⚾ La República Dominicana enfrenta un escrutinio sobre apuestas ilegales en el béisbol tras el arresto de los lanzadores Emmanuel Clase y Luis Ortiz por supuestos sobornos. 💵 Se les acusa de aceptar pagos de apostadores deportivos para manipular ciertos lanzamientos, presuntamente embolsándose al menos $460,000. 📊 El país cuenta con unas 3,500 casas de apuestas legales, pero las autoridades advierten que existen muchas más ilegales, lo que complica la regulación del sector. 🏛️ Legisladores dominicanos debaten la creación de una nueva entidad para supervisar y sancionar el juego, en medio de la polémica que involucra a figuras del béisbol y exfuncionarios del sector. 🤑 ¿Qué medidas podrían tomarse para evitar casos como los de los lanzadores dominicanos? Fuente: The Associated Press

📜 Aunque el Departamento de Educación atiende regularmente peticiones de información de las autoridades, el secretario Eliezer Ramos no soltó prenda si entre esas solicitudes se ha colado algún requerimiento federal relacionado con el exsubsecretario y ahora senador Héctor Joaquín Sánchez. 🕵️‍♂️ "Hay multiplicidad de investigaciones que el Departamento de Educación atiende, de la Oficina del Contralor, del FBI, de la OIG estatal y federal. Yo no voy a entrar en detalles de ningún asunto que se esté moviendo. De esta pesquisa en particular, no tengo detalles de lo que esté pasando. No puedo afirmar ni negar que, en efecto, hay una pesquisa en contra de exfuncionarios del Departamento de Educación", afirmó Ramos. 📰 La semana pasada, el Centro de Periodismo Investigativo reveló que las autoridades federales investigan a Sánchez por solicitar sobornos a contratistas de Educación. Posteriormente, Cuarto Poder (WAPA-TV) confirmó la información y El Nuevo Día divulgó detalles del acuerdo de colaboración de uno de los contratistas involucrados en la investigación. ❓ “Si las autoridades federales solicitan información a la agencia, ¿a usted no se lo informan?”, insistió este medio. ⚖️ "No voy a hablar en detalles de cosas que puedan estar en curso, que puedan estar dándose ahora mismo y sobre las que se pueda especular o llegar a conclusiones. Todos los días recibimos requerimientos de información de las distintas agencias. Estamos hablando de una agencia con 45,000 empleados, una estructura sumamente grande y transacciones millonarias diarias", respondió Ramos.

🚨La Fiscalía Federal se opuso a una petición de la exrepresentante María Milagros "Tata" Charbonier para aplazar su ingreso a prisión. ⏳ La convicta debe entregarse al Buró Federal de Prisiones el 10 de julio, pero su defensa solicitó a la jueza Silvia Carreño Coll retrasar su entrega hasta que resuelva su reclamo para permanecer libre bajo fianza durante el proceso de apelación al veredicto. ⚖️ En su moción, los fiscales María Montañez, Kathryn Fifield y Jonathan Jacobson argumentaron que la petición no cumple con los criterios necesarios para ser concedida y que debe empezar a cumplir su pena de cárcel. 📅 El pasado 17 de mayo, Carreño Coll la sentenció a 8 años de prisión, pero le permitió entregarse voluntariamente hasta que se le asignara una prisión. Charbonier pidió cumplir la condena en el campamento correccional de Bryan en Texas, estado donde vive su hija. 👩‍⚖️ Cuatro meses antes, un jurado encontró culpables a Charbonier y a su esposo Orlando Montes de quedarse con una parte del salario de la empleada legislativa Frances Acevedo, quien se declaró culpable previo al inicio del juicio de su antigua jefa. 💸 Según la evidencia presentada en el proceso judicial, Charbonier infló el salario de su entonces empleada hasta alcanzar los $8,000 mensuales y cobró "kickbacks" en efectivo o mediante transacciones electrónicas. 💰 Por medio de este esquema, Charbonier y su esposo se apropiaron de más de $100,000 en fondos públicos, de acuerdo con la prueba. 🏥 Carreño Coll sentenció a Montes a 4 años y 9 meses de prisión, pero aplazó la fecha de su entrega por un término de tres meses debido a la condición de salud de sus padres, a quienes tiene bajo su cuidado. ¿Qué te parece la petición de Charbonier? Fuente: El Nuevo Día

El banquero venezolano Julio Herrera Velutini no ha perdido las ganas de tuitear aunque pesa en su contra una orden de arresto desde hace más de una semana por montar un esquema de sobornos para influenciar a políticos criollos con el fin de descarrilar una auditoría de Bancrédito International Bank & Trust. A diario, el prófugo de 50 años comparte a través de su cuenta de Twitter noticias o comentarios sobre la realidad en Gran Bretaña, país donde se encontraba el pasado 4 de agosto cuando un gran jurado federal autorizó la acusación que le imputa sobornar a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced a cambio de la destitución del entonces comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner. Ayer, por ejemplo, posteó una historia sobre el huelga de los conductores de trenes en Reino Unido y como desembocará en un aumento en la tarifa. En la víspera, compartió una historia sobre el primer aumento en 14 años que sufre el menú de McDonald's y destacó que ahora el cheeseburger vale más. Desde que las autoridades federales anunciaron que lo buscan ha compartido historias de economía y política, dos temas que le tocan de cerca. Medios ingleses han reportado que Herrera Velutini es uno de los principales donantes del partido conservador británico. Fue también uno de los auspiciadores del Jubileo de Platino o la celebración de los 70 años de la coronación de la reina Isabel II. La mayoría de sus "posts" del banquero no tienen comentarios. Pero los mensajes que publicó el 4 y 5 de agosto cuentan con comentarios sobre la acusación federal que enfrenta en Puerto Rico. Algunos cibernautas le preguntan cuándo viajará al archipiélago para entregarse. Otros le comparten extractos del comunicado de prensa del Departamento de Justicia, que contiene detalles de la acusación, y se lo vacilan. El pasado 4 de agosto, agentes federales arrestaron a Vázquez Garced en su residencia en San Juan. Cinco días más tarde el exagente del Negociado Federal de Investigaciones, Mark Rossini, viajó de España a Puerto Rico para entregarse en las autoridades federales. Los tres acusados enfrentan siete cargos por conspirar para cometer fraude. En síntesis la acusación federal, alega que el banquero contrató una firma de consultoría inglesa a la que pagó más de $300,000 para realizar trabajo de investigación y asesorar a Vázquez Garced en sus campaña primarista de 2020. Rossini era un consultor del banquero y sirvió de intermediario con la firma de consultoría política. Solo queda pendiente el arresto de Herrena Velutini, quien también ha esquivado a las autoridades venezolanas, según el periódico El Nacional. El día del arresto de Vázquez Garced, la fiscalía federal indicó que el banquero -de origen venezolano y ciudadano italiano- se encontraba en Inglaterra y que iniciaría el proceso de extradición.

El exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, cumplirá 24 meses de prisión tras confesar su participación en el esquema de sobornos que involucra la empresa de recogido de basura, Waste Collection, y su otrora presidente Oscar Santamaría Torres. Arroyo Chiqués es el primer alcalde o funcionario público sentenciado por esta pesquisa federal en curso. El hombre, de 56 años, se entregará voluntariamente a las autoridades y tras cumplir el término de cárcel estará durante dos años bajo libertad supervisada. En la vista de imposición de sentencia, que se celebró esta tarde mediante videoconferencia, el abogado Ernesto Hernández Milán impugnó con éxito la petición de sentencia del ministerio público, que pedía 46 meses de prisión, y aseguró que Arroyo Chiqués ofreció "cooperación sustancial" al implicar en este esquema de corrupción a los dueños de J.R Asphalt, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas. Según el abogado, Arroyo Chiqués también ofreció información sobre una reunión en la que estuvo el exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, quien es investigado por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, y el ahora exalcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez, arrestado el mes pasado por agentes del FBI. Hernández Milán contó que en esa reunión se discutió que Arroyo Chiqués firmaría el contrato de la empresa de recogido de basura antes de dejar el cargo y se garantizó la continuidad del esquema con la presencia del candidato y próximo alcalde de Aguas Buenas a partir del 2017. "El ofreció todo lo que sabía el primer día que se reunió con los agentes federales y el ministerio público. Después de esto, en menos de dos semanas se declaró culpable", apuntó el Hernández Milán. "El gobierno me dijo que no lo va a aceptar como un testigo, pero eso no borra que él proveyó cooperación sustancial. Si el gobierno rehúsa presentar una moción que reconozca la cooperación sustancial o una moción de válvula de seguridad, hay jurisprudencia que establece que la defensa puede pedir ese remedio", agregó. La defensa abogó a favor de una sentencia suspendida. La jueza Silvia Carreño Coll no acogió la recomendación del ministerio público, que la semana pasada presentó un memorando suplicando a la togada la pena de 46 meses para que enviara un mensaje inequívoco para disuadir a otras personas de incurrir en este tipo de conducta. Aunque imponer la sentencia, Carreño Coll indicó que no existían documentos que consignaran un acuerdo de colaboración con el ministerio público, recalcó que en este caso ameritaba apartarse de las guías de sentencia y de la recomendación de la Fiscalía Federal. Previo a dictar la sentencia de 24 meses de prisión, la togada repasó los detalles de la alegación de culpa, las condiciones médicas del exalcalde popular y mencionó las cartas que recibió de amigos, vecinos y excompañeros de trabajo pidiendo indulgencia para el ahora convicto. "Estas personas creen que usted se puede rehabilitar y que todavía puede contribuir mucho a la sociedad", apuntaló. Antes de escuchar la sentencia, Arroyo Chiqués pidió disculpas a los ciudadanos de Estados Unidos y de Puerto Rico por sus acciones. "Pido perdón a la gente de Aguas Buenas", afirmó en una breve alocución. En su memo la semana pasada, el fiscal federal Nicholas Cannon consignó que Arroyo Chiqués se comunicó con las autoridades federales antes de que tocaran a su puerta y luego de las alegaciones de culpa y acuerdos de colaboración del exalcalde de Cataño, Félix "El Cano" Delgado Montalvo, de Santamaría Torres y del presidente de J.R. Asphalt, Raymond Rodríguez Santos. Ninguno ha sido sentenciado todavía, pero se exponen a un máximo de 5 años de cárcel. Hoy, Cannon planteó que el exalcalde popular se benefició del acuerdo puesto que solo se declaró culpable por un delito y debido a que el ministerio público limitó el periodo de la conspiración a un año, del 2016 al 2017. "No anticipamos que él va a continuar cooperando de ninguna manera, pero sí reconocemos que aceptó responsabilidad total por sus acciones", señaló el fiscal. Pero no objetó la decisión de la jueza de imponer una sentencia más leniente, ni que Arroyo Chiqués se entregara de forma voluntaria. De manera sorpresiva, Arroyo Chiqués se declaró culpable el pasado 16 de diciembre de negociar un soborno mensual de $5,000 a cambio de otorgar un contrato de 10 años a Waste Collection. El ahora convicto firmó el contrato en su último año como alcalde. Según la denuncia y el documento de aceptación de culpa, Arroyo Chiqués, quien dirigió los destinos de Aguas Buenas del 2005 al 2017, comenzó a recibir el pago ilegal en efectivo en el 2016. Los pagos continuaron hasta junio del 2021 y después de su retiro de la política.

Antes de que tocaran a su puerta, el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués se comunicó con las autoridades federales para confesar su participación en el esquema de sobornos que involucra a la empresa de recogido de basura, Waste Collection, y su otrora presidente Oscar Santamaría Torres. El detalle aparece en el memorando de sentencia que presentó esta semana la fiscalía federal de cara a la vista de imposición de sentencia, que debía celebrarse hoy. El trámite quedó aplazado para el próximo 6 de junio. "A fines de 2021, luego de varios arrestos de alto perfil, el Sr. Arroyo se comunicó con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Puerto Rico a través de un abogado para discutir sus opciones y su papel en el esquema de soborno", indica el documento presentado por el fiscal federal Nicholas Cannon a nombre de Corey Amundson, jefe de la División de Integridad Pública del Departamento de Estado en Washington. De manera sorpresiva, Arroyo Chiqués se declaró culpable el pasado 16 de diciembre de negociar un soborno mensual de $5,000 a cambio de otorgar un contrato de 10 años a Waste Collection. El ahora convicto firmó el contrato en su último año como alcalde. Según la denuncia y el documento de aceptación de culpa, Chiques Arroyo, de 56 años, comenzó a recibir el pago ilegal en efectivo en el 2016. Los pagos continuaron hasta junio del 2021. En el memo, de 6 páginas, Cannon reiteró la propuesta del ministerio público para que la jueza Silvia Carreño Coll sentencie a Arroyo Chiqués, quien tras su retiro de la política reside en Rincón, a 3 años y 10 meses de prisión. El fiscal apunta que aunque la evidencia no sugiere que Arroyo Chiqués presente un riesgo de reincidencia, la sentencia debe enviar un mensaje inequívoco para disuadir este tipo de conducta. "Específicamente, la sentencia de la Corte debe dejar claro que 'que el soborno es un delito grave que conlleva un castigo grave'", argumenta. Previo a la alegación de culpa y convicción de Arroyo Chiqués, el exalcalde de Cataño, Félix "El Cano" Delgado, el contratista Oscar Santamaría Torres y el presidente de J.R. Asphalt Raymond Rodríguez Santos se declararon culpables por participar en ese esquema de sobornos. La fiscalía federal también acusó al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, Mario Villegas Vargas, codueño de J.R. Asphalt y el vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona. Al ofrecer detalles de los primeros arrestos y convicciones de esta amplia pesquisa sobre corrupción pública, el fiscal federal W. Stephen Muldrow y el jefe del FBI en la Puerto Rico, Joseph González han exhortado a los implicados en este esquema a levantar las manos antes de que las autoridades toquen a su puerta. En ese llamado, han recalcado los beneficios de colaborar. Actualmente, Arroyo Chiqués se encuentra libre bajo fianza.

El alcalde de Humacao, Reinaldo Vargas Rodríguez, y el alcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez, recibieron sobornos a cambio de extender contratos gubernamentales a Waste Collection y J.R. Asphalt, informó hoy el fiscal federal, W. Stephen Muldrow. Los dos alcaldes del Partido Nuevo Progresista recibieron "kickbacks" en efectivo. Muldrow no identificó las empresas, pero ambos ayuntamientos tenían contratos con Waste Collection y J.R. Asphalt, dos empresas identificadas previamente por esquemas de sobornos en Cataño y Guayama. Confrontado con la posición oficial de la Fiscalía Federal de no identificar a las partes mencionadas en las acusaciones, Muldrow señaló que las acusaciones de hoy forman parte de la misma pesquisa de corrupción pública. En rueda de prensa, luego de que agentes federales arrestaron esta mañana a ambos ejecutivos municipales, Muldrow indicó que Vargas Rodríguez recibió "al menos" $15,000 entre marzo y abril del 2021 para garantizar los contratos y agilizar el pago de facturas de la empresa de recogido de basura y de la asfaltera. García Pérez, por su parte, recibió al menos $32,000 en sobornos entre agosto 2020 y septiembre de 2021 para garantizar los contratos de ambas empresas y el pago ágil de sus facturas. Ayer, un Gran Jurado emitió una acusación en contra del alcalde de Aguas Buenas en la cual imputa cuatro cargos: conspiración para recibir pagos ilegales, dos cargos de soborno y extorsión. La acusación contra el alcalde de Humacao imputa tres cargos: conspiración para recibir pagos ilegales, soborno y extorsión. "Según la acusación, García Pérez estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la cual desde el 2017 hasta el 2021 recibió y aceptó pagos en efectivo de parte de dos contratistas a cambio de estos pagos el alcalde acordó otorgar y retener contratos para las respectivas compañías de los contratistas", afirmó Muldrow. "Según la acusación, Vargas Rodríguez estuvo involucrado en una conspiración de soborno desde enero hasta julio 2021 recibió y aceptó pagos en efectivo de parte de dos contratistas a cambio de esos contratos", añadió. Ambos alcaldes se exponen a penas de 5 a 20 años de cárcel. El arresto de García Pérez ocurre a poco más de cuatro meses de que su predecesor del opositor Partido Popular Democrático también se declarara culpable de recibir sobornos que pactó mientras era alcalde para recibirlos tras dejar el cargo, como una especie de fondo de retiro. En diciembre, Luis Arroyo Chiqués se declaró culpable de recibir alrededor de $270,000 en comisiones ilegales, que cobró durante más de cuatro años a cambio de otorgar un contrato a la compañía de recogido y disposición de basura, Waste Collection, del ahora convicto Oscar Santamaría Torres.

El alcalde Guayama, Eduardo Edgardo Cintrón Suárez, presentó su carta de renuncia antes de declararse culpable esta tarde de un cargo por aceptar sobornos a cambio de aprobar facturas y otorgar contratos del ayuntamiento a una compañía de asfalto. También dimitió a la presidencia del Comité Municipal del Partido Popular Democrático y al puesto que ocupaba en la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Cintrón Suárez colgó un mensaje en sus redes sociales, luego de admitir que recibió sobornos que excedieron los $40,000, de una persona vinculada a una empresa de asfalto, que tituló "Perdón Guayama". El ahora convicto alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Federal y esta tarde se presentó ante la jueza Silvia Carreño Coll en compañía de la abogada María Domínguez para una vista de cambio de alegación de culpa. ""Me dediqué al servicio público. Ayudé al prójimo y estuve para el que me necesitó en lo que estuvo a mi alcance! Pero, fallé, cometí un grave error del cual me arrepiento profundamente! Quisiera darle para atrás al tiempo y no haber hecho nada impropio, pero sé que es imposible", afirmó en el mensaje. "Me aparté de los valores que me inculcaron mis padres, a quienes les pido perdón! Le he pedido perdón a Dios, quien en su inmensa misericordia me acompaña en este difícil proceso. Le pido perdón a mis hijos, a mis nietas, a mis hermanos, primos, sobrinos, cuñados, a mi suegra, en fin, a toda mi familia. También le pido perdón a mis compañeros de trabajo del Municipio de Guayama y del Programa Head Start y Early Head Start, asesores, a mis colegas alcaldes y alcaldesas, los correligionarios del PPD, a mis amigos, a mis compadres y ahijados, a la comunidad cristiana, a la comunidad deportiva, a los lideres cívicos, líderes de barrio y funcionarios de colegio que cuidaron mis votos, a los que depositaron su confianza en mi y hoy se sienten decepcionado con mi errada e injustificada conducta!", agregó. Afirmó que hoy cerraba un capítulo en su vida, pero esto no constituye el final del libro. Luego de la mea culpa, informó la renuncia a los cargos. El pasado 18 de marzo, el ahora convicto exalcalde desmintió a través de esa misma cuenta de Facebook que fuera a dejar el puesto que había ocupado desde el 2013 luego de que trascendió que era investigado por las autoridades federales por supuestamente recibir sobornos a cambio de otorgar contratos a la empresa J.R. Asphalt Inc. en un esquema que corrupción gubernamental que se replicó en otros ayuntamientos. Hoy, durante la vista el fiscal Seth Erbe no identificó la empresa, pero su convicción y renuncia calcan el mapa que hay dibujó el exalcalde de Cataño, Félix "El Cano" Delgado Montalvo, cuya renuncia y convicción en noviembre pasado inició una larga ronda de arrestos y convicciones relacionados a esquemas de sobornos atados al otorgamiento de contratos gubernamentales. Esos esquemas involucran a J.R Asphalt y otras empresas del convicto y ahora expresidente de Waste Collection, Oscar Santamaría.

El alcalde de Guayama, Eduardo Edgardo Cintrón Suárez, se declaró culpable esta tarde de un cargo por conspirar para recibir sobornos a cambio de aprobar facturas y de extender contratos gubernamentales a una empresa de asfalto. Como parte del acuerdo y la alegación del culpa, Cintrón Suárez aceptó ante la jueza federal Silvia Carreño Coll que recibió de la empresa una iguala que consistía en cobrar $1 por cada metro cuadrado del asfalto nuevo que la empresa colocó en el ayuntamiento. Según el fiscal Seth Erbe, Cintrón Suárez recibió más de $40,000 en "kickbacks" o pagos ilegales de parte del individuo A. El ministerio público recomendó una pena de cárcel de 46 meses de cárcel. "No recibimos un descubrimiento de prueba formal, pero el gobierno compartió información durante el proceso de negociación. Estamos convencidos de que el gobierno tiene en su posesión suficiente evidencia e información para apoyar esta alegación de culpa", afirmó la licenciada María Domínguez durante la vista, que se celebró mediante video conferencia. El acuerdo contempla que Cintrón Suárez, de 64 años, no apelará la sentencia, ni la convicción. El alcalde quedó libre bajo fianza. "Con profundo pesar, me declaro culpable", afirmó el alcalde. La jueza Carreño Coll solicitó el informe presentencia, mientras que Cintrón Suárez tendrá que presentarse ante el oficial de probatoria y la oficina de los Marshall's este lunes. Tan pronto trascendió la información de la alegación de culpa, el secretario general del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Burgos, informó la colectividad destituía a Cintrón Suárez de la presidencia del Comité Municipal y de su cargo como miembro de la Junta de Gobierno de forma inmediata. "Mi llamado es a que renuncie a la alcaldía para que de paso a un proceso de elección en este municipio como lo establece la ley”, indicó en declaraciones escritas. El pasado 18 de marzo, el ejecutivo municipal desmintió a través de la red social de Facebook que fuera a dejar el puesto que ha ocupado desde el 2013 luego de que trascendió que era investigado por las autoridades federales por supuestamente recibir sobornos a cambio de otorgar contratos a la empresa J.R. Asphalt Inc. en un esquema que de corrupción gubernamental que se replicó en otros ayuntamientos. En la vista de esta tarde, no se mencionó el nombre de la empresa. Desde el 2013, la empresa amasó contratos con la llamada Ciudad Bruja que totalizaron $3.3 millones, según la página del Contralor. Los últimos dos fueron cancelados el 6 de diciembre en medio de la pesquisa federal por corrupción gubernamental. Ya el exalcalde de Cataño, Félix "El Cano" Delgado Montalvo alcanzó un acuerdo y se declaró culpable por recibir sobornos mientras regentaba los destinos del municipio. Actualmente, J.R. Asphalt se encuentra en proceso de disolución. Su presidente Raymond Rodríguez Santos procuró un acuerdo con la fiscalía federal y se declaró culpable de cargos de soborno el 30 de noviembre ante el juez federal Raúl Arias Marxuach. Ese mismo día Delgado Montalvo y el contratista Oscar Santamaría Torres, ahora expresidente de Waste Collection, también hicieron admisión de culpa. Pero el 2 de diciembre el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) arrestó a Mario Villegas Vargas socio de Rodríguez Santos luego que un Gran Jurado presentó una acusación en su contra por conspirar para sobornar al entonces alcalde de Cataño, quien concedió contratos a al empresa de asfalto que casi totalizaron los $10 millones. Antes de ocupar el cargo de alcalde de Guayama, Cintrón Suárez ocupó diversos puestos en el ayuntamiento. Desde marzo de 2005 hasta diciembre de 2008 fue asesor auxiliar en Asuntos Municipales en La Fortaleza. Fue electo alcalde el 6 de noviembre de 2012. Tan pronto comenzaron los rumores de su renuncia, comenzaron a surgir nombres de posibles sustitutos. Por ejemplo, se menciona al representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo como una las personas interesadas en ocupar la poltrona municipal. El martes pasado, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente archivó un caso que involucraba al alcalde y a la directora de finanzas municipal relacionado a supuestas irregularidades en el otorgamiento de un contrato a una compañía de recogido y disposición de desperdicios sólidos. Pero remitió el informe a la contralora Yesmín Valdivieso para que evalúe si hubo irregularidad en cuanto a los pagos efectuados por el municipio y determine si procede alguna acción de recobro por los pagos efectuados.

Las autoridades federales aseguraron hoy que se mantiene activa la pesquisa relacionada a los esquemas de sobornos a políticos a cambio de contratos gubernamentales, pero guardaron silencio en torno a otra investigación sobre los tentáculos de los Comités de Acción Política (PAC) de algunos políticos. "Nosotros seguimos investigando ese tipo de caso y como decimos, 'stand by' (sigan atentos)", afirmó el jefe de la Fiscalía federal en la isla, Stephen Muldrow. La pregunta en torno al aparente estancamiento de la investigación, que desembocó en el arresto del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero y la acusación del exalcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, surgió en el contexto de una conferencia de prensa para anunciar una recompensa de $25,000 a la persona o personas que ofrezcan información que permita a la Fiscalía federal acusar a las personas que mataron a Alexa Negrón, la mujer transgénero asesinada en Toa Baja, en 2020. ¿Va a haber acción o no va a haber acción?, preguntó la prensa. "Si no hay acción, no estamos haciendo nuestro trabajo. Es nuestra misión para un Puerto Rico más seguro", apuntaló Joseph González, jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) . En noviembre pasado, Delgado Montalvo alcanzó un acuerdo con el ministerio público y se declaró culpable de recibir sobornos del empresario Oscar Santamaría Torres, quien también logró otro acuerdo de colaboración con las autoridades federales. Posterior a esas convicciones, el FBI arrestó a Pérez Otero por participar en un esquema de sobornos a cambio de otorgar contratos del municipio de Guaynabo. Pero hoy, el dúo no soltó prenda sobre informaciones de que dirigen una pesquisa relacionada a los comités de acción política de varios políticos. La semana pasada, Las Noticias (TeleOnce) reportó que como parte de esa investigación, el FBI examinó el celular de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y de una ayudante suya. Según los informes de prensa, el FBI investiga si existe algún vínculo entre varios comités de acción política y la presentación de legislación o la otorgación de contratos gubernamentales posterior a la elección general del 2020. También indaga sobre los donativos de personas extranjeras tratando de influir en las elecciones de Puerto Rico. "Como es normal no vamos a comentar, confirmar o negar la existencia de una investigación", respondió González a preguntas de Cuarto Poder (WAPA-TV). ¿Esa investigación sobre los comités de acción política está bastante adelantada?, insistió la prensa. "No confirmamos ni negamos la existencia", respondió el jefe del FBI.