El Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 derrochó $167,750 por una plataforma llamada “Social Alert” que nunca pasó de la etapa de prueba y cuya adquisición se realizó sin consultar al personal de informática de la agencia, según una auditoría de la Oficina de la Contralora divulgada esta semana.
La expectativa era que Social Alert interactuara con las redes sociales y que permitiera a las personas reportar incidentes o emergencias en tiempo real a través de una aplicación móvil.
El contrato, que estaría vigente desde el 6 de mayo de 2015 hasta el 4 de mayo de 2020 y ascendía a $869,000, también contenía una “cláusula leonina” que favorecía al contratista, cuyo nombre omitió el informe de 17 páginas.
La auditoría consignó que el Negociado “no utilizó la plataforma Social Alert, debido a que nunca estuvo en funcionamiento, solo estuvo en etapa de prueba”.
Encontró también que la aplicación móvil no fue instalada y que el portal de monitoreo, los informes relacionados con las alertas recibidas y el portal educativo para los ciudadanos nunca estuvieron en funcionamiento, pese a que estos servicios formaban parte del contrato.
“Los entonces director y subdirector ejecutivos, no realizaron un estudio de necesidad y viabilidad para analizar si la plataforma se ajustaba a sus requerimientos operacionales y tecnológicos en cuanto a funcionalidad de las redes sociales que utilizaría la plataforma era compatible y cumplía con la reglamentación federal, y con las consideraciones de seguridad y de geolocalización de personas, requeridas en el proceso de recepción y distribución de llamadas de emergencia”, apunta la auditoría.
El 6 de diciembre de 2016, el entonces director ejecutivo interino del Negociado notificó la resolución del contrato al presidente de la compañía contratada.
Ante esa situación, la Oficina de la Contralora recomendó al Secretario de Justicia proveer asesoramiento al Negociado para el recobro del dinero.
REACCIONA EL 9-1-1
En declaraciones escritas el actual comisionado del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, Manuel González Azcuy, se distanció de esta contratación ocurrida previo a su llegada a la agencia, pero no indicó si ya inició el trámite judicial para recobrar el dinero como recomienda la Oficina del Contralora.
Estás son las expresiones íntegras del funcionario:
“Los hallazgos identificados por la Oficina del Contralor de Puerto Rico corresponden a un contrato que se otorgó en el 2015 a la entonces administración del Sistema 9-1-1 y la Junta de Gobierno del Sistema 9-1-1.
Esta Administración repudia la falta de transparencia como claramente ha identificado la Oficina del Contralor. Aunque ciertamente el contrato para la adquisición y otorgamiento para el licenciamiento e implementación de la plataforma de seguridad Social Alert se otorgó el 6 de mayo de 2015 con una vigencia hasta el 4 de mayo de 2020, el mismo fue cancelado el 6 de diciembre de 2016 al identificarse irregularidades como la falta de cotizaciones adicionales y la inexistencia de un estudio de viabilidad.
Al comienzo de nuestra Administración en el 2021 ordenamos una evaluación minuciosa en el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 en torno a los contratos y servicios que se encontraban activos para así asegurarnos de no dar continuidad a contratos innecesarios. Por eso aclaramos que, dicho servicio (Social Alert) no formaba parte de la tecnología vigente en el 9-1-1 en enero del 2021. Bajo ninguna circunstancia aprobaríamos contratos o pagaríamos facturas que incumplan con los requisitos establecidos mediante ley y que no estén a tono con la Oficina del Contralor.
Por tanto, hemos acogido con beneplácito todas las recomendaciones que ha hecho la oficina de la Contralor”.
Lee el documento aquí: Informe de Auditoría
