El alcalde de Guayama, Eduardo Edgardo Cintrón Suárez, se declaró culpable esta tarde de un cargo por conspirar para recibir sobornos a cambio de aprobar facturas y de extender contratos gubernamentales a una empresa de asfalto.
Como parte del acuerdo y la alegación del culpa, Cintrón Suárez aceptó ante la jueza federal Silvia Carreño Coll que recibió de la empresa una iguala que consistía en cobrar $1 por cada metro cuadrado del asfalto nuevo que la empresa colocó en el ayuntamiento.
Según el fiscal Seth Erbe, Cintrón Suárez recibió más de $40,000 en “kickbacks” o pagos ilegales de parte del individuo A.
El ministerio público recomendó una pena de cárcel de 46 meses de cárcel.
“No recibimos un descubrimiento de prueba formal, pero el gobierno compartió información durante el proceso de negociación. Estamos convencidos de que el gobierno tiene en su posesión suficiente evidencia e información para apoyar esta alegación de culpa”, afirmó la licenciada María Domínguez durante la vista, que se celebró mediante video conferencia.
El acuerdo contempla que Cintrón Suárez, de 64 años, no apelará la sentencia, ni la convicción. El alcalde quedó libre bajo fianza.
“Con profundo pesar, me declaro culpable”, afirmó el alcalde.
La jueza Carreño Coll solicitó el informe presentencia, mientras que Cintrón Suárez tendrá que presentarse ante el oficial de probatoria y la oficina de los Marshall’s este lunes.
Tan pronto trascendió la información de la alegación de culpa, el secretario general del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Burgos, informó la colectividad destituía a Cintrón Suárez de la presidencia del Comité Municipal y de su cargo como miembro de la Junta de Gobierno de forma inmediata.
“Mi llamado es a que renuncie a la alcaldía para que de paso a un proceso de elección en este municipio como lo establece la ley”, indicó en declaraciones escritas.
El pasado 18 de marzo, el ejecutivo municipal desmintió a través de la red social de Facebook que fuera a dejar el puesto que ha ocupado desde el 2013 luego de que trascendió que era investigado por las autoridades federales por supuestamente recibir sobornos a cambio de otorgar contratos a la empresa J.R. Asphalt Inc. en un esquema que de corrupción gubernamental que se replicó en otros ayuntamientos. En la vista de esta tarde, no se mencionó el nombre de la empresa.
Desde el 2013, la empresa amasó contratos con la llamada Ciudad Bruja que totalizaron $3.3 millones, según la página del Contralor. Los últimos dos fueron cancelados el 6 de diciembre en medio de la pesquisa federal por corrupción gubernamental.
Ya el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo alcanzó un acuerdo y se declaró culpable por recibir sobornos mientras regentaba los destinos del municipio.
Actualmente, J.R. Asphalt se encuentra en proceso de disolución. Su presidente Raymond Rodríguez Santos procuró un acuerdo con la fiscalía federal y se declaró culpable de cargos de soborno el 30 de noviembre ante el juez federal Raúl Arias Marxuach. Ese mismo día Delgado Montalvo y el contratista Oscar Santamaría Torres, ahora expresidente de Waste Collection, también hicieron admisión de culpa.
Pero el 2 de diciembre el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) arrestó a Mario Villegas Vargas socio de Rodríguez Santos luego que un Gran Jurado presentó una acusación en su contra por conspirar para sobornar al entonces alcalde de Cataño, quien concedió contratos a al empresa de asfalto que casi totalizaron los $10 millones.
Antes de ocupar el cargo de alcalde de Guayama, Cintrón Suárez ocupó diversos puestos en el ayuntamiento. Desde marzo de 2005 hasta diciembre de 2008 fue asesor auxiliar en Asuntos Municipales en La Fortaleza.
Fue electo alcalde el 6 de noviembre de 2012.
Tan pronto comenzaron los rumores de su renuncia, comenzaron a surgir nombres de posibles sustitutos. Por ejemplo, se menciona al representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo como una las personas interesadas en ocupar la poltrona municipal.
El martes pasado, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente archivó un caso que involucraba al alcalde y a la directora de finanzas municipal relacionado a supuestas irregularidades en el otorgamiento de un contrato a una compañía de recogido y disposición de desperdicios sólidos.
Pero remitió el informe a la contralora Yesmín Valdivieso para que evalúe si hubo irregularidad en cuanto a los pagos efectuados por el municipio y determine si procede alguna acción de recobro por los pagos efectuados.
