees que nunca se sabrá quién filtró la información?

⚖️ La Oficina del Contralor enmendó un contrato de $50,000 con la exsecretaria de Justicia Janet Parra para eliminar tareas relacionadas con el Departamento de Justicia. El cambio ocurrió luego de que se presentara una querella ética en su contra. 📄 El contrato original incluía funciones como servir de enlace con el Departamento de Justicia y asesorar en investigaciones cuyos expedientes serían enviados a esa agencia. 📝 Tras la enmienda, se eliminaron las referencias directas al Departamento de Justicia, aunque se mantuvieron algunas funciones de asesoría relacionadas con investigaciones. 🏛️ La querella fue radicada por el representante Héctor Ferrer, quien alegó que Parra podría estar violando la Ley de Ética Gubernamental que prohíbe a exfuncionarios intervenir ante la agencia donde trabajaron por dos años. 🔎 La Oficina de Ética Gubernamental confirmó que recibió el referido y que inició una investigación administrativa sobre el caso, mientras el legislador sostiene que la posible falta ética ya ocurrió aunque el contrato haya sido modificado. ⚠️La Oficina del Contralor es la encargada de verificar que cumplan con las leyes y regulaciones financieras, ¿qué opinas de que hayan actuado así? Fuente: El Nuevo Día

🐾 Las querellas por maltrato animal han subido: en 2025 la Policía registró 580 incidentes, pero solo 60 casos llegaron a tribunales por falta de recursos. 🧊 La Policía carece de equipo básico para investigar, como neveras para preservar cadáveres y veterinarios disponibles para necropsias que sustenten los casos. 🐶 Organizaciones sin fines de lucro apoyan en rescates, cuidados y reubicación de animales, y a veces hasta presentan querellas y sirven como testigos. ⚖️ Los fiscales dicen que la Ley 154 es estricta y punitiva, pero sin evidencia veterinaria sólida no pueden radicar la mayoría de los casos. 💔 Muchos casos también involucran pobreza o desconocimiento, y el maltrato animal puede indicar otras formas de violencia en el hogar, como contra menores o personas mayores. 📈 ¿Deberían aumentarse las penas por maltrato animal para que los casos se tomen más en serio? Fuente: El Nuevo Día

📝La senadora Joanne Rodríguez Veve expresó su satisfacción ante la decisión del Departamento de Justicia de cerrar la investigación relacionada con una querella anónima presentada ante la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). ⚖️ La portavoz del Proyecto Dignidad en el senado afirmó que no promovió ni participó en la investigación, y calificó la querella como viciosa y con el único propósito de causar daño a las personas mencionadas. 🔍 La senadora pidió que se investigue y se sancione la divulgación ilegal de la querella anónima, advirtiendo que la impunidad podría promover el uso malicioso del anonimato y afectar la confiabilidad de los procesos de la OPM.

📌 La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que la investigación sobre una querella anónima que alegaba que la senadora Joanne Rodríguez Veve habría sido víctima de violencia doméstica concluyó que no hay evidencia para iniciar un proceso criminal. ⚖️ El Ministerio Público evaluó la información disponible y determinó que no había elementos para un proceso criminal, conforme a la Ley 54-1989, de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. 🗣️La Titular de Justicia indicó que serán las únicas expresiones oficiales que ofrecerá sobre este caso. ✉️ Las declaraciones surgen luego que en agosto se filtró una carta anónima enviada a la Procuradora de las Mujeres sobre supuestos incidentes de violencia doméstica por parte del comentarista político Carlos Mercader contra la senadora del Proyecto Dignidad.

⚖️ La Oficina de Ética Gubernamental radicó una querella contra la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), Aixa Pérez Mink, por uso indebido de dos vehículos oficiales y personal adscrito a la agencia. 🚙 Según la querella, sometida el pasado 2 de octubre, los hechos se remontan al periodo entre mayo y octubre de 2020 en un vehículo Jeep Grand Cherokee, para trasladarse entre su residencia y su lugar de trabajo, con un oficial de la Policía que estaba en destaque en la JLBP. 🧑‍✈️ Además, desde el 2023 hasta julio de este año, se le imputa usar una Ford Explorer de la flota de la JLBP, con un oficial del Departamento de Corrección y Rehabilitación como chofer. 🚘 En ambos casos, se le imputa a Pérez utilizar los vehículos oficiales para uso personal, a veces fuera de horas laborables, e incluso haber perdido fondos públicos por concepto de combustible, cuando no le aplican las excepciones dispuestas por ley y reglamentos. 💸 La Oficina de Ética Gubernamental solicita la imposición de una multa administrativa a Pérez Mink y la restitución de fondos públicos desembolsados por el uso indebido de los vehículos y el personal.

⚖️ La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) radicó querellas contra varios funcionarios del Departamento de Agricultura y la Autoridad de Tierras por presuntas violaciones éticas. 🚘Se alega que hicieron uso indebido de vehículos oficiales para fines personales específicamente para traslados de la casa al trabajo. 🧑‍💼 Entre los funcionarios señalados están Ramón González Beiró, exsecretario de Agricultura, e Irving Y. Rodríguez Torres, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Tierras.  🚙En el caso de González Beiró, además de usarlo personalmente, permitió que dos subordinados también lo hicieran. 🚖¿Qué opinas de funcionarios públicos que le sacan provecho personal a estos beneficios? Fuente: Oficina Ética Gubernamental

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes recibió ayer una querella juramentada que imputa al representante popular Orlando Aponte Rosario incurrir en un alegado conflicto de interés por presentar un proyecto para enmendar las pensiones alimentarias que supuestamente lo beneficiaba porque tenía pendiente un caso de manutención. El excandidato a la alcaldía de Villalba por el penepé, Guillermo Irizarry Rodríguez, presentó la querella en la cual señala que Aponte Rosario radicó el proyecto de la Cámara 1153 para enmendar la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores el 21 de enero pasado y ese mismo día compareció a una vista para fijar pensión en la Sala de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores en Bayamón, según el expediente electrónico de casos del Poder Judicial. De inmediato, el representante Aponte Rosario catalogó la querella como un gesto "bajuno" de sus adversarios políticos y aseguró que no está divorciado y que no atraviesa por un proceso para establecer la manutención de sus hijos. Según la querella y citando el expediente electrónico, Irizarry Rodríguez plantea que el representante inició el proceso de divorcio bajo la causal de ruptura irreparable el 20 de diciembre de 2021. El representante por el Distrito 26, que comprende los municipios de Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo, está casado y tiene dos hijos, de acuerdo a su biografía oficial. "Las actuaciones del representante Aponte Rosario resultan en un claro conflicto de interés, al representante ser directamente beneficiado del resultado de la presentación, discusión y eventual aprobación del Proyecto de la Cámara 1153", argumenta Irizarry Rodríguez. "A pesar, de que no se llevó a votación final la medida, su mera presentación, el participar activamente en la discusión de la medida, presentar enmiendas y votar en los referéndums relacionados, son acciones claramente prohibidas por las Reglas de Ética de la Cámara de Representantes. El Representante violentó las Normas de Conducta establecidas en el Artículo 4 de la R. de la C. 326", agrega. Las Reglas de Conducta Ética de la Cámara de Representantes o Resolución de la Cámara 326 establecen que ningún representante llevará a cabo acciones o actividades que resulten en un conflicto de interés o que pueda crear la apariencia sobre la existencia de un conflicto de interés. La medida de la autoría de Aponte Rosario proponía enmendar la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores para establecer que en ningún caso la pensión alimentaria fijada será mayor del 40% del ingreso neto del alimentante y para reducir la edad de 21 a 18 años de los menores que tienen derecho a recibir manutención. La medida no bajó a votación en la Cámara el pasado 31 de mayo como estaba previsto porque no contaba con los votos para su aprobación. "Para dejar meridianamente claro que es una querella absurda y frívola que está partiendo de unas premisas equivocas porque yo ni estoy divorciado, ni tengo caso de pensión o de alimentos ni nada que se parezca. Partiendo de la premisa de que yo no estoy divorciado y que yo no tengo pensiones alimentarias ya podrás incontrovertiblemente darte cuenta que la querella carece de sustancia y hechos para establecer alguna imputación", apuntó el representante Aponte Rosario. Aponte Rosario, quien preside la Comisión de lo Jurídico que evaluaba la medida de las pensiones, no entró en detalles de su vida familiar y pidió proteger la identidad de su pareja e hijos por tratarse de personas privadas, que no se benefician de ninguna manera de la gestión pública. Pero el expediente electrónico del Poder Judicial consigna que el caso de familia del representante está inactivo en este momento y que una segunda vista para fijar pensión pautada para 11 de febrero de 2022, datos que sugieren que desistió de la separación. El abogado y representante también defendió la medida para enmendar las pensiones alimentarias, que recibió el rechazo del Departamento de la Familia, y el derecho de los representantes de presentar legislación cercana a sus intereses. Además, indicó que Irizarry Rodríguez estaba siendo investigado por colocar a sus familiares en posiciones en el Departamento de Educación. Irizarry Rodríguez ocupa un puesto de confianza en la Región Educativa de Ponce. Señaló que desde que perdió las elecciones se ha dedicado a "fiscalizar" al Partido Popular Democrático y que tiene más de 12 años en el servicio público. Según dijo, tiene un doctorado en psicología industrial y una maestría en política pública. "Lo que mueve es que este señor desde que llegó a la Legislatura lo que ha demostrado es ser una persona déspota que se ha dedicado a perseguir mi familia haciendo comunicados y ofreciendo conferencias de prensa con información falsa y que llega un momento de ponerle un detente a esta persona", explicó Irizarry Rodríguez sobre las razones para la querella.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó una querella que pesaba en contra del exalcalde de Corozal, Sergio Torres Torres, relacionada a la compra de una finca en el ayuntamiento, pero mantiene otras acciones bajo investigación. En un parte de prensa, el Panel informó que acogió la recomendación del Departamento de Justicia. Detalló que el trámite inició cuando el entonces ayudante especial del Alcalde, Juan Díaz Rivera, presentó una querella ante la Oficina de Ayuda al Ciudadano de Justicia. Aunque tras examinar el expediente sobre la investigación preliminar de Justicia, el Panel concluyó que no existe prueba que pudiera demostrar la comisión de delito, subrayó que no escapa a la atención que se utilizó más de $1 miIlón del pueblo de Corozal para comprar una finca con unos supuestos fines agrícolas que nunca se materializaron. Ante ello, el Panel consideró que copia del expediente de este asunto debe ser remitido a la Oficina de Ética Gubernamental. Esto, a fin de que sea examinado bajo el derecho aplicable, a la luz de su ley habilitadora”, puntualiza la Resolución. En su alegato ante Justicia, Díaz Rivera sostuvo que el exalcalde Torres Torres había adquirido, en representación del Municipio de Corozal, una finca por $790,000 a sobreprecio y sin que mediara fin público alguno. La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) realizó la investigación preliminar, cuyos resultados y recomendaciones dieron base al referido de ese departamento al PFEI. El informe de la DIPAC hace constar que, como parte de su pesquisa se tomaron declaraciones juradas, subpoenas y entrevista. También se realizó una inspección ocular del terreno en controversia. Entre los entrevistados figuraron funcionarios y legisladores municipales, tasadores privados y del CRIM, y oficiales de la corporación que vendió el terreno al municipio de Corozal. Como resultado de esas entrevistas, junto a otras instancias investigativas, se precisó la información y documentación relacionada con aspectos legales y de tasación en el mercado sobre propiedades. Asimismo, las normas sobre la utilización de fondos federales y los trámites realizados en el municipio de Corozal, en cuanto a la compraventa del solar de referencia. Al final de esa etapa investigativa —que identificó, por ejemplo, diversidad de opiniones sobre el uso del terreno—, no surgió evidencia sobre la comisión de delitos en la transacción de la aludida compraventa. En su Resolución, el Panel expresó que el Secretario de Justicia acogió la recomendación de la DIPAC de que no existe causa suficiente para creer que el exalcalde Torres Torres cometiera delito bajo las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico. Por ello, recomendó al Panel que no se designara un FEI en este caso. “La querella presentada contra el exalcalde Torres Torres está fundamentada en dos premisas. Primero, que la finca se compró a sobreprecio y, segundo, que la compra de la finca no persiguió un fin público. Estudiado el expediente, concluimos que no hay prueba en el mismo que pueda demostrar, más allá de duda razonable, Ia comisión de delito”, concluyó el Panel en su Resolución. Agregó el documento que el Panel, al acoger la recomendación del Secretario de Justicia de no nombrar un FEI en este caso y por los fundamentos antes expuestos, ordena su archivo de la querella.