El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan rechazó hoy una petición del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para que las comisiones locales, que operan con balance electoral, revisen las transacciones electorales que las personas realizan a través del Registro Electrónico de Electores, conocido como el sistema digital eRE.
En síntesis la comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte Dones solicitó que el rol de recibir, de cotejar y de aprobar las transacciones recayera sobre las comisiones locales en vez de las oficinas de Unidad de Control de Calidad y Exclusiones y la Junta Especial, ambas adscritas a la Oficina de Secretaría de la Comisión Estatal de Elecciones. Contrario a las comisiones locales que tienen representación de todos los partidos, la Unidad de Control y la Junta Especial operan con balance institucional o representación del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático.
Al impugnar una resolución del expresidente, Francisco Rosado Colomer, Aponte Dones también exigió que se nombraran funcionarios de todos los partidos para participar del proceso de validación de las transacciones electorales de mantenerse esta tarea en manos de la Unidad de Control y de la Junta Especial. Apoyó este reclamo en el precedente que estableció el caso Aponte Berríos v. Rosado Colomer.
Sin embargo, el juez Cuevas Ramos desestimó su demanda al concluir que la nueva reglamentación de la CEE para moverse a un entorno digital no violenta el Código Electoral y tampoco despoja a las comisiones locales de los deberes asignados por el propio estatuto electoral.
“A diferencia del caso de Aponte Berrios, en este caso no se le está denegando un derecho al que estos pudieron razonablemente concluir habían adquirido, puesto que el Código Electoral del 2011 no establece que estos tienen derecho a participar de una revisión preliminar sobre los documentos que presenta un elector cuando este desea llevar a cabo una transacción electoral”, apuntó Cuevas Ramos.
“Estos tienen derecho a participar del proceso de evaluación final que se establece en la ley y que continúa como siempre se ha llevado a cabo en las Comisiones Locales pertinentes, aunque la solicitud de transacción se haya llevado a cabo mediante el sistema eRE. Por lo tanto, no nos parece correcto que extendamos aún más lo que determinamos en el caso de Aponte Berríos a esta situación, puesto que los partidos minoritarios aún tienen el derecho de evaluar las transacciones en las Comisiones Locales”, añadió.
Mira el documento aquí: Sentencia MVC
