El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), determinó nombrar un fiscal especial independiente (FEI) al alcalde de Hatillo, Carlos Román, y al oficial de prensa de ese municipio, José D. Padilla Romero.
Los hechos en este caso se originaron con una querella presentada por William Rosales Concepción en contra del alcalde por el uso de las facilidades del ayuntamiento y empleados municipales en la grabación de un audiovisual para propósitos de su campaña político partidista.
La querella denuncia actividades llevadas a cabo por Román Román mientras se desempeñaba como alcalde interino, y en el marco de su preparación para una elección especial, a efectuarse en mayo de 2022.
Domingo Emanuelli Hernández, secretario de Justicia, refirió el caso a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia (DIPAC).
Como resultado de su investigación preliminar, la DIPAO concluyó, que existe causa suficiente para creer que el alcalde Román Román y el coautor, José Daniel Padilla, incurrieron en posible conducta delictiva tipificada en los artículos 5.012 y 13.000 de la Ley 222-2011, conocida como Ley para la Fiscalización de Campañas Políticas en Puerto Rico.
A base de los hallazgos de dicha pesquisa, la DIPAC aconsejó que se designe un FEI, lo cual fue acogido por el Secretario de Justicia, quien a su vez, así lo recomendó al Panel.
“Habiendo realizado un minucioso y ponderado análisis del informe preliminar del Departamento de Justicia, así como de la prueba recopilada que acompaña dicho informe y el Derecho aplicable, hemos determinado acoger la recomendación del Secretario de Justicia”, expresa el Panel en su Resolución de 18 de enero de 2023.
En virtud de tal determinación, el Panel designó a Manuel Núñez Corrada, como Fiscal Especial Independiente, y a Zulma Fúster Troche, en calidad de Fiscal Delegada, para que realicen una investigación a fondo sobre la alegada conducta ilegal de los funcionarios municipales.
Agrega la Resolución que los fiscales especiales tienen un plazo de 90 días para realizar dicha investigación.
La Oficina de Ética Gubernamental también multó al ejecutivo municipal por grabar el video en la alcaldía durante horas laborales.
