El proceso de selección del próximo administrador del programa de farmacia del Plan Vital debe culminar el próximo miércoles cuando el director de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Jorge Galva, presente un informe con una recomendación a la Junta de Directores de la corporación pública.
Cinco empresas participan en el proceso de licitación de servicios profesionales para administrar el contrato anual de $44 millones, que incluye el programa de farmacia y el programa de reembolso de medicamentos y que cubre a 1.5 millones de personas.
Esa reunión de la Junta de Directores debía celebrarse hoy, pero quedó aplazada en medio de una pugna legal entre ASES y la Administración de Servicios Generales (ASG), que solicitó a la corporación pública información del trámite a raíz de una queja que recibió cuestionando el proceso de solicitudes de propuestas, según una investigación del programa Cuarto Poder, que WAPA Televisión transmite los martes.
La raíz de la controversia se encuentra en el alcance de la Ley 73 de 2019, que centralizó el proceso de compras y servicios del gobierno.
Inicialmente, ASES rechazó entregar la información del proceso, que indicó realiza de forma ciega o anónima, y cuestionó la jurisdicción de la ASG para fiscalizar e intervenir en el trámite. Argumentó que su única participación en el proceso se limitaba a elaborar el Registro Único de Profesionales.
Por eso, la ASG acudió al tribunal, que hoy debía celebrar una vista en su fondo para atender la controversia. Ya el pasado 7 de octubre, el juez Alfonso Martínez Piovanetti había ordenado a ASES la entrega de la información. Pero no fue hasta anoche, previo a la transmisión del reportaje de Cuarto Poder, que ASES entregó a la información requerida.
En respuesta, la ASG sometió hoy una moción de desistimiento del caso. La moción establece que ASES entregó copia de la solicitud de propuestas, el listado de los miembros de la Junta de Subastas, el listado de los compradores y copia del reglamento de compras y subastas de ASES.
“La parte demandante ha revisado los documentos sometidos por la parte demandada y estima que los mismos cumplen, en estos momentos, con la información requerida para ejercer su función fiscalizadora. A partir de este momento, estamos en posición de estudiar el contenido del RFP y determinar si el referido documento se trata de un servicio profesional, o un servicio no profesional bajo la jurisdicción de la ASG”, reza la moción de desistimiento.
Ante este escenario, el juez Martínez Piovanetti ordenó el archivo del caso.
Concluida por ahora la pugna legal, ASES continúa con el proceso de selección de la nueva empresa que administrará el programa de farmacia y que surgió de auditoría de la Oficina de Contabilidad General (GAO, en inglés) porque la misma empresa, MC21, administra el programa desde hace 16 años.
El contrato entraría en vigor el próximo 1 de febrero de 2022.
