Los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario y Manuel Núñez Corrada acudirán al Tribunal de Apelaciones para defender su facultad de procesar a los empresarios Aaron Vick y Juan Maldonado de Jesús por la malograda venta de las pruebas rápidas de covid-19 al inicio de la pandemia.
En entrevista con Jay Fonseca en el programa Los datos son los datos (WAPA-TV), la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives, aseguró que la ley habilitadora de la agencia permite el procesamiento criminal de ciudadanos privados cuando la conducta delictiva imputada involucra a funcionarios públicos bajo su jurisdicción.
“El caso nos fue referido a nosotros por el Departamento de Justicia. Cuando se refiere el caso atribuían acciones incorrectas por parte de funcionarios públicos y al hacerse esas alegaciones eso le da jurisdicción al FEI conforme a la Ley 2 para investigar el caso y para determinar la acción que corresponde en derecho sea cual fuese”, apuntó la exjueza.
“En el proceso de la investigación no se recopiló prueba suficiente en derecho, más allá de duda razonable, para procesar a los funcionarios públicos, pero sí se recopiló prueba para procesar a los coautores. El hecho de que no tengamos prueba para procesar a los funcionarios públicos no priva de jurisdicción al FEI, una vez se asume jurisdicción la asume a todos los fines legales pertinentes”, añadió.
Ayer, el juez Jimmy Sepúlveda Lavergne del Tribunal de San Juan determinó que el Panel del FEI no tenía jurisdicción para procesar a Vick y Maldonado de Jesús. Con esa decisión, dio la razón a los abogados Leonardo Aldridge y Mayra López Mulero, quienes argumentaron que los fiscales especiales no podían encausar a sus clientes puesto que no alegaban que actuaron en concierto y común acuerdo con funcionarios públicos.
Los imputados enfrentaban cargos por tentativa de fraude, falsificación, posesión y traspaso de documentos falsificados e intervención indebida en las operaciones gubernamentales.
La decisión del juez sorprendió a Cotto Vives porque choca con una orden que había emitido la semana pasada ordenando a los fiscales especiales entregar el sumario fiscal a la defensa porque contenía un informe que podía constituir prueba exculpatoria.
“Son dos decisiones que son inconsistentes”, apuntaló.
Las acusaciones contra Maldonado de Jesús y Vick son el resultado de una investigación cameral que evaluó la fallida venta de $38 millones en pruebas diagnósticas de covid-19 al Departamento de Salud durante los primeros días de la pandemia.
El referido inicial incluyó a la ex subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez; la ex jefa de personal de Salud, Mabel Cabeza; el ex comisionado de Manejo de Emergencias, José Burgos; y a Maldonado de Jesús, como representante legal de la empresa Apex General Contractor.
Los cargos de falsificación se deben a que Maldonado de Jesús supuestamente falsificó la firma de Vick en el contrato de compraventa.
Mira la entrevista aquí: Se salva Aaron Vick de proceso criminal
