La jueza Iraida Rodríguez Castro del Tribunal de San Juan encontró causa para el arresto de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, en dos de las 24 denuncias que presentó en su contra la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI). Ninguna tiene que ver con delitos contributivos.

Pero no encontró causa para el arresto de su mamá Rita Molinelli Freytes, quien enfrentaba 17 denuncias, ni en contra de la corporación Ocean Front Villas, que encaraba 10.

De las 51 denuncias presentadas contra las tres imputadas por participar en un supuesto esquema de evasión contributiva de $2.6 millones, solo sobrevivieron dos denuncias por un cargo de perjurio y otro de falsedad ideológica por omitir en los informes financieros que radicó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que ocupó el cargo de presidenta, vicepresidenta y tesorera de Ocean Front Villas hasta el 2021.

Inmediatamente los fiscales Ramón Mendoza Rosario, Miguel Colón Ortiz, Zulma Fúster Troche y Leticia Pabón Ortiz informaron que acudirán en alzada.

La jueza Rodríguez Castro fijó una fianza de $2,000 ($1,000 por cada cargo) y pautó la vista preliminar para el 26 de junio. La legisladora tendrá que acudir mañana a la oficina del OPFEI para el trámite del fichaje.

Los fiscales especiales independientes presentaron dos testigos: Héctor Bladuell Viera, director auxiliar de Auditoría de la OEG y Jossian Serrano Dávila, un auditor en contribuciones del Departamento de Hacienda.

Bladuell Viera declaró que la legisladora presentó dos informe financieros del 2020 y 2021. En el informe financiero de toma de posesión identificó dos propiedades en Humacao, un apartamento en Villa Crescent Cove ($280,000) y otro en Beach Villa ($180,000). Pese a que identificó el valor de las propiedades, la legisladora no informó deuda, ni pago anual al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Tampoco divulgó su participación en la corporación Ocean Front, la Brigada Legal Solidaria, la Coalición contra la Pena de Muerte y Greater Caribbean. Ni informó ingresos adicionales por concepto de alquiler, ni ayuda de familiares.

La división de Auditoría identificó tres hallazgos y debido a la falta de información remitió el informe a la Cámara de Representantes sin el sello de firma de la agencia.

Blaudell Viera también explicó que aunque la legisladora solicitó enmendar el informe no se le permitió porque su cuenta se desactivó ante el inicio de la investigación. La representante finalmente enmendó su primer informe para atender los hallazgos de la OEG el 2 de febrero de 2023.

El segundo testigo de cargo, el auditor de Hacienda, Jossian Serrano Dávila, indicó que evaluó las cuentas bancarias y las planillas de contribución de ingresos del 2017 al 2021 de las tres testigos. Afirmó que como parte de ese análisis utilizó el método de incremento de capital y el método indirecto para comparar depósitos con las planillas radicadas.

De ese examen, dijo que descubrió un esquema en el cual la mamá de la legisladora pagaba el CRIM, el mantenimiento y los gastos de agua y luz de las dos propiedades de su hija. Pero además, de acuerdo a su análisis, esas dos propiedades generaban un ingreso que la legisladora no reportó en sus planillas.

En una gráfica con un cálculo consolidado, Serrano Dávila aseguró que las imputadas generaron un ingreso no reportado de $2.6 millones y dejaron de pagar $1.4 millones en contribuciones. Calculó que las propiedades de la legisladora y de Ocean Front tenían un valor de $5.5 millones y que las propiedades se utilizaban para alquiler a corto plazo.

Pero a preguntas de las defensa sobre el alcance de su examen reconoció que solo había evaluado un contrato de alquiler de una de las propiedades de Nogales Molinelli y que nunca procuró entrevistar a la legisladora o su contable para tener un cuadro completo de sus finanzas. Señaló también que realizó una investigación y no auditoría de los estados financieros de las tres imputadas.

También desconocía si existía un acuerdo de usufructo entre la legisladora y su madre, que permitía a Molinelli Freytes alquilar las propiedades de su hija a cambio de asumir los costos de esas propiedades.

Aseguró también que todo el ingreso generado del alquiler de las propiedades debía tributarse a pesar de que la Ley 132 de 2010 o Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles exime del pago de contribuciones la renta de una propiedad que se utiliza como residencia principal. Según el análisis de Serrano Dávila las propiedades de la legisladora se usaban para alquiler a corto plazo.

Además, el testigo admitió que Hacienda nunca informó a las tres imputadas que existían deficiencias en sus planillas de contribución de ingresos. Al contrario, los licenciados José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto García y Frank Torres Viada presentaron certificaciones negativas de deuda de las pasadas semanas.

Una vez culminada la presentación de prueba del ministerio público, la defensa sentó a declarar a su perito Ángel Marzán Santiago, un licenciado y CPA, que dirigió la secretaría de Rentas Internas bajo la incumbencia de Melba Acosta Febo en Hacienda. El perito examinó las planillas de las imputadas, libros corporativos, estados bancarios, escrituras, contratos de arrendamientos y entrevistó al contable de la legisladora y su progenitora.

De entrada, el perito de la defensa cuestionó la investigación realizada por el auditor de Hacienda por encomienda de los fiscales especiales independientes. Señaló que careció de la evaluación de documentos esenciales para concluir que Nogales Molinelli, Molinelli Freytes y Ocean Front Villas cometieron delitos contributivos.

Apuntó también que una evaluación donde no se requerían documentos  esenciales forzosamente concluye con una conclusión “errónea” y “caprichosa”.

“De ordinario, la investigación comienza en la agencia (Hacienda) y se hace una investigación exhaustiva”, afirmó para poner en entredicho el inicio de la pesquisa que surge por un referido de senadores del Partido Nuevo Progresista.

Como parte de un acuerdo de colaboración interagencial, Hacienda asignó a Serrano Dávila y al agente  de rentas internas Andrés Clarke para que trabajaran en la OPEI durante la investigación.

Marzán Santiago afirmó que cualquier agencia del Ejecutivo, como el OPFEI, debía obtener una orden de registro y allanamiento para obtener las planillas de las tres imputadas.

“Esa esa la práctica y el derecho vigente porque existe una expectativa de privacidad y está la Carta de Derechos del Contribuyente”, apuntaló.

Los fiscales especiales obtuvieron las planillas de contribución de ingresos de las tres imputadas mediante un requerimiento de información que realizó Clarke, un trámite que la defensa desde el inicio señala como ilegal porque no si siguió el trámite adecuado y violentando su derecho constitucional a la intimidad, pero que los fiscales defienden porque lo realizó un funcionario de Hacienda, la agencia con jurisdicción para el manejo de esos documentos.

“¿Es posible determinar omisión o evasión contributiva sin ver contratos de rentas?”, preguntó el licenciado Andreu Fuentes.

“Imposible hacer ese ejercicio”, respondió el perito.

Sobre las propiedades de la legisladora, Marzán Santiago explicó que su mamá adquirió ambas a través de hipotecas con Banco Popular y ahorros. También presentó dos tablas en las cuales hizo un desglose del pago del alquiler de los apartamentos. Ambos son rentados a largo plazo. Por ejemplo, el apartamento de Beach Villa se rentó a la misma persona durante 5 años.

En ambos casos, aseguró el perito, ese ingreso no tributaba debido a la Ley 132. Además apuntó que el ingreso por concepto de esa renta correspondía a Molinelli Freytes declararlo en sus planillas debido al acuerdo con su hija. Desde el 2004, existe un acuerdo de uso y disfrute que permite a Molinelli Freytes administrar y alquilar las propiedades de su hija a cambio de pagar los gastos de dichas propiedades.

Otra tabla que proyectó en sala mostró el pago de la renta declarada por Molinelli Freytes.

“Ella declaró todos los ingresos y podría enmendar sus planillas para reclamar ese beneficio de la Ley 132”, afirmó Marzán Santiago en referencia a que la mujer no reclamó la exención por renta para los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

“Pagó de más definitivamente”, añadió.

Fuera de sala los abogados de defensa celebraron la decisión de la jueza.

“Todo lo que tiene que ver con las alegaciones grandilocuentes de evasión contributiva, de fraude contributivo, se cayó. No hubo ni una ‘scintilla’ de evidencia. Todo lo que se le vendió al país de que era un fraude de millones se redujo a la insignificancia y al ridículo de un cheque de $600 para comprar sellos de rentas internas”, apuntó el licenciado Torres Viada en referencia a un cheque de Ocean Front que la legisladora depositó en su cuenta.

“Esto pone en entredicho la función de la Oficina del FEI. Estos señores radican cargos frívolos, que ustedes vieron en el contrainterrogatorio del agente de Hacienda que tuvo que admitir que no tenía nada, que todo es especulativo, que no había seguido la metodología incorrecta y que se basaba en prueba ilegalmente obtenida”, agregó.

El fiscal Mendoza Rosario indicó que el ministerio público cuenta con más prueba que utilizará cuando vaya en alzada.

“Yo creo que hubo una razón básicamente, una interpretación a nuestro juicio errónea por parte del tribunal, con el mayor de los respetos lo decimos, opino que le fundamento de su decisión es que entendió el tribunal que la obtención de las planillas fue ilegal, pero nosotros entendemos que no”, apuntó el fiscal Miguel Colón.

La vista se transmitió en vivo por medios digitales y televisivos luego de que Cuarto Poder (WAPA-TV) solicitó al Tribunal Supremo acceso para la transmisión en directo.