Aaron Vick imputado en caso de pruebas covid-19 se entrega a las autoridades

El empresario estadounidense Aaron Vick, vinculado a la compra de pruebas rápidas de COVID-19 al principio de la pandemia, se entregó esta mañana en el Tribunal de San Juan, según fuentes de Cuarto Poder (WAPA-TV).

Contra Vick pesaba una orden de detención, luego de que la jueza Iraida Rodríguez Castro encontró causa para su arresto e impuso una fianza global de $200,000 el pasado 4 de noviembre.

Después del arresto esta mañana, el imputado compareció a una vista de rebaja de fianza ante el juez Rafael Taboas Dávila del Tribunal de San Juan. Tras escuchar a las partes, Taboas Dávila impuso una fianza de $1,000 por cada delito imputado, pero sin derecho al pago del 10%, según la resolución que emitió. Es decir, que redujo la fianza de $50,000 a $1,000 por cada una de las cuatro acusaciones presentadas contra Vick.

A cambio, el empresario que reside en Virginia renunció a cualquier derecho del proceso de extradición.

Durante el proceso, Vick estuvo acompañado de sus abogados Leonardo Aldridge y Guillermo Ramos Luiña.

La vista preliminar quedó pautada para el 15 de junio y mañana será fichado en la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente.

Los fiscales especiales Ramón Mendoza Rosario, Manuel Núñez Corrada y Juan Catalá Suárez presentaron cuatro denuncias en ausencia en contra del empresario, quien viajó a la isla calladamente para entregarse a las autoridades luego de que el estado inició un proceso de extradición.

Vick enfrenta cargos de falsificación, falsificación ideológica, tentativa de fraude, intervención ilegal en los procesos gubernamentales en el fallido proceso de la venta de las pruebas diagnósticas.

Los fiscales especiales también radicaron cinco denuncias en contra el exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo, Juan Maldonado de Jesús.

Maldonado de Jesús encara cargos de falsificación, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsos, tentativa de fraude, intervención ilegal en los procesos gubernamentales como representante legal de la empresa Apex General Contractor. Los cargos de falsificación se deben a que supuestamente falsificó la firma de Vick en un contrato relacionado a la venta de las pruebas rápidas al gobierno para detectar el COVID-19 al principio de la pandemia.

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