El Departamento del Trabajo estima que cerca de 30,000 personas cobraron el desempleo ilegalmente. Se alega que esta cantidad de personas obtuvo beneficios del desempleo mientras continuaban trabajando en medio de la pandemia. Según trascendió, 3,000 de estos trabajadores son empleados municipales, 21,000 del sector privado y entre 6,000 y 7,000 del gobierno central.
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