Un grupo de proveedores de servicios de aborto en Texas intenta detener la ley que entraría en vigor mañana miércoles que limitaría la terminación de embarazos a partir de la sexta semana de gestación.
La ley Texas (Senate Bill 8) fue firmada por el gobernador de ese estado el pasado 19 de mayo de 2021 e implicaría que los doctores no podrían efectuar abortos una vez sean detectables los latidos del feto.
Además, incentiva que individuos privados demanden a cualquier proveedor de salud que facilite una interrupción de embarazo con la oportunidad de recibir hasta $10 mil por parte de los imputados si se procesan exitosamente.
La demanda de Whole Woman’s Health vs. Jackson, involucra, entre otros, a un juez estatal, a un secretario de la corte del Condado y al activista anti-aborto Mark Dickson.
El pasado 25 de agosto, el Tribunal de Distrito le denegó a la defensa una moción para desestimar la demanda. Consecuentemente estos fueron al Tribunal de Apelaciones del Distrito 5 que determinó poner en pausa los procedimientos, incluyendo la vista para solicitar el injuction preliminar.
A causa de esta decisión, los proveedores de salud llevaron el caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos asegurando que de ser implantada la ley, dejaría a la deriva a alrededor del 85% de las pacientes que buscan terminar un embarazo en Texas y obligaría a cerrar muchas clínicas de aborto.
Hasta ahora, el estado de Mississippi cuenta con regulaciones que prohíben las interrupciones de embarazo a partir de la semana número 15. Sin embargo, la Corte Suprema protege el derecho de abortar hasta antes de que el feto tenga la capacidad de vivir fuera del vientre. De hecho, se espera que en un mes sea revisada la determinación del estado de Mississippi.
Entre tanto, la demanda para detener la implementación de la ley será atendida primero por el juez Samuel Alito de Texas, quién podría tomar una determinación ante la solicitud de cese y desista o referir el caso a la Corte Suprema.
