El contrato de LUMA Energy vence automáticamente el 30 de noviembre sin requerir acción del operador privado o de un tribunal, contrario a las expresiones recientes del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
El primer ejecutivo señaló que el acuerdo contractual con Luma Energy contenía una “condición resolutoria” es decir, que daba la potestad de cancelación a LUMA.
Pero, un informe de política pública del Centro para la Nueva Economía (CNE) divulgado hoy y el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) indicaron lo contrario.
Según el reporte del CNE titulado “Otra mirada al acuerdo entre la AEE y LUMA”, tanto el contrato suplementario como el acuerdo para la operación y mantenimiento (O&M) de la red eléctrica expiran a finales de noviembre de no concretarse la negociación de la deuda pública de la AEE. Ese día vence el periodo interino pactado por el consorcio canadiense y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (P3).
El 1 de junio de 2021 inició contrato suplementario que estableció un término de 18 meses para que la corporación pública atendiera la restructuración de su deuda y entrara en vigor el acuerdo o contrato a 15 años. Ese término acaba el 30 de noviembre próximo.
Desde el inicio del contrato suplementario LUMA administra el sistema de transmisión y distribución y la AEE el sistema de generación.
“La sección 7.1(a) del Acuerdo Suplementario establece la cancelación automática tanto del Acuerdo de O&M como del Acuerdo Suplementario en caso de que la Fecha de Inicio del Servicio bajo el Acuerdo de O&M no se produzca dentro de los 18 meses siguientes a la Fecha de Vigencia del Acuerdo Suplementario. Dado que la fecha de entrada en vigor del Acuerdo Suplementario es el 1 de junio de 2021, el plazo de la Sección 7.1(a) expira el 30 de noviembre de 2022”, consignó el informe de Sergio Marxuach, director de política pública del CNE.
“El Acuerdo Suplementario establece claramente que la Fecha de Finalización del Período Interino podrá (en lugar de “deberá”), si lo solicita la Autoridad P3 (como Administrador del Acuerdo O&M), ser extendida por mutuo acuerdo. Si el gobierno de Puerto Rico no solicita la extensión del Período Interino, entonces el lenguaje de cancelación automática se hace Efectivo”, agregó.
Marxuach también señaló que no hace falta la aprobación previa de la Junta de Control Fiscal para dejar que ambos contratos venzan acorde a lo estipulado en el contrato.
Ayer, el gobernador Pierluisi Urrutia indicó que LUMA no había informado al gobierno su intención de cancelar el contrato ante la realidad de que el proceso de restructuración de la deuda de la AEE no ha culminado.
Hoy, tras el análisis del CNE, Cuarto Poder (WAPA-TV) preguntó a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas si había enviado o planeaba enviar una comunicación a LUMA para extender el contrato suplementario y evitar la cancelación automática.
En declaraciones escritas, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, autorizó Fermín Fontanés Gómez, indicó que por ahora la agencia que dirige no ha cursado comunicación a LUMA extendiendo el contrato suplementario.
“La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) no ha cursado comunicación alguna a LUMA relacionada con la posible extensión del contrato mas allá del 30 de noviembre. La AAPP continúa concentrada en su labor como administrador del contrato y en el cumplimiento del mismo”, apuntó.
“Continuaremos atentos al desarrollo del proceso de la mediación de la AEE, así como al desempeño y ejecución de LUMA. Ambas cosas son determinantes en cualquier otro curso de acción a seguir”, agregó.
Ante el malestar colectivo por el desempeño de LUMA y los reclamos para cancelar el contrato, el CNE evaluó varios escenarios para recomendar que se mantenga el contrato pero que la Autoridad para las Alianzas Público Privada “contrate a una firma prestigiosa e independiente de ingenieros, preferiblemente de Estados Unidos o de Europa, sin conexiones comerciales o políticas con Puerto Rico, para supervisar de manera tenaz e inquebrantable el desempeño de LUMA en relación a sus obligaciones bajo el Acuerdo de O&M”.
Desde que tomó impulso el movimiento para cancelar el contrato de LUMA, el ingeniero Torres Placa había alertado sobre la fecha de expiración del contrato y sobre los riesgos de tomar una decisión rápida sin tomar en cuenta la encrucijada actual.
Por eso, más allá de mantener el contrato, ha abogado de forma enérgica para que el gobierno aproveche la presión pública y el periodo interino para renegociar el pago que recibe el operador privado, exigir que cambie su gerencia y lograr que contrate a los empleados de la AEE, que no pasaron a LUMA, y que tienen la memoria histórica y el peritaje para correr la red eléctrica con agilidad. La falta de peritaje de los empleados de LUMA incide alarga el tiempo de reparación de las averías eléctricas. Un informe del Negociado de Energía reconoció que la frecuencia de las interrupciones de servicio aumentó bajo LUMA.
En entrevista con este medio, el ingeniero reiteró su propuesta y cuestionó la fuente del análisis del primer ejecutivo.
“Mi impresión de los comentarios del gobernador es que él hace una interpretación de la Sección 7.1 (a), pero esa sección es clara y dice que el contrato termina automáticamente. Las expresiones del gobernador para mí son una interpretación personal de él”, afirmó Torres Placa.
También planteó que, ante la situación actual, con un sistema eléctrico fragmentado y una AEE menguada, hay que actuar con cautela.
“De la misma manera que la privatización no es ‘silver bullet’, tampoco es un ‘silver bullet darle una patá a LUMA porque podemos quedarnos peor de lo que estamos. Hay que tener cuidado”, insistió Torres Placa.
